Este mes de abril, desde UGT Servicios Públicos queremos situar en el centro del debate social, sindical e institucional una cuestión decisiva para la vida digna de la clase trabajadora: el derecho efectivo a la vivienda.
Vivimos un tiempo marcado por profundas desigualdades sociales, económicas y territoriales. El aumento de los precios del alquiler y de la compra, la escasez de vivienda pública, la expansión de la especulación inmobiliaria, la presión turística en numerosas ciudades y territorios, y la insuficiencia de políticas públicas sostenidas están convirtiendo el acceso a la vivienda en uno de los principales factores de exclusión, empobrecimiento e inseguridad vital para amplias capas de la población.
Como organización sindical de clase, feminista e internacionalista, afirmamos con claridad que la vivienda no puede seguir tratándose como un bien de mercado sometido exclusivamente al lucro, a la rentabilidad y a la lógica especulativa. La vivienda es un derecho humano básico y una condición material imprescindible para ejercer otros derechos: el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a los cuidados, a la seguridad, a la autonomía personal y a una vida libre de violencia.
Para UGT Servicios Públicos, hablar de vivienda es hablar también de servicios públicos. No puede haber servicios públicos fuertes, accesibles y de calidad si las trabajadoras y los trabajadores que los sostienen no pueden vivir en condiciones dignas en los territorios donde prestan servicio. No puede haber cohesión social si quienes cuidan, enseñan, curan, acompañan, protegen, atienden o sostienen la administración pública son expulsados de los lugares donde trabajan por los precios abusivos de la vivienda o por la falta de oferta residencial asequible.
Las personas trabajadoras de los servicios públicos conocen de primera mano el impacto de la desigualdad, la precariedad y la desprotección. Lo ven cada día en los centros de salud, en los colegios, en los servicios sociales, en los dispositivos de atención a la violencia de género, en la atención a personas mayores, en emergencias, en justicia, en empleo, en dependencia y en tantos otros espacios esenciales. Pero también lo sufren en su propia vida cotidiana cuando no pueden emanciparse, cuando tienen que destinar una parte desproporcionada de sus salarios al alquiler, cuando se ven obligadas a recorrer largas distancias para acudir a su puesto de trabajo o cuando no pueden aceptar destinos profesionales por no encontrar una vivienda accesible.
En muchos territorios, especialmente en zonas tensionadas, áreas metropolitanas, islas, enclaves turísticos, territorios fronterizos o localidades con fuerte presión del mercado, cada vez resulta más difícil cubrir plazas públicas y consolidar plantillas porque las personas trabajadoras no encuentran alojamiento digno y asequible. Esta realidad afecta a la calidad del servicio que recibe la ciudadanía y repercute directamente en la continuidad asistencial, educativa, social y administrativa. La falta de vivienda asequible no es solo un problema residencial: es ya un problema laboral, de organización de los servicios públicos y de vertebración territorial.
Esta situación golpea con especial dureza a las mujeres. Las desigualdades estructurales del mercado laboral, la segregación ocupacional, la parcialidad no deseada, la temporalidad, la brecha salarial y la sobrecarga de los cuidados limitan más intensamente su autonomía económica y su capacidad real de acceso a la vivienda. Las familias monomarentales, las trabajadoras con salarios bajos, las mujeres jóvenes, las trabajadoras de sectores feminizados y las víctimas de violencia de género se enfrentan a mayores barreras para encontrar una vivienda segura, estable y adecuada. Por eso defendemos que cualquier política de vivienda debe incorporar de manera efectiva una perspectiva feminista.
Del mismo modo, las personas migrantes afrontan mayores riesgos de exclusión residencial, discriminación en el acceso, explotación económica, hacinamiento y desprotección. Desde el sindicalismo de clase defendemos el derecho a migrar de forma segura, con igualdad de derechos laborales y sociales, libertad sindical y acceso real a la protección social. Ninguna persona puede quedar condenada a la infravivienda, a la segregación residencial o al abuso por razón de su origen, situación administrativa o vulnerabilidad económica. La vivienda digna debe formar parte inseparable de una política democrática de acogida, integración e igualdad.
También reclamamos una atención reforzada para las personas en situación de especial vulnerabilidad: mujeres víctimas de violencia machista, infancia, juventud sin apoyo familiar, personas mayores, personas con discapacidad, hogares monomarentales, personas sin hogar, solicitantes de protección internacional y personas trabajadoras empobrecidas. Una sociedad democrática no puede normalizar que quienes más necesitan protección pública tengan más dificultades para acceder a una vivienda segura.
