Las jornadas de acción sindical que UGT Servicios Públicos está desarrollando durante este martes y miércoles en Madrid, bajo el título ‘Retos de futuro de la negociación colectiva en los Servicios Públicos’, y en las que participan alrededor de doscientos delegados y delegadas de toda España, han continuado hoy analizando la jubilación como presente y futuro de un derecho. Con Fernando Alonso Cordero, secretario general de UGT Servicios Públicos Asturias como moderador, han intervenido Cristina Estévez Navarro, secretaria ejecutiva de UGT y Gloria Mora, asesora de la Secretaría de Servicios a la Comunidad y Atención Social y funcionaria de la Seguridad Social.
Cristina Estévez ha señalado que en los últimos cuatro años se le ha dado la vuelta a un sistema nacional de pensiones que el PP había desmantelado con la crisis económica de 2008, cuando cambió la ley y destinó el dinero de la hucha de las pensiones a otras partidas. Ese desmantelamiento tenía un componente ideológico que pretendía dirigir a los ciudadanos hacia la constitución de planes de pensiones privadas, ha denunciado.
La secretaria ejecutiva de UGT ha asegurado que se consiguió revertir ese modelo y que “con el sistema actual, hay fondos suficientes. En 2045 alcanzaremos un 50% más de pensionistas, 15 millones. Conseguimos la viabilidad del sistema”. Ha recordado que el segundo acuerdo se centró en modificar el RETA para que los autónomos pagasen en función de sus ingresos. El tercero se dirigió hacia superar la brecha de género. En el cuarto se abordaron las modalidades, para que los ciudadanos puedan decidir cuándo y cómo salen del mercado laboral.
Estévez precisó que la salida de los trabajadores se tiene que ajustar a las necesidades del trabajador, y no ir ligada a una insuficiencia de la pensión, que tiene que estar garantizada a través de distintos complementos. “No es alargar la vida laboral del trabajador porque le falten años de cotización. En determinadas actividades, los trabajadores deben poder ir desligándose poco a poco a partir de cierta edad. Que haya políticas activas para la salida gradual de los trabajadores y que no haya una merma en su pensión”. Por eso, se debe ahondar en los parámetros individuales y no en el hecho de estar en un sector u otro para alcanzar coeficientes reductores. Los intentos para establecer unos criterios objetivos quedaron arrumbados con la mayoría absoluta del PP. Solo se incorporaron a esos colectivos, la policía local, y, ya por vía política, la ertzaintza y los mossos de escuadra, debido al condicionante establecido por los partidos nacionalistas. Estévez lo resumió afirmando que “si no tienes padrinos, no tienes coeficiente”. “Creo en la igualdad de condiciones. No creo que un colectivo, por tener padrinos, consiga el coeficiente reductor”.
Gloria Mora enfatizó el esfuerzo hecho por UGT con respecto a la jubilación parcial para mejorar las condiciones de los trabajadores, pero que en el caso de las Administraciones públicas ha sido una bomba que la hacía imposible. Puso el caso del personal laboral, para el que la norma ampliaba la cobertura, pero que en realidad lo que se ha hecho ha sido dificultad el acceso. “Lo han imposibilitado al máximo”, aseguró.
“Para nosotros, la jubilación parcial es como si hubiera dejado de existir. La Federación ha presentado enmiendas, porque esta reforma de pensiones se está tramitando como proyecto de ley, pero el plazo de enmiendas se ha ido ampliando sucesivamente”, añadió.
Modificación de la Ley de Contratos del sector público
La siguiente mesa de análisis ha tenido como protagonistas a Francisco Javier Sigüenza Hernández, presidente de AlianzAS, un punto de encuentro de las asociaciones, federaciones y confederaciones de empresas de servicios recién creado, y a Julio Lacuerda, presidente de UGT Servicios Públicos, con Angélica Mazo, vicesecretaria general y secretaria de sectores de Servicios a la Comunidad y Atención Social de UGT Servicios Públicos Aragón, como moderadora.
