Desde UGT Servicios Públicos queremos situar la precariedad juvenil como una cuestión central para la democracia, la justicia social y el futuro de la clase trabajadora. No hablamos solo de contratos temporales, salarios bajos o dificultad para emanciparse. Hablamos de un proceso más profundo, que empieza mucho antes de llegar al mercado laboral y que se va construyendo en la educación, la salud, la vivienda, el barrio, la familia, la orientación, las expectativas, la cultura y el acceso real a derechos.
La juventud no es una realidad uniforme. Las personas jóvenes crecen en contextos distintos, con apoyos, recursos, vínculos y barreras muy desiguales. La diversidad forma parte de la sociedad: diversidad de género, origen, capacidades, orientación sexual, identidad, territorio, cultura, trayectorias familiares y condiciones materiales. Lo que fractura esa diversidad no es la diferencia, sino la desigualdad: la clase social, la pobreza, la discriminación, el racismo, el sexismo, la LGTBIfobia, el capacitismo y la ausencia de servicios públicos suficientes.
Situaciones tan básicas como tener una vivienda familiar estable, disponer de un cuarto para estudiar, contar con internet, calefacción, alimentación adecuada, transporte o un entorno seguro condicionan el futuro. En España, el 34,7 % de la población menor de 16 años estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024, por encima del total de la población, situado en el 25,8 %. Además, el 35,8 % de los hogares no podía afrontar gastos imprevistos. Estos datos muestran que la precariedad juvenil no nace de la falta de esfuerzo individual, sino de desigualdades materiales que condicionan desde edades tempranas las oportunidades reales.
También existe una brecha de los sueños. No todas las personas jóvenes pueden imaginar el mismo futuro, ni se sienten igualmente legitimadas para aspirar a determinadas profesiones, estudios o posiciones sociales. Los sesgos de género atraviesan todas las clases sociales y siguen orientando expectativas: las mujeres son mayoría en ámbitos vinculados a educación, salud y cuidados, mientras continúan infrarrepresentadas en áreas tecnológicas e industriales. El Ministerio de Educación señala que las mujeres representan el 78,3 % del alumnado en Educación y el 72,8 % en Salud y Servicios Sociales, una concentración que confirma la persistencia de itinerarios marcados por estereotipos. Esta brecha no afecta solo a las mujeres: también limita a los hombres jóvenes cuando determinados modelos de masculinidad desvalorizan el cuidado, la cooperación o el éxito escolar.
Cuando no hay expectativas, es difícil orientar la formación y el trabajo hacia proyectos más ambiciosos. La educación debería actuar como ascensor social, pero ese ascensor se debilita cuando el origen social pesa demasiado. En PISA 2022, el nivel socioeconómico explica en España el 16 % de la diferencia de rendimiento en matemáticas, una cifra similar a la media de la OCDE. Esto significa que el sistema educativo no está compensando suficientemente las desigualdades de partida. Si estudiar no se acompaña de becas, orientación, apoyos, estabilidad, vivienda y empleo digno, la promesa de movilidad social se rompe.
La precariedad también se alimenta de los discursos de odio y de la falta de herramientas para educar en igualdad. El machismo, el racismo, la homofobia, la transfobia, la xenofobia o el rechazo a la discapacidad no son problemas externos al empleo: atraviesan la autoestima, la elección de estudios, la participación social, el acceso a redes, la convivencia en los centros educativos y las oportunidades laborales. Educar en igualdad no es un añadido; es una condición para prevenir precariedad, exclusión y violencia.
Por eso la equidad es fundamental para la democracia y la justicia social. No basta con abrir formalmente las mismas puertas si una parte de la juventud llega con menos recursos, menos seguridad, menos referentes y más discriminación acumulada. La equidad exige intervención pública desde edades tempranas: seguimiento, acompañamiento, orientación, becas, atención social, salud mental, educación inclusiva, vivienda, cultura, deporte, servicios de juventud y servicios de proximidad en los barrios.
Desde una sociedad inclusiva, sabemos que todo está conectado. La calidad de la escuela, la sanidad pública, los servicios sociales, la vivienda, el transporte, los espacios juveniles, la vida comunitaria y la participación sindical van tejiendo trayectorias. Cuando fallan, las brechas se agrandan y un sector de la juventud queda dirigido hacia los puestos más precarios de un mercado donde una minoría concentra poder económico y capacidad de decisión.
Frente a ello, UGT Servicios Públicos defiende servicios públicos fuertes, cercanos y coordinados; educación pública como herramienta de igualdad; servicios de juventud con recursos; formación para la ciudadanía democrática; prevención de los discursos de odio; orientación laboral y educativa; y espacios de participación para que las personas jóvenes no sean tratadas como destinatarias pasivas, sino como protagonistas de la acción sindical y de la transformación social.
La precariedad juvenil no es una frase: es una injusticia social. Combatirla exige empleo digno, pero también equidad, servicios públicos, igualdad de oportunidades y democracia real.
Por todo ello, desde UGT Servicios Públicos presentamos la campaña Trabajos dignos para una juventud con futuro, y así se llama el IMPRESCINDIBLES de mayo de 2026.
Fruto de nuestro análisis y experiencia sindical planteamos 14 propuestas para garantizar los trabajos dignos para una juventud con futuro y se plantean también reivindicaciones para lograr los avances necesarios.
Te invitamos a leer y difundir el IMPRESCINDIBLES de MAYO DE 2026.
