El secretario confederal de UGT, Fernando Luján de Frías, ha señalado que España tiene unos índices de temporalidad y de precariedad que lastran nuestra economía y el bienestar social de las personas, y en especial de los jóvenes. En el tramo final de la negociación sobre la reforma laboral, Luján de Frías ha expuesto a los delegados reunidos en las jornadas ‘Negociar para avanzar. Avanzar para mejorar’ organizadas por UGT Servicios Públicos que el sindicato espera que se consiga un acuerdo razonable que supere estas deficiencias de la economía española consiguiendo empleos estables, con buenos salarios y de calidad.
Luján de Frías justificó la necesidad de modificar la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, a los 50 días de su llegada a Moncloa y sin negociación con los agentes sociales. La exposición de motivos de aquella reforma exprés, recordó, se basaba en la intención de reducir el desempleo y la temporalidad. “¿Lo consiguió? No. En 2012, la tasa de temporalidad en España era del 23,4%; en nuestros socios europeos, del 14%. La tasa de desempleo en 2019 era del 26,3%. La tasa de la última EPA del tercer trimestre del 21 era del 26,7%. Por tanto, ha aumentado en cuatro décimas la tasa desde entonces”.
“La reforma laboral fracasó de manera clara en reducir la tasa de temporalidad en España. ¿Se redujo el desempleo? Tampoco”, precisó el compareciente, para quien la reforma laboral se centró fundamentalmente en rebajar salarios. Y lo hizo a través de varias vías: devaluando la negociación colectiva, estableciendo, por ejemplo, la prioridad del convenio de empresa sobre el de sector en materia salarial y de jornada; acabando con la ultraactividad, que permitía mantener en vigor una norma hasta que fuese sustituida por otra, algo normal en el ordenamiento jurídico; así articulando medidas de flexibilidad interna y del despido mediante la eliminación de controles administrativos y su abaratamiento.
Luján de Frías señaló que UGT no va a firmar la reforma laboral si no se recupera la prioridad del convenio de sector sobre el de empresa, al menos en materia salarial y de jornada. “Para nosotros es una línea roja. Sirve de red e impide que las empresas compitan entre ellas haciendo dumping social. El convenio de sector unifica, impide este tipo de competencia”, añadió. Pero tampoco si no se recupera la ultraactividad, un elemento que proporciona paz social, a pesar de que un 65% de los convenios después de aquella reforma del PP sí tiene establecida la ultraactividad, aun cuando la ley les posibilita no suscribir esta cláusula.
Tras la ponencia de Luján, ha tomado la palabra Carlos Álvarez, secretario del Sector de Administración General del Estado de UGT Servicios Públicos. Álvarez se refirió a las distintas modificaciones que ha ido sufriendo el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP.).
Álvarez definió al EBEP original como una buena ley que se ha visto paralizada y desvirtuada por falta de voluntad política por parte de los distintos Gobiernos, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. “Un estatuto que fue fruto del diálogo y la negociación se ha visto paralizado por la inacción política y modificado y desvirtuado sus contenidos originales”, prosiguió.
El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) no es el nuestro, “no es reconocible”, precisó el responsable de AGE en UGT Servicios Públicos, para quien, pesar de los acuerdos alcanzados, todavía no se han restituido todos los recortes.
Álvarez avanzó la necesidad de impulsar el desarrollo del Estatuto, tanto en sus aspectos sectorial como territorial, así como de revertir las medidas impulsadas unilateralmente, desarrollar todas las potencialidades del EBEP y adaptarlo a las nuevas realidades, como la digitalización o la definición de aspectos que han quedado desfasados.
Por su parte, el secretario de Organización de UGT Servicios Públicos, Frederic Monell, abordó el tema de la temporalidad en la función pública y señaló que uno de los problemas es que el trámite parlamentario ha modificado el acuerdo alcanzado por los sindicatos con el Gobierno. “Nuestros acuerdos se tienen que refrendar en normas y las normas está sometidas a la variabilidad parlamentaria. La realidad nos lo ha recordado”.
Monell rememoró que el punto de partida del acuerdo sindical y del proyecto de ley actualmente en trámite parlamentario era una temporalidad que afectaba a cientos de miles de interinos, que ha ido creciendo en los últimos años y que UGT ya quiso abordar en los acuerdos de 2017 y 2018.
“Cuando hemos visto que los procesos de estabilización no han funcionado, hemos aprovechado el cambio de Gobierno para plantear y abrir una nueva negociación para seguir recuperando poder adquisitivo, lograr más derechos y abordar el problema de la temporalidad”, agregó Monell.
La negociación con el ministro Iceta, según explicó el responsable de Organización, se basó en querer ser parte activa de la solución y que cualquier acuerdo tuviera seguridad jurídica, pero, además, que esta alta tasa de temporalidad no volviera a ocurrir.
“En la agenda de la función pública”, prosiguió Monell, “hay también otros elementos importantes. Además de la temporalidad, que lo condicionaba todo, hay que reactivar la agenda de negociación, con asuntos como el impacto de la digitalización, la evolución de la temporalidad, los salarios y la pérdida de poder adquisitivo con la inflación, entre otros muchos”.
Por su parte, Moisés Torres, secretario del Sector de Servicios a la Comunidad de UGT Servicios Públicos, e Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, abordaron diversas cláusulas y orientaciones para la negociación colectiva.
Beatriz Losada, directora del SIMA, ha cerrado las ponencias de la mañana hablando de mediación y arbitraje. «Este año se han presentado 384 conflictos y mediaciones; se han resuelto el 25%, y esto significa que dos millones y medio de trabajadores han visto resuelto su conflicto laboral sin necesidad de recuriir a los tribunales». Losada ha explicado que cuando se habla de diálogo social se habla de negociación, de sujetos legitimados, pero se olvida la solución autónoma de conflictos y es muy importante, porque la legislación no es suficiente para solucionar toda la casuística de los conflictos.
«Siempre se ha entendido que el arbitraje sucedía cuando ya existía un conflicto y, como paso previo de acudir a los tribunales, se acude al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. En el VI Acuerdo para la Solución Autónoma de Conflictos (ASAC) se fue un paso más allá e introdujo medidas para ser capaces de prevenir el conflicto».
Losada ha hecho un recorrido por las novedades y mejoras que introdujo es VI ASAC, que apuesta por la formación de los mediadores, introduce por primera vez una cláusula de igualdad y mantiene viva la negociación de manera paralela, incluso en durante las convocatorias de huelga.
