UGT Servicios Públicos informa de la publicación oficial en el BOE del III Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social (2026–2029), que consolida avances relevantes para las personas trabajadoras del sector y refuerza el marco estatal como referencia mínima obligatoria.
Durante la vigencia del convenio se consolida una revalorización acumulada de un 15,84 % para los grupos profesionales 1, 2 y 3, y de un 16,43 % para el grupo profesional 4. La subida se plantea de forma progresiva y con un enfoque que prioriza los salarios más bajos, contribuyendo a recuperar poder adquisitivo y reducir brechas internas en un sector altamente feminizado.
Además, se establecen efectos económicos con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 para todas las personas trabajadoras incluidas en su ámbito de aplicación.
El acuerdo contempla la reducción progresiva de la jornada máxima anual hasta las 1.695 horas, con impacto directo en la conciliación, la salud laboral y el reconocimiento del desgaste psicosocial del sector, avanzando en reivindicaciones históricas.
El convenio consolida el marco sectorial estatal como mínimo obligatorio, evitando competencia a la baja entre entidades. Se blinda especialmente la cláusula de subrogación, garantizando el mantenimiento del empleo ante cambios de adjudicatario, y se refuerza la prioridad del convenio estatal frente a intentos de fragmentación, asegurando además su aplicación directa en entidades sin convenio propio.
Entre otras medidas, incluye una regulación avanzada del uso de Inteligencia Artificial y de la gestión algorítmica en el sector, y refuerza la Comisión Paritaria como órgano de interpretación y vigilancia. Asimismo, protege condiciones más beneficiosas, regula con garantías el complemento ad personam, impulsa la contratación indefinida y limita la temporalidad.
El convenio entra en vigor con su publicación en el BOE, mantiene su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029 y garantiza la ultraactividad hasta la firma de un nuevo acuerdo.
Este convenio representa un avance estructural en estabilidad, salarios y tiempo de trabajo, fortaleciendo el marco sectorial estatal y aportando mayor cohesión y seguridad jurídica. Es el resultado del trabajo sindical sostenido y de un modelo de negociación que protege a las personas trabajadoras frente a dinámicas de precarización.
