Foto de Europa Press
Hace varias semanas vimos a algunos de los países más desarrollados de la Unión Europea, como Alemania o Bélgica, sufrir inundaciones descomunales que provocaron el caos, destruyeron pueblos enteros y provocaron cientos de víctimas.
Pocos días antes, en el noroeste de EEUU y en Canadá sufrieron una ola de calor sin precedentes, que consiguió situar el record de temperatura máxima en los 49,6º C en la ciudad de Lytton, en la Columbia Británica. Las consecuencias fueron dramáticas: centenares de muertes por calor, rotura de líneas de alta tensión, grietas en carreteras e intensos y devastadores incendios.
Es evidente que los países con menos recursos y en desarrollo, que son los menos responsables del calentamiento global, están más expuestos a sus efectos. Las poblaciones más pobres y más vulnerables de estos países, que representan el 70% de la población más pobre del mundo, se ven todavía más afectadas, debido a que sus viviendas suelen estar situadas en zonas más propensas a inundaciones, corrimientos de tierras, sequías, etc.; a que carecen de los medios para mejorar su capacidad de adaptación; y a que tienden a vivir de la agricultura, la pesca y otras actividades basadas en los recursos naturales.
Pero estos desastres que hemos vivido recientemente en América del Norte y Europa, y los que ya vaticinan los meteorólogos para los próximos días, ponen en evidencia indiscutiblemente que no estamos preparados para hacer frente a las consecuencias del calentamiento global y la emergencia climática. Ni siquiera en los países más ricos del mundo, cuyas capacidades para hacer frente a desastres de estas magnitudes son sustancialmente mayores que en el resto de países.
Estos acontecimientos que estamos sufriendo se producen después de décadas de indiferencia política ante la ciencia. Los modelos climáticos han advertido sobre el desastroso impacto del aumento de las temperaturas. En 2018, un informe del IPCC advirtió de que, si no se evita que la temperatura media global se eleve por encima del 1,5ºC, en comparación con el inicio de la era industrial, se podrían producir resultados catastróficos, desde la inundación de ciudades costeras hasta la pérdida de cosechas en muchas partes del mundo.
El informe ofreció a los líderes políticos un camino para evitar este escenario. Se requería que el mundo en su conjunto redujera a la mitad las emisiones para 2030. Sin embargo, desde entonces, las emisiones globales han seguido aumentando, tanto que la temperatura promedio global ha aumentado en más de 1ºC desde 1880, lo que dificulta la ruta para mantener el aumento por debajo del umbral de 1,5ºC.
Desde UGT venimos demandando mayor ambición climática en relación con la reducción de los gases de efecto invernadero. Insisto en que es necesario pasar de las palabras a los hechos y actuar ya con medidas contundentes. Las consecuencias de no hacerlo, tanto desde un punto de vista ambiental, como económico y social, ya estamos viendo que son muchísimo peores.
Pero la ambición tiene que venir acompañada de una transición justa y de justicia climática. Transición justa porque es necesario otorgar alternativas reales (y con la anticipación necesaria) a las personas trabajadoras que se están viendo afectadas y van a ver como sus empleos desaparecen. Es necesario incidir en la formación y la recualificación, que potencie las oportunidades de creación de empleo verde. Y todo ello a través de la participación y el diálogo social. Y justicia climática ya que los países desarrollados, que han basado su desarrollo en la quema de combustibles fósiles y, por tanto, han sido causantes de la mayoría de gases de efecto invernadero que se han emitido a la atmósfera, tienen que apoyar al resto de países en sus esfuerzos para desarrollarse de forma sostenible y por adaptarse al cambio climático, teniendo plenamente en cuenta las necesidades particulares de las poblaciones y los grupos más vulnerables.
Por último, es necesario impulsar medidas relacionadas con la adaptación al cambio climático. Hemos de adaptar los edificios y las infraestructuras, así como impulsar soluciones basadas en la naturaleza como la restauración de humedales para la protección frente a inundaciones. También es necesario mejorar los sistemas de emergencia para estar preparados cuando vaya a producir un desastre, así como establecer planes de recuperación para hacer frente a las consecuencias una vez haya pasado.
Desde UGT recordamos que es necesario que las políticas de adaptación al cambio climático tengan en cuenta a los trabajadores y las trabajadoras, ya que los impactos derivados del aumento de la temperatura ponen en riesgo su salud. Especialmente vulnerables son aquellas que desarrollan su jornada a la intemperie (jardinería, limpieza, construcción, etc.) y la de aquellas que llevan a cabo sus labores en lugares cerrados sometidas a altas temperaturas (como cocinas, hornos, etc.).
Ana García de la Torre es Secretaria Confederal de Salud laboral de UGT
Artículo publicado en el Plural (ver).
