Hoy, 23 de abril, el Ministro de Universidades ha comparecido en rueda de prensa para detallar los acuerdos de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) y dar cuenta de la gestión realizada por el departamento que dirige, con motivo de la crisis de la COVID-19.
Las limitaciones competenciales del ministerio, la descentralización educativa de nuestro país y el principio de autonomía universitaria provocan que la mayoría de estos acuerdos no pasen de ser meras recomendaciones que, al parecer, cuentan con el consenso de las CCAA y las propias universidades españolas.
Muchas de las medidas ya habían sido anunciadas bien por algunas Comunidades Autónomas, bien por las propias universidades y parecen razonables para afrontar la situación extraordinaria que vivimos.
No obstante lo anterior, UGT denuncia que salvo excepciones, ninguna de estas medidas han sido negociadas con los sindicatos representativos, ni a nivel estatal, ni en las CCAA ni en las distintas universidades.
Detallamos a continuación los asuntos enunciados por el ministro:
- El curso se acabará en los plazos establecidos en docencia y en evaluación.
- Las agencias de evaluación garantizan la calidad de las enseñanzas on line que se están impartiendo.
- Para la evaluación de los estudiantes, se prevén tres formulas, el Ministerio aconseja a las Universidades escuchar al conjunto de la comunidad universitaria, especialmente a los alumnos, pero sin perder el tiempo, hay que tomar ya las decisiones. Ha propuesto tres formas de evaluación:
- • Exámenes on line.
- • Evaluación continuada.
- • La posibilidad de los exámenes presenciales dependería de los criterios sanitarios que se tengan que adoptar. En ningún caso serían iguales ya que tendrían que garantizar una serie de medidas, distanciamiento social…
La evaluación tiene que adaptarse a las condiciones de cada estudiante, condiciones tecnológicas, pedagógicas y psicológicas, lo que no quiere decir aprobado general.
Aunque según estadísticas de la CRUE, sólo el 2% carecen de medios telemáticos, si que muchos tienen problemas económicos para afrontar el coste que supone Internet.
Muchas universidades han prestado ordenadores a los alumnos y han distribuido miles de tarjetas de conexión gratuitas a través de acuerdos con empresas proveedoras.
Sobre las prácticas se ha recomendado que todas aquellas que realizan alumnos que no son de último curso se aplacen al próximo año académico. Respecto a aquellas que realizan los alumnos que se gradúan este curso y de las que depende su graduación, en los casos es que se haya realizado un porcentaje suficiente para la Universidad se puedan evaluar positivamente mediante una evaluación on line sobre la práctica en sí.
En los casos en que las prácticas, o el volumen realizado fuera mínimo, si se podrían aplazar a julio. La decisión de cómo considerarlas está en manos de las Universidades.
Presenta también un informe sobre lo que el Ministerio ha realizado durante la pandemia:
Convalidación de títulos extranjeros. Durante el Estado de alarma se han convalidado, con los procedimientos ordinarios, 550 títulos de personal sanitario que ahora puede estar a disposición del sistema público de salud.
Las Universidades han facilitado miles de EPIs y PCRs y material sanitario, además han desarrollado múltiples proyectos de investigación médica y estudios sociales sobre como la pandemia afecta y afectará a la sociedad.
Sobre los 27.000 Estudiantes Erasmus, se les consultó, en colaboración con el Ministerio de Exteriores y los consulados. Solo 1.100 decidieron volver, a los que se les ha adaptado para que no pierdan el curso.
El próximo curso dependerá de la situación sanitaria. En principio se debería abrir en los plazos habituales, adoptando medidas para frenar un posible contagio en su caso.
No se está hablando de una enseñanza superior on line, pero sí que a partir de ahora se debe tener siempre garantizado un sistema que se pueda adaptar a diversas situaciones. Hay que articular hacia el futuro una enseñanza bimodal, como enseñanza complementaria, no antagónica.
Aparte de la financiación suficiente, esto requerirá de reciclaje del profesorado universitario, para que puedan afrontar estas situaciones con formación.
Aumento de la cuantía de las becas y descenso en las tasas universitarias.
Especial preocupación nos han causado dos anuncios hechos por el ministro: la remisión en breve a las Cortes del Estatuto del PDI y el avance de una nueva Ley de Universidades.
UGT le recuerda al ministro que ambas materias (la segunda en lo que afecte a condiciones laborales) son de obligada negociación con las organizaciones sindicales y en un foro con garantías jurídicas: Mesa Sectorial de Universidades. Órgano que aún no se ha creado sin que haya impedimento legal. Por tanto, desde UGT esperamos inminente convocatoria a los sindicatos para abordar estas dos cuestiones.
