El progreso tecnológico, y por supuesto, la pandemia Covid19, ha puesto de relieve la urgente necesidad de modernizar nuestras capacidades administrativas y de atención a la ciudadanía. Si hasta hace escasamente dos años nadie ponía en duda tal exigencia, los acontecimientos derivados de la crisis sanitaria han exacerbado, más aún si cabe, su perentoriedad.
La Sociedad está evolucionando a la par que la transformación digital se infiltra en nuestras vidas. Cambios tecnológicos que impregnan todos los ámbitos, desde la economía y de empresa1 al del trabajo y las relaciones2, pasando por los servicios más básicos y fundamentales, desde lo más tradicionales a los de reciente llegada, como pueden ser las Redes Sociales. Entre los primeros están, por supuesto, aquellos servicios que se prestan desde las Administraciones Públicas.
Para las AAPP coinciden, por tanto, dos tendencias: la apremiante necesidad de modernizarse y, simultáneamente, una generalizada percepción de que dichas AAPP no están siendo capaces de seguir el ritmo de esta digitalización masiva y acelerada3. Y, a pesar de la repercusión que tienen ambos vectores, son escasos – por no decir inexistentes- los estudios que describan, valorativamente, la realidad digital de la Administración Pública al completo, de una forma integral, comparada y crítica.
Ante el acuerdo sobre Reforma Laboral alcanzado entre los agentes sociales y el Gobierno, desde el Servicio de Estudios de UGT, en colaboración con el Gabinete Técnico de la Federación de Servicios Públicos, hemos elaborado un estudio sobre el grado de digitalización de todas las AAPP, analizando estos parámetros: inversión en TIC y empleo asociado, preparación tecnológica de nuestro funcionariado y a disponibilidad de servicios digitales de atención a la ciudadanía. Resultados muy poco halagüeños, que exigen de una larga serie de acciones de mejora.