Lacuerda ha recordado que UGT Servicios Públicos lleva mucho tiempo planteando la modificación de las leyes de contratos del sector público y de la desindexación por su negativa incidencia en la negociación colectiva y las condiciones de trabajo de gran parte de los sectores privados de gestión o titularidad privada. Enumeró algunos datos como que los contratos licitados en 2024 han sido 206.242 (un 48% en la Administración Local; un 27% en la AGE y un 24,96 en las comunidades autónomas), lo que afecta a más de 2.600.000 personas trabajadoras, la mayoría incluidas en los distintos sectores de la Federación de Servicios Públicos.
El importe económico destinado a contratación pública el año 2024 fue de 113.091 millones de euros, casi el doble de lo que se gastó el año 2020 y 7.000 millones más que en el año anterior. En la Administración local se gastaron unos 35.000 millones, en la AGE unos 40.000 y en la autonómica unos 38.000. Y, según los datos parciales con que se cuenta de 2025 esa cifra se verá incrementada el próximo año.
A ello ha añadido que el nivel de gasto en contratación pública alcanzó el 24,05 % del total del gasto público, prácticamente el 11 % del PIB, lo que es destacable cuando se tiene en cuenta que el PIB de nuestro país se ha visto incrementado considerablemente estos últimos años.
Julio Lacuerda ha planteado una serie de propuestas, entre las que ha citado el establecimiento y determinación del precio real de las concesiones, recurriendo al convenio aplicable en el ámbito concreto de la prestación; la revisión del precio de la concesión si, durante su duración, se produce una mejora de los costes laborales mediante la negociación colectiva o la normativa (aumento cotizaciones sociales, SMI, etc.), lo que no puede ser considerado, como en la actualidad, “riesgo y ventura”, o más obligatoriedad y menos voluntarismo en la inclusión de cláusulas sociales en la contratación por parte de la Administración. Es decir, que el precio no continúe siendo el único parámetro a considerar. “No podemos seguir tolerando el ‘riesgo y ventura’. No parece una cuestión socialmente justa”, ha añadido.
A ello ha agregado la necesidad de avanzar en la idea de que las empresas que dispongan de mecanismos de cogestión tengan más puntos en la contratación pública, como elemento de discriminación positiva; la participación y presencia sindical en las juntas consultivas de contratación administrativa (como sucede en Cataluña y Navarra), o el ofrecer mayor seguridad jurídica a los trabajadores en aquellos supuestos en los cuales la Administración decide prestar directamente un servicio que se venía prestando mediante concesión (subrogación).
Francisco Javier Sigüenza también ha defendido la imperiosa necesidad de modificar y sustituir la regulación de la revisión de precios de los contratos de servicios en la Ley de Contratos del Sector Público, con el fin de que se permita la modificación de los precios de los contratos de servicios a la Administración pública, como consecuencia tanto de un incremento de los costes derivados de una norma legal o reglamentaria, como de un incremento de los costes laborales dimanantes de la negociación colectiva, o de situaciones ajenas a la voluntad de las partes.
A su juicio, la actual regulación de los contratos públicos imposibilita la revisión de los precios en la mayoría de los contratos de servicios, lo que supone que, ante cualquier modificación que afecte a los costes de un contrato ya en vigor (muy especialmente los costes salariales), se produzca un desequilibrio económico-contractual en las empresas adjudicatarias. Por ello, ha afirmado que es preciso abordar a la mayor brevedad posible una modificación de la normativa de revisión de precios de los contratos de servicios públicos, y en la que se permita la revisión de los mismos ante cambios normativos, acuerdos de negociación colectiva o circunstancias que no pudiesen preverse en el momento de la licitación.
Recorrido por la historia del sindicato
La Intergeneracional en el Sindicato ha sido el tema que ha reunido a José Antonio Saracíbar Sautúa, exsecretario de Organización de UGT y expresidente de la Fundación Francisco Largo Caballero, y a Belén Guirao Segrelles, secretaria general de RUGE-UGT, bajo el papel moderador de Miguel Ángel Romero Barrones, secretario general de UGT Servicios Públicos de Islas Baleares.
La mesa ha combinado la experiencia del veterano sindicalismo encarnado por Saracíbar y el compromiso de los jóvenes como Guirao. Saracíbar, que ha considerado fundamental la transmisión del conocimiento del sindicato a los jóvenes, ha trazado el recorrido histórico de UGT, ha recordado el papel de las Casas del Pueblo en la configuración del ‘obrero consciente’ y la celebración del primer 1 de mayo en 1890, lo que representaba la movilización de la clase obrera contra la clase burguesa. “La historia de UGT se confunde con la historia del movimiento obrero”, ha resumido Saracíbar antes de desgranar los momentos fundamentales del sindicato y señalar que el sindicato debe ser una “amenaza creíble”.
