UGT y CCOO han celebrado esta mañana una asamblea conjunta de delegados y delegadas para conseguir un acuerdo de reducción de jornada laboral. Ante la situación de bloqueo, ambas organizaciones han decidido recurrir a las movilizaciones. La primera de ellas se desarrollará el 26 de septiembre en todo el país.
En este marco, Isabel Araque, secretaria de UGT Servicios Públicos, señala la necesidad de avanzar en la reducción de la jornada laboral, que es una pieza central para combatir los problemas más recurrentes en nuestras relaciones laborales como son la elevada tasa de desempleo estructural; la dificultad para conciliar vida laboral y personal y, en definitiva, supone un impulso hacia una sociedad más igualitaria y sostenible.
En las Administraciones Públicas existe una jornada de 37 horas y media, susceptible de haberse reducido progresivamente por las distintas Administraciones Públicas con la configuración de las autonomías y también, aunque con mayor dificultad, en la Administración Local. A pesar del recorte de derechos del gobierno del PP en 2012, que estableció con carácter básico la jornada de 37 horas y media y suspendió todos los acuerdos que establecían una jornada inferior, se logró revertir aquella situación con el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. Por lo tanto, hoy se permite la negociación de una jornada inferior a las 37,5 horas sin condicionantes en las Administraciones Públicas.
Araque subraya que «dado que se puede negociar sin condicionantes, se debe avanzar hacia una reducción de jornada en las Administraciones Públicas y el dígito de partida será el que se considere oportuno. Un referente para UGT será el de las 32 horas semanales.»
Una reducción que:
-Está avalada por -El artículo 2 de la Carta Social Europea, que insta a los Gobiernos a fijar una razonable duración diaria y semanal de las horas de trabajo.
-Cumple con el objetivo número ocho de la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 (ODS 2030) al promover el pleno empleo y el trabajo decente.
-Cumple con el objetivo número tres de la agenda de ODS, que alude a la necesidad de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades.
-Está de acuerdo con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, en defensa de un empleo estable y de calidad y garantizar un equilibrio entre la vida profesional y la privada (Capítulo VIII).
Se debe entonces, apremiar a los gobiernos, tanto central como autonómicos y locales, ha firmar acuerdos en ese sentido, sobre todo en un contexto laboral donde las presencialidad en el trabajo dista mucho de ser sinónimo de productividad y donde la formación digital y la IA tienen cada vez más importancia.
