UGT Servicios Públicos ha convocado el 16 de junio a las 12.00 horas una concentración ante el Ministerio de Hacienda por el V Convenio del personal laboral. El sindicato denuncia el abandono que sufre el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) y considera que la falta de cobertura de plazas estructurales está generando una situación preocupante en numerosos servicios públicos, que abona la idea de que se está favoreciendo la externalización y privatización de servicios. UGT Servicios Públicos.
El abandono del personal laboral de la AGE lo prueba el hecho de que de las 42.330 plazas con que cuenta el IV Convenio Único solo 25.238 están ocupadas, a pesar de tratarse de una plantilla altamente especializada y presente en todos los ministerios y organismos del Estado que desempeña labores fundamentales al servicio de la ciudadanía en ámbitos muy distintos
Esas cifras reflejan que hay más de 17.000 plazas vacantes dentro del IV Convenio Único y miles de plazas pendientes todavía de convocatoria desde las ofertas de empleo público de 2023, 2024, 2025 y 2026. Además, más de 7.000 plazas de turno libre comprometidas siguen sin ser convocadas desde 2023, mientras los centros de trabajo soportan falta de efectivos, sobrecarga laboral y deterioro de los servicios públicos.
Enrique Hernández, coordinador de Comunicación del Convenio Único, y Alberto Pablos, coordinador general del Convenio Único de UGT Servicios Públicos, han explicado en rueda de prensa las principales reivindicaciones que mueven al sindicato a convocar esta primera concentración, que tendrá continuación después del verano si el Ministerio de Función Pública no atiende nuestras reivindicaciones.
Hernández ha señalado que se han destinado cerca de 40.000 millones para contratar servicios externos en la Administración General del Estado que deberían poder ser realizados por personal laboral de alguna de las 255 especialidades actualmente existentes.
En su intervención, Alberto Pablos ha asegurado que la presencia del personal laboral es fundamental para garantizar unos servicios públicos esenciales, ha denunciado el retraso en la convocatoria de las plazas y ha asegurado que el V Convenio Único debe servir para reforzar el empleo público en la AGE. También ha recordado la vía telemática puesta en funcionamiento recientemente para poder solicitar la jubilación parcial del personal laboral.
La falta de cobertura de plazas de carácter estructural dentro de la AGE está generando una situación preocupante en numerosos servicios públicos. Si durante años no se convocan las plazas necesarias o los procesos selectivos se retrasan indefinidamente, los centros de trabajo ven disminuir su personal, aumenta la carga laboral y la Administración acaba perdiendo capacidad propia para prestar determinados servicios con medios públicos.
Mantener miles de vacantes sin cubrir durante años debilita progresivamente la capacidad técnica, profesional y operativa de la propia AGE. Cuando desaparece el personal propio y se recurre a fórmulas externas para sostener servicios esenciales se dificulta la continuidad de los servicios, aumenta la dependencia de empresas externas y se reduce la capacidad de control directo por parte de la Administración. Todo ello termina afectando tanto a las condiciones laborales como a la calidad del servicio público que recibe la ciudadanía.
El personal laboral de la AGE exige más empleo público y salarios actualizados; adaptación retributiva según el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP); una carrera horizontal y la homologación de condiciones; sistemas más flexibles de promoción; el cumplimiento de las convocatorias abiertas en el IV Convenio, que estableció el concurso abierto y permanente como sistema de movilidad, o una formación orientada tanto al desempeño del puesto de trabajo como a facilitar la promoción profesional.
El personal laboral de la AGE es imprescindible para garantizar el funcionamiento de servicios públicos esenciales. Pese a ello, las elevadas vacantes, el retraso acumulado en las convocatorias y la falta de planificación están debilitando progresivamente la capacidad de la Administración.
Defender al personal laboral no es únicamente defender derechos laborales. Es defender unos servicios públicos fuertes, profesionales y de calidad para toda la ciudadanía. El V Convenio colectivo debe servir para reforzar el empleo público, reconocer la diversidad profesional existente y garantizar unas condiciones laborales acordes a la responsabilidad que desempeñas miles de trabajadoras y trabajadores públicos cada día.