Belén Guirao ha criticado que la tasa de temporalidad de las personas jóvenes sigue siendo superior al resto -ocho puntos por encima del resto de la sociedad- o que el 25% de los jóvenes sigue teniendo un contrato a tiempo parcial, por lo que ha señalado que sigue habiendo grandes retos pendientes. Asimismo, ha llamado la atención sobre la necesidad de trasladar la idea del sindicato a los jóvenes.
En la última ponencia de la mañana, moderada por Frederic Monell, secretario de Organización, ha transcurrido en torno a la Inteligencia Artificial y su relación con el Sindicato, con José Varela Ferrio, responsable de IA y Digitalización de UGT y secretario del Gabinete Técnico del Sector de Comunicaciones y Cultura de UGT, y Antoni Mestre Gascón, investigador en el Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial y profesor asociado en la Universitat Oberta de Catalunya, como protagonistas.
José Varela ha basado su intervención en cuatro aspectos fundamentales: la automatización del empleo, la dirección algorítmica que toma decisiones sobre nosotros y nos controla, las recomendaciones de la inteligencia artificial en la negociación colectiva y el reglamento europeo de IA. También ha mostrado su preocupación por el agente de inteligencia artificial, que hace el trabajo que hace gente, y ha recordado que algunos informes ya señalan que el porcentaje de tareas realizadas predominantemente por personas es en la actualidad del 53%, mientras que en 2030 ese porcentaje será del 34%.
Por su parte, y entre otras cuestiones, Antoni Mestre ha emplazado a hacer un uso muy consciente de la IA y ha puesto como ejemplo los distintos tipos de sesgo que presenta la IA: grupal, individual, contrafactual, procedimental o causal.
La sesión de la tarde ha comenzado con las intervenciones de J. Javier Cuenca Cervera, subdirector General Instituto Valencià de Administración Pública; Paco Casado Galán, responsable del Gabinete Técnico federal, quienes, bajo la moderación de Mayte Montaner, secretaria general de UGT Servicios Públicos del País Valenciano, han debatido sobre la Función Pública en el siglo XXI.
Alta tasa de jubilación de efectivos
La sesión de la tarde ha comenzado con las intervenciones de J. Javier Cuenca Cervera, subdirector general el Instituto Valenciano de Administración Pública, y de Paco Casado Galán, responsable del Gabinete Técnico federal, quienes, bajo la moderación de Mayte Montaner, secretaria general de UGT Servicios Públicos del País Valenciano, han debatido sobre la Función Pública en el siglo XXI.
J. Javier Cuenca Cervera ha arrancado su intervención con dos ideas. Una ha sido la de que las Administraciones públicas afrontan en los próximos años una coyuntura crítica similar a la de los años ochenta, con una alta tasa de jubilación de efectivos. La otra es que eso supondrá que su razón de ser dependerá de cómo afronten la estrategia de atracción y selección. Se dan tres impactos: la renovación generacional derivada de esa gran jubilación, que supondrá la retirada de entre el 40 % y el 60 % de los empleados públicos; la inteligencia artificial y la digitalización, y el fin del paradigma de la temporalidad.
Ha aportado datos como que la edad media del personal empleado público supera al de la empresa privada, que la OCDE sitúa a España con un porcentaje de mayores de 55 años del 46% solo superado por Italia y muy por encima de la media de los países de la OCDE (un 26%), o que, por primera vez tras más de 10 años, la edad media del personal de la AGE ha bajado: aunque el 57,16 % de efectivos tiene 50 años o más, o que las proyecciones a diez años reflejan una pérdida importante de efectivos debido a la jubilación: un 49,53% de la plantilla actual.
Una reforma tiene que contemplar aspectos como las pruebas de selección que se emplean -hoy cuestiones meramente memorísticas-; quiénes han de evaluarlas –hoy conformación ad hoc y amateurismo de sus integrantes-, y cómo se organiza el proceso de preselección y selección –ahora un procedimiento farragoso y ritualismo garantista-. No debería seguir haciéndose de esta manera el procedimiento de selección, ha señalado, y ha puesto como ejemplo Irlanda, que ha creado una agencia de selección.
