UGT Servicios Públicos exige responsabilidad institucional y acción inmediata ante el incumplimiento masivo de la Ley 4/2024, Básica de Agentes Forestales y Medioambientales, por parte de la mayoría de comunidades autónomas. Esta norma estatal —aprobada para garantizar derechos, medios y reconocimiento profesional al colectivo que protege el patrimonio natural de nuestro país— ha agotado su plazo de aplicación sin que las autonomías hayan adaptado sus normativas, como exige la ley.
Desde la organización sindical que representa a los Agentes Forestales y Medioambientales de todo el Estado, denunciamos la desidia y la falta de voluntad política de los gobiernos autonómicos, una actitud que deja en situación de vulnerabilidad tanto a los profesionales como a nuestros ecosistemas.
“No es aceptable que quienes defienden nuestros montes y biodiversidad sigan sin los medios, garantías y reconocimiento que exige la ley. Cumplir esta norma no es una opción, es una obligación”.
UGT Servicios Públicos alerta de que esta inacción tiene efectos graves:
- Inseguridad jurídica y laboral. Miles de profesionales trabajan en un limbo normativo, sin las garantías que les reconoce la ley básica estatal, lo que afecta directamente a su seguridad en intervenciones de alto riesgo.
- Desprotección del medio ambiente. La falta de una regulación homogénea en todo el Estado debilita la capacidad de actuación frente a incendios forestales, delitos ambientales y agresiones a la biodiversidad.
- Quiebra del principio de legalidad. No puede haber competencias transferidas sin respeto a la legislación estatal básica. Incumplir esta ley es una vulneración del Estado de Derecho.
Exigimos:
- A los gobiernos autonómicos: adaptación inmediata a la Ley 4/2024 y dotación de medios, formación y reconocimiento profesional al colectivo.
- Al Gobierno de España: promover la cooperación entre administraciones para garantizar el cumplimiento de la normativa estatal.
UGT Servicios Públicos anuncia que permanecerá vigilante y tomará todas las acciones necesarias para asegurar que la ley se cumple y que los Agentes Forestales y Medioambientales cuentan con las condiciones laborales y la seguridad institucional que merecen.
