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FeSP-UGT emplaza al Ministerio de Ciencia e Innovación a convocar la mesa de negociación sobre la reforma de la Ley de Ciencia

FeSP-UGT reclama al Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) que convoque una mesa de negociación sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Ciencia, en la que pueda llevarse a cabo un análisis riguroso de las ventajas y posibles inconvenientes de este nuevo modelo que se propone desde el Gobierno.

UGT valora la intención que persigue la reforma anunciada, que pretende subsanar las graves deficiencias que venimos denunciado desde hace años sobre las condiciones de trabajo del personal investigador, la dificultad de acceso de nuestros jóvenes investigadores al sistema público de I+D y el elevado nivel de precariedad laboral que existe en el ámbito de la investigación en España. No obstante, el plan presenta todavía importantes incertidumbres que impiden que el sindicato pueda darle su respaldo.

Nuestro sindicato no se adhirió a las movilizaciones organizadas ayer por otros sindicatos y asociaciones, a la espera del desarrollo de esa negociación pendiente con el MCIN, puesto que es nuestra obligación como representantes de los trabajadores sentarnos con el Gobierno para negociar una reforma acorde con las necesidades reales del país.

Entre los asuntos que deben ser sometidos a análisis y negociación figura, en primer lugar, el de la sustitución del investigador funcionario (científico titular) por el de un investigador contratado laboral indefinido. FeSP-UGT se pregunta qué se gana ‘desfuncionarizando’ la escala de acceso al sistema público de I+D, si no tienen igual capacidad competencial ni tampoco el mismo nivel salarial, dada la imposibilidad de percibir quinquenios y sexenios por su carácter de contratados laborales indefinidos, lo que irremediablemente conducirá a la configuración de investigadores de primera y de segunda. La pregunta que surge es si se trata de acortar la edad de acceso al sistema público de I+D (muy superior a los 40 años en estos momentos), a cambio de recortar en seguridad y derechos laborales. No parece que este modelo vaya a facilitar el acceso al sistema de los investigadores jóvenes.

La indefinición de la Oferta de Empleo Público y la dificultad de garantizar la concatenación de unos contratos con otros de manera continua son otros tantos asuntos que deben debatirse con las organizaciones sindicales en la mesa de negociación.

Sobre el primer asunto, a juicio de FeSP-UGT, el verdadero ‘cuello de botella’ no está en los contratos pre o posdoctorales, sino en el acceso a la escala de científico titulares o profesores titulares de Universidad. Por ello, nos preguntamos por qué no aumentar directamente la oferta de empleo público para ofertar muchas más plazas de esta escala de las que hay actualmente. Si no se aumentan notablemente los actuales niveles de dotación presupuestaria para multiplicar el número de nuevos contratos ofertados con respecto a los existentes, no se habrá solucionado nada.Respecto a la dificultad de la concatenación de unos contratos con otros de forma continua (predoctoral > formación > incorporación > consolidación), UGT se plantea cómo se van a financiar, qué sistema de becas se va a desarrollar para gestionar las estancias en el extranjero o, por ejemplo, quién decide si pueden volver al centro de origen o no, cómo se va a asegurar al investigador que se le hará un contrato de incorporación tras finalizar su contrato de formación o bien uno de consolidación tras el de incorporación, sin un periodo temporal entre ellos. Si no se articulan mecanismos ágiles y estables de financiación, es difícil poder imaginar este nuevo sistema funcionando correctamente a corto o medio plazo, y entonces las previsiones del MCIN sobre esta supuesta reducción de la edad de estabilización quedarán en papel mojado.

Al mismo tiempo, surge la incertidumbre sobre cómo se van a plantear las evaluaciones al personal investigador tras el cuarto año del periodo de consolidación, así como sobre los criterios, los índices mínimos de calidad exigidos, quién va a realizar esa evaluación y, sobre todo, qué pasará con los investigadores que no superen la evaluación.

Hay otros asuntos necesitados de un análisis profundo, como la dificultad de armonizar el ámbito de las universidades con el de los organismos públicos de investigación (OPI) o la adaptación del nuevo modelo de carrera investigadora a la Ley Orgánica de Universidades. A UGT, que apuesta por que haya un único sistema homogéneo y válido para todo el territorio, independientemente de dónde se ejerza la actividad investigadora, le preocupa que se configure un modelo de 17 sistemas diferentes.

La movilidad entre diferentes agentes del sistema es otro motivo de preocupación, así como el reconocimiento mutuo de quinquenios obtenidos en uno y otro ámbito del sistema público de I+D (Universidad frente a OPI, y viceversa), que hasta ahora no se reconocen a efectos económicos. Si se quiere fomentar realmente la movilidad entre OPI y universidades, esta cuestión se deberá normalizar.

Por último, creemos que se está perdiendo una gran oportunidad para desarrollar la carrera de los técnicos y tecnólogos, tan importante en el sistema público de investigación. La implantación de esta nueva carrera investigadora cerrará el camino de promoción de los técnicos superiores especializados mediante el salto a la carrera investigadora. Un salto que nunca ha sido la mejor solución ni para los técnicos superiores ni para las instituciones.

Por todo ello, FeSP-UGT cree imprescindible que el Ministerio de Ciencia e Innovación convoque a los sindicatos a una mesa de negociación, en la que UGT ejercerá su responsabilidad en la defensa y promoción de la función pública investigadora y del personal al servicio del sistema público de investigación, impulsando la mejora de sus condiciones de trabajo en el vigente proceso de reforma del marco legal sobre la ciencia, y en donde exigiremos una respuesta adecuada a las demandas anteriores.

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