Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos, ha participado este martes con una charla en la Escuela de Verano que organiza la Unión de Asturias.
«Europa ante el nuevo escenario mundial» es el eje temático de esta edición. (Programa completo)
En su intervención, Lacuerda ha afirmado que los retos y desafíos a los que el sindicato ha de enfrentarse en una sociedad europea sacudida por violentas transformaciones para poder seguir ocupando un papel central en la vertebración de los intereses de los trabajadores, pasa por el planteamiento, desde la posición sindical, de alternativas y propuestas de contenido político concreto, para poder incidir directamente en:
- Las nuevas demandas, realidades e intereses sociales.
- Insistir en la exigencia de mayor democracia en el devenir político, contribuyendo a evitar los populismos.
- Conjugar la unidad con la multiplicidad.
- Armar estrategias de hoy para mañana, preparando la acción sindical a los nuevos escenarios políticos, económicos, del cambio climático y la digitalización.
- Incorporar a colectivos de trabajadores cuyas características personales se alejan del “prototipo” de trabajador afiliado.
- Profundizar en materia de igualdad.
«La integración europea es para nosotros una opción estratégica, en demanda de una Europa más social, con una EPSU y CES más fuertes que exijan y garanticen el cumplimiento de las iniciativas esbozada. UGT-SERVICIOS PÚBLICOS continúa siendo profundamente europeísta, diría que conscientemente europeísta, pues ninguno de los grandes problemas y posibles soluciones que afectan a los Servicios Públicos y los empleados públicos, pueden tratarse, sólo, desde la perspectiva de lo nacional.Es preciso seguir insistiendo, y colocar como cuestión esencial en la Agenda Sindical Europea, la construcción de un espacio social comunitario más amplio. Desde que el Presidente Mitterrand acuño el concepto de “espacio social” en la cumbre de Luxemburgo en el año 1981, 40 años después, los avances al respecto son limitados».
Centrados, sobre todo en:
- La Carta Social Europea,
- El denominado “Pilar europeo de derechos sociales”:
- La Agenda 2030, de desarrollo sostenible (sus 17 puntos), aprobada por la ONU y ratificada por la UE.
Es decir, hasta cierto punto se puede afirmar que el diagnóstico está hecho, resultando por tanto imprescindible un cambio de rumbo que en materia social abandone la técnica de los gondoleros venecianos de “avanti piano, cuasi indietro” (avanzar muy despacio, al límite del retroceso), poniendo los recursos y la voluntad políticas suficientes para la paulatina concreción de los contenidos de los principios y derechos que conforman el marco aludido.
Y la mejor vía, sin duda, para que no caigan en el olvido, es el sindicalismo de clase europeo: La EPSU y la CES, que deben incidir, al menos, en las siguientes cuestiones:
- Acuerdos en materia laboral y diálogo social vinculantes.
- Coordinación en la negociación colectiva y órganos de participación (Comités de Empresa Europeos).
- Declaración sobre los salarios mínimos, la igualdad y las negociaciones colectivas.
Por ello, es preciso…Pasar a la ofensiva por unos servicios públicos más fuertes desde la EPSU y la CES.
En materia concreta de servicios públicos, la UE debe superar el carácter programático de sus propuestas y hacerlas reales, desde los siguientes fundamentos:
- Los servicios públicos son factores de redistribución del bienestar, la eficacia productiva y la cohesión social.
- Son clave en el objetivo de generar empleo, desarrollo sostenible y la economía basada en el conocimiento.
- Resultan imprescindibles en el fomento de políticas de igualdad.
- Exigiendo un mayor control de los acuerdos público-privados, y su utilización con carácter subsidiario.
Los fondos Nextgen EU, y la “relajación” de las reglas fiscales, son un buen ejemplo al que dar continuidad. Reinterpretando el artículo 135 de la Constitución: ¡Estabilidad al margen de la austeridad!
806.900 millones de euros en total (338.000 subvenciones + 385.800 prestamos + 83.100 otros programas específicos), que ha supuesto un cambio de paradigma de las gestiones financieras a nivel europeo puesto que, por primera vez, estos fondos se financian de manera mancomunada. Esto significa que la financiación parte de unos bonos a medio y largo plazo de los que se hacen responsables el total de los países de la UE.
Según los últimos datos, en el conjunto de la UE, se han liberado entorno al 19,5% de las subvenciones y un 8,5% de los préstamos. En España en virtud del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (y sus 30 componentes) se han liberado 19.036 millones, el 13% del total de objetivos
No voy a concretar todos los componentes, pero sí es preciso recordar que gran parte de ellos inciden directa o indirectamente sobre los servicios públicos, por ello, desde UGT SERVICIOS PÚBLICOS venimos exigiendo un doble control de dichos fondos:
- A nivel nacional, con un aumento de nuestra participación en la definición, deliberación y puesta en marcha de las inversiones.
