Con la normativa actual, una empresa no necesita la firma de los representantes legales para, transcurrido el periodo de negociación preceptivo, aplicar un despido colectivo. Validarlo con la firma es algo muy serio que implica mucho más que mejorar en unos pocos días la indemnización de las personas afectadas.
La firma de un ERE implica estar de acuerdo con el número de despidos y a qué personas concretas va a afectar y, especialmente, implica estar de acuerdo con las causas y las razones que esgrime la empresa para «verse obligada» a despedir.
En consecuencia, antes de firmar hay que asegurarse de que las causas de despido existen y están suficientemente justificadas, de lo contrario estaremos sentando un peligroso precedente, avalando causas inexistentes y dando carta de naturaleza a despidos que no tienen justificación alguna.
Y es que, esas mismas causas que hoy se avalan con una simple firma, mañana pueden ser utilizadas de nuevo por la empresa para justificar otro despido colectivo.
En definitiva, estar de acuerdo con las causas de un despido colectivo insuficientemente justificado tiene consecuencias no solo para las personas introducidas en el ERE, sino que también las tienen para las que se quedan, pues es pedirle a los representantes legales de las personas trabajadoras que demos carta de naturaleza a un expediente, cuya esencia (motivo organizativo) no han querido justificar.
Asimismo, firmar un ERE sin tener datos ni documentación que de seguridad a los firmantes de la veracidad de sus causas, de facto perjudica a las personas despedidas ya que si estas acuden a los tribunales con el objeto de que se declare nulo o improcedente su despido, es más que probable que el juez tenga en cuenta, para tomar su decisión, si previamente los representantes de las personas trabajadoras están de acuerdo o no con el despido colectivo.
UGT no firma el expediente de despido colectivo iniciado por Cruz Roja porque:
1) UGT considera que las causas del despido colectivo no están justificadas.
Cruz Roja acredita que terminan medio centenar de proyectos por finalizar la financiación de los mismos, pero no ha querido informarnos de cuantos proyectos nuevos se tiene previsto iniciar el presente año, ni de cuantos puestos de trabajo van a generarse o ya se están generando con los proyectos previstos para 2025, o si eran personas que podrían haber sido subrogadas.
Es más, Cruz Roja no nos ha querido facilitar la documentación que le hemos requerido durante la negociación para poder comprobar la justificación de los despidos.
Es más, mientras Cruz Roja «negociaba» el ERE, es un hecho verídico y comprobable, que se han producido nuevas contrataciones y se han publicado numerosas ofertas de empleo.
2) UGT considera que el número de despidos planteado en el ERE es total y claramente desproporcionado.
Y es que, como todos los años en Cruz Roja, finalizan muchos proyectos, pero también se inician otros tantos nuevos que necesitan personal para su desarrollo. En este sentido 125 personas despedidas nos resulta excesivo, y más si tenemos en cuenta las vacantes conocidas y el hecho de que se están produciendo contrataciones en los territorios donde se pretende despedir.
3) La UGT no está de acuerdo con el criterio de selección de las personas a despedir.
El 75% de los proyectos que Cruz Roja esgrime que han finalizado en 2024 se habían iniciado en los años 2022 o 2023. Por lo contrario, casi 1 de cada 3 personas que van a ser despedidas por Cruz Roja fueron contratadas antes de 2022, 1 de cada 5 antes de 2020, 1 de cada 10 fueron contratadas antes de 2015, y un 4% de los afectados tienen más de 20 años de antigüedad. Además 1 de cada 3 de las personas despedidas tiene más de 50 años.
A la vista de los datos, desde UGT consideramos que Cruz Roja está aprovechando el ERE para injustificadamente, y de forma muy calibrada, prescindir de parte de la plantilla con más antigüedad y más vulnerable.
4) La UGT considera que no está justificado incluir a personal de estructura en un ERE que se pretende justificar por la finalización de proyectos concretos.
En primer lugar, porque seguro que el volumen de trabajo estructural no ha descendido, pese a que hayan concluido medio centenar de proyectos, o al menos, no ha sido acreditado que así sea.
En segundo lugar, resulta muy casual que los despedidos de estructura coinciden con personas que tuvieron que ser readmitidas el año pasado por despido nulo, tras sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional.
En definitiva, UGT no va a dar carta de naturaleza con su firma a un despido colectivo cuyas causas no están suficientemente justificadas ni va a avalar que estas formas hoy sean la costumbre y mañana una ley no escrita en el seno de una entidad cuya grandeza la ha alcanzado gracias a las personas trabajadoras que hacen posible su labor nacional e internacional todos los días y que hoy son expulsadas sin causa.
UGT no va a validar un barrido de personal de estas características, porque además de todo lo anterior, ello implicaría poner en riesgo para el futuro las condiciones y los propios puestos de trabajo de las 15.000 personas trabajadoras de Cruz Roja.
Para finalizar, la acción de UGT en este expediente ha supuesto situar la oferta de indemnización en 30 días con un tope de 14 meses y desafectar a un total de 43 personas.
UGT ha manifestado ante la entidad que, a pesar de no haber acuerdo, mantenga las condiciones económicas y el número de afectados que han expuesto en la reunión final.
CRUZ ROJA ESPAÑOLA no tiene problemas económicos de ningún tipo por lo que no respetar los 30 días de indemnización sería un castigo público y directo hacia los despedidos por parte de una entidad cuya línea fundamental es la HUMANITARIA.
