El Sindicato Profesional de Bomberos de UGT Servicios Públicos reclama protocolos claros que delimiten las funciones de estos profesionales y garanticen su seguridad jurídica, sin perjuicio de los deberes legales de colaboración con la Administración de Justicia.
Desde el Sindicato Profesional de Bomberos de UGT Servicios Públicos manifestamos nuestra oposición a que los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento participen en la ejecución de desahucios cuando no exista una emergencia real que requiera su intervención.
Bomberos y bomberas somos un servicio público de emergencias. Nuestra misión es proteger la vida y la integridad de las personas, sus bienes y el medio ambiente ante incendios, accidentes, rescates y otras situaciones de riesgo.
La ejecución de un desahucio no constituye, por sí sola, una emergencia que justifique la movilización de los servicios de bomberos y bomberas. Su intervención debe responder a una necesidad concreta de prevención de daños, protección o salvamento, técnicamente valorada y comprendida en sus funciones, sin perjuicio de los deberes legales de colaboración con la Administración de Justicia.
Esta posición no cuestiona el cumplimiento de las resoluciones judiciales ni los deberes legales de auxilio. Reclama que los requerimientos dirigidos al servicio identifiquen la actuación solicitada y su fundamento, y que la colaboración se desarrolle respetando las competencias y funciones legalmente atribuidas a los servicios de bomberos y bomberas.
Reclamamos instrucciones y protocolos que identifiquen, entre otros aspectos, la autoridad requirente, la tarea solicitada, la valoración del riesgo, el fundamento funcional, la coordinación entre servicios y la constancia de las incidencias. Estos protocolos deben proporcionar seguridad jurídica al personal, delimitar las actuaciones exigibles y permitir comunicar y resolver las discrepancias competenciales por los cauces legalmente establecidos.
La defensa de nuestras funciones profesionales debe desarrollarse con respeto al régimen de obediencia y a la excepción prevista para las órdenes manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico.
Desde UGT Servicios Públicos pedimos a las administraciones responsables de los servicios de bomberos y bomberas que establezcan criterios claros para evitar su utilización en actuaciones de desahucio que no estén asociadas a una emergencia real. Reclamamos, asimismo, que se respete el carácter profesional del servicio y que no se le encomienden tareas ajenas a sus funciones.
Una mirada humana y solidaria ante los desahucios
Esta posición se expresa también desde una mirada humana y solidaria ante la preocupación social que generan los desahucios y las situaciones de vulnerabilidad que pueden acompañarlos.
Escuchar ese clamor social exige empatía, responsabilidad y respuestas públicas que pongan en el centro la dignidad de las personas, la prevención de situaciones de riesgo y la búsqueda de alternativas habitacionales.
La creciente movilización ciudadana está contribuyendo a impulsar cambios en las leyes y en la sociedad, y ha llegado también al ámbito sindical, con la convocatoria de una huelga general para el próximo 11 de noviembre.
En este contexto, consideramos esencial que las administraciones afronten el problema desde el diálogo y las políticas sociales, sin desvirtuar la misión de los servicios de emergencias.
La protección de las personas vulnerables no puede quedar reducida a una declaración de intenciones. La jurisprudencia exige una ponderación específica de las circunstancias de las personas afectadas (personas mayores, menores, etc.) y, en las autorizaciones de entrada para desalojos administrativos, la comprobación de medidas concretas y suficientes para evitar su desamparo.
Reclamamos, por ello, una intervención coordinada de las administraciones competentes y de los servicios sociales, orientada a minimizar los daños y proporcionar respuestas efectivas a la necesidad habitacional, sin trasladar esa responsabilidad a los servicios de emergencias.
