En los últimos diez años la ocupación en la AGE ha sufrido una reducción de 43.477 de empleados públicos, lo que supone un 18 % de destrucción del empleo en el sector y consolida la tendencia de una situación estructural desde el inicio de los recortes en el año 2010.
Desde UGT se ha venido denunciando reiteradamente que las causas de esta demolición de la AGE se debe a que no se han cubierto las plazas de los empleados que se han ido jubilando, por prescindir de los funcionarios interinos y por externalizar numerosos servicios a la empresa privada.
Asimismo conviene destacar la evolución a la baja de los efectivos en la Seguridad Social, 6.553 que suponen más del 20 %, que aparte de gestionar procedimientos tan estratégicos como las pensiones y los recursos económicos y administración financiera del sistema, tenemos que añadir la gestión del IMV. Se puede examinar en el cuadro siguiente la variación de efectivos en la Seguridad Social en los últimos diez años y observar que la destrucción de empleo ha ido evolucionando hasta dejar uno de los Sistemas que sirvieron como ejemplo de eficiencia en una queja continua de los ciudadanos por su progresiva decadencia en la atención que demandan. También podemos hablar de colapso en otros organismos considerados como servicios esenciales como el SEPE y el FOGASA.
UGT ha propuesto también reiteradamente a Función Pública una planificación a largo plazo en el empleo público que permita una racionalización de los recursos que conlleve una adecuación racional entre los objetivos de la misma y los medios personales necesarios para su consecución. Dicha planificación debe ajustar de manera previsora, a un coste razonable y en coordinación con los criterios de política económica, el personal disponible a las necesidades que en cada momento necesite la AGE.
Por ello desde la UGT se ha negociado (y conseguido) que las Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019 incrementaran de forma notable las plazas ofertadas tanto para nuevo ingreso como para promoción interna. No obstante el retraso en las convocatorias o una vez superados los procesos selectivos y la demora en realizar los nombramientos ralentizan la incorporación de las nuevas empleadas y empleados públicos, cuando desde Función Pública se nos aseguró que iban a adoptar las medidas necesarias para agilizar los procesos. En peor situación se encuentran quienes han superado los procesos de promoción interna y no se les facilita el nombramiento teniendo que esperar a que tomen posesión los que han superado las pruebas por acceso libre.
En el siguiente documento ofrecemos pormenotizados los datos y las causas del deterioro del empleo en la AGE
