Ana Francés, secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT Servicios Públicos ha denunciado el importante varapalo que supone para el sector de Ayuda a Domicilo, el Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre. La responsable sindical ha realizado esas declaraciones en el seminario “Cómo Liberar el Potencial de los Asistentes Sanitarios”, organizado por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU). Esta jornada se ha celebrado hoy en el Ministerio de Sanidad. Este evento ha contado con la participación de UGT Servicios Públicos y CCOO, que han actuado de anfitriones. La jornada ha reunido a representantes de trece países de la Unión Europea para debatir sobre el papel crucial de las Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs).
El acto de apertura estuvo presidido por Celia Gómez, directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad; Julio Lacuerda, Secretario General de UGT Servicios Públicos; Humberto Muñoz, Secretario General de FSS-CCOO; Alba Llop-Gironés, representante de la OMS y Adam Rogalewski, responsable de Políticas de Salud de la EPSU.
La jornada contó con una Mesa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, con la participación Silvia Termerón Cuadrado, técnico del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo. Silvia desglosó en su ponencia los riesgos psicosociales a los que se enfrentan las gerocultoras en las residencias y las Auxiliares de Ayuda a Domicilio en el SAD.
Sobre la situación de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio, Ana Francés, responsable de Salud y Dependencia de UGT Servicios Públicos, ha señalado que este colectivo ha recibido un importante varapalo con el Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar. “UGT, ha añadido la responsable, ha apostado siempre por la profesionalización del sector desde el nacimiento de la Ley de Dependencia y considera que incluir a las auxiliares de ayuda a domicilio en la misma regulación que las empleadas domésticas, supone un claro retroceso”.
El problema de este real decreto es que en la misma regulación a un colectivo, el de ayuda a domicilio, que ya está regulado por la legislación común y cuenta con un ámbito de negociación propio donde están representadas las empresas especializadas en la prestación de estos servicios y los sindicatos, con un convenio específico.
Francés denuncia que, sin embargo, “el Gobierno no aborda algunas de las mayores lacras del sector, como son la infrafinanciación y la ley de desindexación de la economía española. En un sector, cuyo elemento principal es la mano de obra, los problemas de la contratación pública y su correcta ejecución son acuciantes.”
Según señala la responsable sindical, los dos principales problemas son, por una parte, la imposibilidad de revisar sus precios cuando se produce una modificación al alza de los costes laborales (firma de un nuevo convenio, subida del SMI o cotizaciones sociales, etc.) limita y empeora las condiciones laborales de las trabajadoras y, por otra parte, el establecimiento de un precio de licitación que no garantiza ni la calidad del servicio a prestar, ni los costes laborales del convenio aplicable en el mismo.
En un contexto de mayor envejecimiento de la población, desde UGT Servicios Públicos inciden en la necesidad de avanzar hacia un modelo que pueda fomentar el cuidado a domicilio, pero siempre en manos de profesionales bien formados y cualificados con condiciones laborales y salariales dignas.
