El 21 enero de 2017 asesinaron a Xavier y David en acto de servicio mientras desempeñaban funciones rutinarias de control cinegético. En ese momento y con una mezcolanza de hastío, miedo, rabia contenida e indignación, todo el colectivo a lo largo y ancho de la geografía española hizo la misma pregunta a los responsables técnicos de sus respectivas Administraciones: nosotros protegemos la naturaleza, pero ¿quién nos protege a nosotros? Por respuesta obtuvimos grandilocuentes promesas que el paso del tiempo fue desvaneciendo.
Necesitábamos seguridad en el trabajo, y los técnicos al mando, en la mayoría de las ocasiones, ni estaban ni se les esperaba.
Llamamos a la puerta de los partidos políticos y algunos nos abrieron. De la mano de Jaume Moya y Sara Vila, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, se registraron en el Congreso en 2017 la Proposición de Ley Básica Estatal de los Agentes Forestales y la Seguridad Medioambiental, y en el Senado en 2018 la Proposición de Ley Básica de Agentes Forestales. Ambas proposiciones decayeron al finalizar la legislatura tras la moción de censura.
A finales de 2018, el nuevo Gobierno salido de las urnas, inicia los trámites para la elaboración de un Proyecto de Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales: consulta pública, consulta a ministerios implicados, puesta en común con las Comunidades Autónomas y representantes del colectivo, Conferencia sectorial, Consejo de Estado, Consejo de ministros y finalizar con la remisión a Cortes Generales en marzo de 2023 del Proyecto de Ley Básica de agentes forestales y medioambientales. Proyecto que decayó tras el anuncio de anticipo electoral.
Tras las elecciones y conformación del Gobierno, el 5 de marzo de 2024 el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), aprobó la remisión a Cortes Generales del precitado Proyecto de Ley Básica de agentes forestales y medioambientales. En dicho proyecto en su paso por Ponencia, Comisión y Pleno, se han introducido varias enmiendas que mejoran el texto, dotando de una mayor seguridad jurídica y física en el desempeño de las funciones de policía, custodia y vigilancia del medioambiente que los Agentes Forestales y Medioambientales llevan desempeñando desde hace 147 años en nuestro país; se refuerza la consideración como policía administrativa especial y policía judicial genérica; también destacamos las disposiciones sobre formación, medios de defensa y prevención de riesgos laborales, sin olvidarnos del reconocimiento de servicio público de carácter esencial y de interés social, así como de la igualdad de género en un colectivo tan masculinizado. En definitiva, es una ley que regula la profesión a nivel nacional, una necesidad demandada durante años por los 6.000 funcionarios y sus organizaciones representativas.
Desde UGT queremos agradecer a todos los partidos políticos que han apoyado y defendido varias enmiendas de mejora, especialmente la inclusión en el texto del mandato legal, para que en el plazo de tres meses se apruebe un Real Decreto que anticipe la edad de jubilación mediante el establecimiento de coeficientes reductores en atención a la peligrosidad y penosidad de su trabajo.
Ahora continúa el trámite en el Senado y, coincidiendo con el Día Mundial del Guardaparques el 31 de julio, deseamos que con la mayor celeridad posible se lleve directamente al Boletín Oficial del Estado, para, ya sí, dotarnos de la seguridad laboral necesaria mediante la primera ley constitucional, de la democracia, que establece un mínimo común denominador, un régimen jurídico básico para la profesión en todos los territorios y administraciones de España.
