El 23 de octubre entró en vigor la reforma de la Ley de Dependencia, que amplía derechos, incorpora nuevos servicios y apuesta por un modelo de cuidados más cercano a las personas y a su entorno. Desde UGT Servicios Públicos valoramos estos avances, pero advertimos de que su verdadero alcance dependerá de la financiación, de su aplicación en las comunidades autónomas y de las condiciones laborales de quienes prestan los cuidados. Porque ampliar derechos exige también más profesionales, mejores salarios y jornadas dignas.

La nueva Ley de Dependencia supone un paso importante en la manera de entender los cuidados. Ya no se trata solamente de atender a las personas cuando necesitan ayuda, sino de ofrecerles los apoyos necesarios para que puedan decidir sobre su vida, mantener sus relaciones personales y seguir participando en la sociedad.

Pero una ley no cambia por sí sola la realidad de las personas. Para que los derechos se cumplan hacen falta recursos, servicios públicos de calidad y profesionales suficientes. Por eso es importante conocer qué cambia, qué oportunidades se abren y qué cuestiones tendremos que seguir defendiendo desde el ámbito sindical.

La reforma entra en vigor el 23 de octubre de 2026, aunque algunas de sus medidas necesitarán desarrollo posterior para aplicarse plenamente.

Estos son los seis cambios más relevantes.

1. Poder decidir dónde y cómo queremos vivir

Una de las ideas más importantes de la nueva ley es que necesitar cuidados no significa perder el derecho a decidir. Una persona puede necesitar ayuda para levantarse, vestirse, comer o desplazarse y, sin embargo, seguir teniendo sus propios gustos, costumbres y preferencias. Puede querer vivir en su casa, mantener sus amistades, continuar haciendo las cosas que le gustan o decidir cómo organiza su día.

Pensemos en una persona mayor que lleva cuarenta años viviendo en el mismo barrio. Conoce a sus vecinos, tiene su farmacia, sus tiendas y sus lugares habituales. Si empieza a necesitar ayuda, lo razonable es intentar que pueda seguir viviendo allí, si ese es su deseo y existen las condiciones adecuadas para hacerlo. Y si vive en una residencia, también tiene derecho a que se respeten sus decisiones, su intimidad y su manera de vivir. Los cuidados tienen que adaptarse a las personas, no al revés.

La ley refuerza esa capacidad de decisión. La persona debe participar en la elección de los apoyos que recibe y en la elaboración de su Programa Individual de Atención, que es el documento donde se concretan los servicios y prestaciones que necesita. Pero para poder elegir hacen falta alternativas. De poco sirve decirle a alguien que puede vivir donde quiera si después no existen servicios suficientes para atenderlo en su domicilio. Ahí está uno de los grandes retos: que la libertad de elegir sea una posibilidad real y no dependa del dinero que tenga cada familia.

2. La teleasistencia se convierte en un derecho

La teleasistencia es uno de los cambios más claros. La nueva ley reconoce el derecho a recibirla a todas las personas con dependencia reconocida, independientemente de su grado y aunque ya tengan otros servicios. Esto significa que una persona que recibe ayuda a domicilio, por ejemplo, puede disponer también de teleasistencia. No tiene que elegir entre una cosa y otra.

Y estamos hablando de algo más que llevar un botón colgado del cuello para pedir ayuda si ocurre una emergencia. La teleasistencia puede servir para detectar situaciones de riesgo, ofrecer apoyo continuado o intervenir cuando una persona se encuentra sola o necesita atención. Las nuevas tecnologías pueden ayudar mucho, especialmente en las zonas rurales, donde a veces las distancias hacen más difícil acceder a determinados servicios.

Pero conviene no confundir tecnología con cuidados. Detrás de una llamada tiene que haber alguien que responda, que escuche y que sepa qué hacer. Y, cuando sea necesario, profesionales que puedan intervenir. La tecnología puede aportar seguridad y mejorar la atención, pero no sustituye una conversación, una visita o el acompañamiento de otra persona. Para que este derecho funcione necesitamos servicios bien organizados, profesionales suficientes y una teleasistencia accesible para todo el mundo.

3. Más servicios para vivir con autonomía

La ley amplía las posibilidades de recibir cuidados. Incorpora nuevos servicios de asistencia personal, apoyos en viviendas y productos que facilitan la autonomía. La idea es que no todas las personas necesitan lo mismo y, por tanto, no todas tienen que recibir la misma respuesta. Durante demasiado tiempo hemos organizado buena parte de la atención alrededor de un número limitado de recursos. Esta reforma intenta abrir más posibilidades.

Por ejemplo, una persona con dependencia puede necesitar asistencia personal para acudir a una actividad, estudiar, trabajar o simplemente desarrollar su vida cotidiana. Otras personas pueden preferir vivir en una vivienda compartida, con apoyos profesionales, en lugar de hacerlo en un centro residencial tradicional. También se contempla facilitar productos de apoyo que permitan desenvolverse mejor en casa y que, en determinados casos, hagan más seguro el trabajo de quienes cuidan.

Es un cambio interesante porque reconoce que cuidar no consiste únicamente en hacer por alguien aquello que no puede hacer. Consiste en ayudarle a conservar sus capacidades, tomar decisiones y participar en la sociedad. Ahora tendremos que comprobar cómo se ponen en marcha estos servicios, quién puede acceder a ellos y con qué profesionales van a contar. Porque ampliar las posibilidades de atención no debería significar trasladar nuevas responsabilidades a las familias, que ya asumen una parte muy importante de los cuidados, especialmente las mujeres.

4. Los cuidados salen de casa y se acercan a la vida cotidiana

Hay otro cambio que puede parecer pequeño, pero que tiene bastante importancia. La ayuda a domicilio ya no se concibe únicamente como las tareas y atenciones que se realizan dentro de una vivienda. La ley reconoce expresamente que puede prestarse en el entorno comunitario próximo. Dicho de manera sencilla: cuidar a una persona puede significar ayudarla a seguir participando en la vida de su barrio.

Imaginemos a alguien que necesita apoyo para salir de casa, acudir a una actividad o mantener sus relaciones sociales. No tiene mucho sentido que reciba ayuda para vestirse y desayunar, pero que después tenga que pasar todo el día encerrado porque no puede salir sin acompañamiento. Con esta reforma se abre la posibilidad de organizar una atención más conectada con la vida cotidiana. Los centros de día también podrán prestar determinados apoyos fuera de sus instalaciones, incluso en los domicilios próximos.

Esto nos obliga a pensar de otra manera cómo organizamos los servicios. Acompañar a una persona fuera de su casa requiere tiempo, desplazamientos y, dependiendo de sus necesidades, una atención diferente. Es una oportunidad para mejorar los cuidados, pero tendremos que asegurarnos de que esas nuevas actividades se organicen con recursos y profesionales suficientes. No podemos pedir a las trabajadoras que hagan más cosas en el mismo tiempo, porque entonces una buena idea puede terminar convirtiéndose en una nueva sobrecarga laboral.

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