UGT y UGT-SP denuncian que la presión que están recibiendo las personas trabajadoras de los centros municipales de atención primaria encargados de atender a mujeres embarazadas, y a quienes el Ayuntamiento de Madrid pretende obligar a informar a las usuarias sobre el supuesto síndrome posaborto, atenta contra la práctica deontológica
Esta medida, propuesta por Vox y apoyada por el Partido Popular, y que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres, fue aprobada en el pleno municipal de Madrid el pasado 2 de octubre, y plantea que todas las mujeres que muestren intención de abortar, sean informadas obligatoriamente de la existencia de este supuesto síndrome posaborto, el cual -según ellos-puede causarles depresión, aislamiento, insomnio, alcoholismo, anorexia, bulimia, hemorragias internas, infecciones, esterilidad, muertes posteriores, aumento de cánceres del aparato reproductivo, etc.
Pretender que las personas que atienden a mujeres embarazadas en espacios municipales – como Madrid Salud, Samur Social, los futuros centros integrales de atención a la mujer (CIAM), y los servicios sociales-, informen a las usuarias sobre una “teórica” dolencia que carece de toda evidencia científica, supone la vulneración de los derechos de las personas trabajadoras a la vez que “criminaliza el derecho al aborto y estigmatiza a las mujeres en un acto de violencia institucional”.
Además del personal sanitario, gran parte de estos profesionales son trabajadoras y trabajadores sociales, por lo que el Colegio Oficial del Trabajo Social de Madrid ya se ha pronunciado en un comunicado en contra de la iniciativa. En dicho comunicado recuerda que la labor de estos profesionales consiste en cumplir la ley y acompañar a las mujeres en sus decisiones, no en mentirles sobre un supuesto síndrome posaborto que no existe como diagnóstico clínico.
Desde UGT consideramos que la medida propuesta por el Consistorio es una coacción que atenta contra los principios éticos de las y los profesionales, a la vez que vulnera el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su salud reproductiva y, por tanto, sobre su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Además, las infantiliza al considerar en todo momento que no tienen capacidad para informarse y decidir por ellas mismas, necesitando la tutela de alguien que “sabe lo que les conviene”, culpabilizándolas y criminalizándolas por tomar sus propias decisiones.
Las y los profesionales sanitarios están comprometidos a cumplir las leyes (la ley en vigor sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional) y a ofrecer a las mujeres una información respetuosa, veraz, imparcial y basada en la evidencia científica. Y también a ofrecer apoyo psicosocial a aquellas mujeres que pueden presentar algún malestar emocional tras haber pasado por una interrupción voluntaria del embarazo. Y, en todo caso, aquellos profesionales que por falta de conocimiento y sesgo ideológico mientan e informen a las mujeres de riesgos de la IVE como los que se señalan en la Proposición, sin ninguna base científica (y contrariando la actual ley), no deben atender a estas mujeres.
Recordemos que se está usurpando a las mujeres un derecho que fue reconocido hace 40 años con la aprobación de la Ley de 5 de julio de 1985 y que se ha completado con la Ley Orgánica 2/2010, y por su reforma de 2023, que refuerza el acceso al aborto seguro y gratuito en la sanidad pública.
Los poderes públicos tienen la obligación de cumplir con las leyes y garantizar los mecanismos que sean necesarios para que la ciudadanía pueda disfrutar plenamente de sus derechos y libertades. Pero en ningún caso deben instrumentalizarse los servicios públicos para difundir bulos sobre asuntos que afectan a la salud y que pueden poner en peligro a las mujeres, como hace esta Proposición de Vox y PP totalmente populista, partidista y anticientífica.
Precisamente la Comunidad de Madrid, es una de las autonomías que expulsa con mayor frecuencia a estas mujeres de la atención pública, obligándolas a irse a otras comunidades o a clínicas privadas, con el sufrimiento y coste añadido que suponen estos traslados. Una situación que podría evitarse si los responsables públicos cumpliesen con la ley.
Según datos del Ministerio de Sanidad en 2024 se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España, aumentando un 2,98% respecto a 2023 donde se practicaron 20.574 en la Comunidad de Madrid, de las cuales 17.795 fueron mujeres residentes en la región. Cabe señalar que, aunque la mayoría de las mujeres fueron informadas en centros públicos, en la Comunidad de Madrid el 99,53% de las interrupciones voluntarias se realizaron en centros privados, y únicamente un 0,47% se hicieron en un centro público.
Esto obedece a la falta de recursos públicos por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, demostrando un desprecio absoluto por la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y por el acceso seguro y en condiciones de igualdad a la atención sanitaria. De hecho, a lo largo de todas estas décadas en el poder, el Partido Popular se ha encargado de desmantelar sistemáticamente la estructura de planificación familiar creada en los años 80 por profesionales de la sanidad y cuyo objetivo era promover los derechos sexuales y reproductivos, desde los servicios públicos en la región.
