El sindicato advierte de que catástrofes como la DANA exceden la capacidad de respuesta de un territorio, por lo que, para salvar vidas es clave una ley que refuerce la cooperación entre territorios
Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia denuncian que la aportación de la Generalitat al presupuesto del Consorcio apenas alcanza el 10% y piden un mayor esfuerzo económico para un servicio a la altura de las emergencias
A una semana de que se cumpla el segundo aniversario de la DANA de 2024 que arrebató la vida a 233 personas en la provincia de València, UGT Serveis Públics del País Valencià advierte de que las lecciones de la tragedia siguen sin aplicarse. En una rueda de prensa celebrada esta mañana, la dirección federal del sindicato ha defendido la urgencia de aprobar la Ley Básica Estatal de Bomberos para blindar la respuesta nacional ante catástrofes, mientras que la sección sindical de UGT en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han expuesto, en boca de dos bomberos, las carencias que sigue atravesando el servicio como consecuencia de un presupuesto insuficiente e incumplimientos en materia de personal.
Almanzor Guerra, responsable federal del Sindicato de Bomberos y Bomberas de UGT-SP, ha centrado su intervención en la necesidad imperiosa de implementar una Ley Básica de Bomberos y Bomberas en España. Guerra ha subrayado que una catástrofe de la magnitud de la DANA puede desbordar en poco tiempo la capacidad de respuesta de los servicios del territorio afectado y cuando esto sucede es esencial poder solicitar y movilizar apoyos de otros territorios con rapidez, seguridad y criterios compartidos. Guerra ha lamentado que la ley estatal vigente que regula el cuerpo de bomberos es de 1985 y ha insistido en que las emergencias han cambiado y es necesario adaptar la norma para hacerla más eficiente.
Guerra ha propuesto reforzar la coordinación estatal mediante una legislación que establezca procedimientos comunes para la movilización de los alrededor de 22.000 bomberos y bomberas profesionales que hay en el país. La propuesta legislativa defiende la creación de un catálogo estatal actualizado y operativo que registre todos los medios humanos y materiales disponibles, tales como equipos de rescate acuático, embarcaciones, vehículos especiales y bombas de achique.
«Las emergencias no entienden de límites municipales, provinciales ni autonómicos», ha asegurado Guerra, al tiempo que ha destacado que disponer de esta información de forma unificada permitiría preparar la respuesta antes de que llegue la catástrofe, movilizando recursos de otros territorios con rapidez y seguridad. “A esas personas no les importa de qué administración depende el servicio que acude. Necesitan que la ayuda llegue cuanto antes, con los medios adecuados y con profesionales preparados”, ha indicado.
“La seguridad no debería depender del código postal. Una Ley Básica puede establecer unos mínimos comunes, facilitar la cooperación entre administraciones y mejorar la capacidad de respuesta conjunta, respetando las competencias autonómicas y locales”, ha añadido.
El responsable federal ha aclarado que esta ley no busca eliminar las competencias de las comunidades autónomas ni de las entidades locales, sino establecer una cooperación eficaz y organizada que no deje desprotegida a la población del territorio que facilita los recursos.
En este sentido, ha añadido que UGT SP continuará impulsando una plataforma sindical para hacer realidad esta normativa y mantiene el compromiso de retomar de manera inmediata los contactos con los grupos parlamentarios en cuanto se constituyan el nuevo Gobierno. Ante la pregunta de qué habría cambiado con una Ley Básica durante la DANA, Guerra ha respondido: “No podemos afirmarlo con certeza. Pero sí podemos sostener que una coordinación estatal más ágil, unos procedimientos previamente acordados y un catálogo común de recursos habrían ofrecido herramientas valiosas para la respuesta”. «La mejor manera de honrar la memoria de las víctimas y reconocer el trabajo de quienes intervinieron es aprender de lo sucedido y mejorar nuestro sistema de emergencias», ha concluido Guerra.
Falta de personal, infrafinanciación y el reto del cambio climático en Valencia
Por su parte, Marcel Montero y Helios Martín, delegados sindicales del Consorcio Provincial de Valencia, bomberos que intervinieron en primera línea realizando rescates fundamentales durante la catástrofe de octubre de 2024, han incidido en que si hace dos años la ley estatal hubiera estado en vigor, el mecanismo de colaboración se habría activado de manera automática sin esperar “decisiones políticas” que en el caso valenciano no llegaron adecuadamente. Al igual que el responsable federal, han coincidido en que si la última DANA Adam vivida en la Comunitat Valenciana hubiera afectado a más municipios, no habría habido recursos suficientes para hacer frente a la tragedia. “Lo que no es de recibo es que haya ciudadanos y ciudadanas de primera o de segunda ante una emergencia porque en función del territorio en el que vivan dispondrán o no de unos recursos adecuados”, ha señalado Helios Martín. “Me da tristeza recordar que hace dos años hubo muchas familias atrapadas en sus viviendas, esperando se rescatados. La coordinación entre administraciones no funcionó entonces y no puede ser que las discusiones políticas estén por encima de las necesidades de la ciudadanía”, ha sostenido.
Ambos, además, han detallado las carencias con las que siguen trabajando veinticuatro meses después de la DANA. Así, han denunciado el incumplimiento los acuerdos sobre mínimos de plantilla del Acuerdo de Condiciones de Trabajo alcanzado con el Consorcio, que fijan con claridad los refuerzos obligatorios que deben activarse ante situaciones de emergencia meteorológica. La experiencia de las alertas recientes en la provincia de València ha evidenciado, que sólo dos de los seis parques principales ha dispuesto del personal extraordinario pactado para alertas rojas, mientras que el resto ha afrontado el riesgo exclusivamente con el personal de guardia ordinaria, hasta el punto que han quedado zonas con personal sin mando.
A este déficit operativo se suma un grave problema de infrafinanciación. Los representantes sindicales han denunciado que la Generalitat solo invierte 9,9 millones de euros en el ente provincial y han pedido un mayor esfuerzo presupuetario para poder reformar y mejorar las infraestructuras y la plantilla ya que en estos años sólo lo han incrementado su aportación en 300.000 euros. “Con ese dinero no nos llega ni para comprar un camión”, ha indicado Marcel Montero. Asi, teniendo en cuenta de que el presupuesto actual alcanza los 106 millones de euros, la aportación de la GVA se queda por debajo del 10%. Respecto a las infraestructuras, el responsable de la sección sindical ha recordado los enormes daños que sufrió el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y ha lamentado que los nuevos camiones no llegarán hasta 2028. “Mientras tanto, estamos comprando en wallapop, camiones de segunda mano”, ha añadido.
Para los bomberos valencianos, la DANA de 2024 supuso un antes y un después. Con el cambio climático ya presente y las emergencias en constante aumento en la Comunitat Valenciana, nada volverá a ser como antes, señalan. Por ello, el sindicato exige un servicio público digno, permanente y capaz de dar una respuesta real a la ciudadanía, al tiempo que señala que los recursos a las emergencias es una cuestión de compromiso político y de creer verdaderamente en lo público, algo, han remarcado los bomberos valencianos, que no está en el ADN del actual Consell.