- A nivel europeo, exigiendo la necesaria transparencia, coordinación y resultados en la liberación, desarrollo y concreción de estos fondos.
Estos fondos, su financiación y gestión, suponen la superación del paradigma de alcanzar la estabilidad económica a través de la austeridad y los recortes, lo que sirve para reinterpretar y flexibilizar el artículo 135 de la CE así como el principio de la estabilidad presupuestaria.
Por consiguiente:
- Consideramos necesario trasladar sindicalmente, tanto a nivel nacional como europeo, el mantenimiento de relajar las reglas fiscales (3% como máximo de déficit y 60% del PIB de deuda pública) para evitar errores del pasado. La austeridad aplicada, que llevó a emprender recortes masivos durante la crisis económica y financiera, no se podía volver a repetir con la caída histórica del PIB provocada por la pandemia, las restricciones de actividad aplicadas para contenerla, la inflación desbocada y la guerra de Ucrania.
Estos fondos deben tener continuidad bajo el prisma de la reducción y control de la inflación, debemos exigir a la UE mayor contundencia en la materia.
Partiendo de la positiva incidencia que los fondos a los que acabo de hacer alusión van a tener sobre los Servicios Públicos y sus empleados, la UE debe complementarlos con otra serie de medidas dirigidas a combatir el aumento de la carestía de la vida, concretada en el aumento de la inflación, como consecuencia de la guerra y la inestabilidad geopolítica internacional. Porque se trata de un problema de la UE, al estar repercutiendo en todos sus miembros.
Y, si bien es cierto que se han establecido una serie de objetivos europeos al respecto (¡¡¡no meras recomendaciones como el irresponsable oportunismo de la derecha plantea!!!), las medidas concretas van a ser nacionales (entre otros RDL 6/2022, 14/2022, etc.), que en el caso de España, estimo, van en la buena línea, al estar basados en la creación de nuevos impuestos para los lobbies que mayor “tajada” están sacando de la situación, y de la lucha contra el fraude fiscal.
Pero como varias de las consecuencias más negativas de esta situación, van a recaer en el empleo y las condiciones socioeconómicas y profesionales de los trabajadores, pensamos que la UE debe mover ficha al respecto, de ahí que a nivel europeo apoyemos todas las iniciativas de la EPSU para reclamar una mejora salarial y de las condiciones laborales, con su concreción específica en el ámbito nacional, de ahí que UGT SERVICIOS PÚBLICOS haya propuesto al Gobierno un Acuerdo plurianual que incida de manera específica en la puesta en valor de los servicios públicos y sus empleados.
En definitiva, debemos contribuir a impulsar un camino estimulante que retome el famoso “empuje” que propuso en su día Obama y acaba de materializar Biden en la Ley de Reducción de la Inflación, para aclarar una estrategia redistributiva en la sociedad europea, donde la desigualdad está en la base no sólo de las dificultades económicas de gran parte de la ciudadanía, sino de las crecientes tensiones sociales.
Pero creo posible concretar varios…
Temas prioritarios sobre los cuales incidir de manera inmediata a nivel europeo de forma coordinada.
- Continuar potenciando la solidaridad con Ucrania, a través del fondo de solidaridad común establecido por la CSI y la CES.
- El cambio climático y la austeridad pasan factura: Un tratamiento homogéneo de los incendios forestales. Las políticas de austeridad han socavado la capacidad de respuesta de los servicios públicos. Si los servicios de bomberos carecen de fondos, las estaciones se cierran y no hay suficiente inversión en camiones, aviones y bomberos, los pueblos y nuestras comunidades están menos protegidos. Si no invertimos en adaptación y desarrollamos estrategias nacionales y europeas para que los servicios públicos se preparen para el impacto del cambio climático, los costes serán mucho mayores.
- El derecho a la energía y una transición justa son más necesarios que nunca. Un «derecho a la energía que implica, entre otros, la prohibición de las desconexiones y la regulación o topes en los precios de la energía. Estos podrían financiarse mediante impuestos sobre las ganancias extraordinarias. Ahora más que nunca estas son medidas vitales para proteger a las personas que viven en pobreza energética. Al mismo tiempo, debe haber inversiones masivas en eficiencia energética, energías renovables y producción de energía baja en carbono.
- Una nueva estrategia en materia sociosanitaria y cuidado de personas. Después de los innumerables sacrificiosque hicieron los trabajadores de la salud y los servicios sociales durante la pandemia, hay que obligar a los gobiernos y empleadores a abordar la escasez de personal, los bajos salarios y las malas condiciones laborales que socavan la provisión pública. Estas acciones se han vuelto aún más urgentes tras el aumento de la inflación en toda Europa.
- Poner al descubierto el peligroso espejismo de las asociaciones público-privadas, exigiendo un análisis detallado y transparente de sus costes y beneficios que arroje luz sobre las consecuencias a largo plazo, tato para los servicios públicos como para los usuarios y las usuarias, que incluya los costes sociales, ambientales y fiscales.