Cuenca Cervera ha afirmado que no es posible seguir haciendo selección con el “amateurismo” con el que se funciona y que no es conveniente afrontar las exigencias de la transparencia sin rendir cuentas sobre cómo se designan los órganos técnicos de selección.
También ha expuesto el método de selección que ha empezado a aplicar el País Valenciano, que contempla un mínimo del 50 % de la OEP a oposición libre, 350 becas de 700 euros/mes para preparar oposiciones, máximo un año de duración del proceso, una comisión permanente de selección y una evaluación de competencias en oposición.
Por su parte, Paco Casado ha afirmado que es muy difícil hablar con carácter general de procesos de selección cuando hay una heterogeneidad grande en la naturaleza de las Administraciones públicas y sectores. No obstante, ha precisado que existen buenas prácticas y regulaciones en territorios y sectores susceptibles de incorporarse a la legislación básica general, “aunque siempre con la dificultad de establecer dónde termina la legislación básica y dónde comienza la autonómica”.
También Casado ha presentado algunos datos: el alto porcentaje de plazas convocadas que no se cubren, en torno al 60% en los cuerpos superiores; una temporalidad muy elevada, que ronda el 26% en el conjunto de las Administraciones; una población envejecida, que de media supera los 52 años; el desajuste entre el sistema educativo y los sistemas de acceso, que los hace poco atractivos para la juventud; una norma básica obsoleta para la Administración local, que data de 1991, o la judicialización de algunos aspectos del acceso.
Frente a ello, UGT Servicios Públicos propone más capacidad y menos memoria; la oposición como mecanismo predominante en AGE y Administración local, y concurso-oposición para los docentes no universitarios y los estatutarios; un procedimiento más flexible; unificación de pruebas compatibles o la realización de más de un ejercicio en un mismo día; la reducción del número de ejercicios o la corrección automatizada; el traslado a la normativa básica de la jurisprudencia sobre el concurso oposición, o la aplicación de criterios generales para el posible empleo de la figura del concurso de méritos de manera, si no ordinaria, sí habitual.
‘El salario mínimo interprofesional, absorción y compensación’ ha sido el título de la última ponencia, que ha contado con la intervención de Rafael Gómez Gordillo, asesor de la Secretaría de Estado de Trabajo, y la moderación de Elena Cachón, del Gabinete Técnico de UGT Servicios Públicos. Chacón se ha referido al crecimiento del SMI experimentado en los últimos años, que ha crecido cuatro veces más de lo que ha aumentado con otros gobiernos.
En su intervención, Gómez Gordillo, profesor también de Derecho del Trabajo en la Universidad Pablo de Olavide, ha señalado que la subida del SMI ha puesto en manos de la ciudadanía española unas cantidades económicas que han servido para incrementar el consumo y que ha hecho que las empresas puedan mejorar sus resultados gracias a un cambio en las expectativas del consumo.
Se ha referido también a la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos, sobre la que no ocultó que hay dudas en ciertos sectores de que sea una competencia europea. Pese a ello, sostuvo que, con transposición o sin ella, sí debería llevarse a la normativa española, porque la mejora. Porque el SMI, concluyó, tiene como objetivo el de mejorar la vida de la gente que gana menos.
Las jornadas han concluido con la exposición de conclusiones, a cargo de Santiago Tamame, secretario general de UGT Servicios Públicos de Madrid. Moisés Torres, secretario de Acción Sindical y del Sector de Servicios a la Comunidad y Atención Social, ha clausurado las jornadas resaltando que, más allá del debate fructífero, el sindicato sale con unos “resultados que ya apuntan a lo práctico: calendario de negociación renovado, un marco de propuestas sobre condiciones laborales, un compromiso explícito para que igualdad, salud laboral y digitalización con garantías sean cláusulas estructurales en los convenios y no notas al pie”.
Moisés Torres ha terminado con la metáfora de que estas jornadas han sido como una mesa bien hecha, con cuatro patas sólidas: “Ideas, datos, diálogo y organización, y un tablero robusto, las personas. Si una pata cojea, se nota; si todas aguantan, la mesa sirve para trabajar, compartir y construir. Hoy nos vamos de estas jornadas de negociación colectiva con una mesa firme”.
