UGT Servicios Públicos ha trasladado hoy en Bruselas su preocupación por las condiciones laborales y por el futuro del sector de la ayuda domicilio, en el encuentro de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU) “Building Company Networs in Social Care: Domus Vi (LTC) and Dibber (ECEC)”
Durante su intervención en esta reunión que trata de la construcción de redes de empresas de asistencia social, Ana Francés, responsable de Salud y Dependencia de UGT Servicios Públicos ha señalado que el colectivo de trabajadoras de ayuda al Domicilio ha recibido un importante varapalo con el Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regular la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar. La organización ha apostado por la profesionalización del sector desde el nacimiento de la Ley de Dependencia y considera que incluir a las auxiliares de ayuda a domicilio en la misma regulación que las empleadas domésticas, supone un claro retroceso.
El sindicato considera un avance en la protección de las empleadas de hogar y lo valora positivamente, aunque entiende que este Real Decreto confunde ámbitos laborales y profesionales muy distintos. El gobierno ha generado un problema pues, lejos de diferenciar, como se reclama desde UGT, los ámbitos laborales y profesionales tan distintos de las empleadas domésticas y de las auxiliares de ayuda a domicilio, ha incluido en la misma regulación a un colectivo, el de ayuda a domicilio, que ya está regulado por la legislación común y cuenta con un ámbito de negociación propio donde están representadas las empresas especializadas en la prestación de estos servicios y los sindicatos, con un convenio propio.
Sin embargo, el Gobierno no aborda algunas de las mayores lacras del sector, como son la infrafinanciación y la ley de desindexación de la economía española. En un sector, cuyo elemento principal es la mano de obra, los problemas de la contratación pública y su correcta ejecución son acuciantes. Los dos principales problemas son, por una parte, la imposibilidad de revisar sus precios cuando se produce una modificación al alza de los costes laborales (firma de un nuevo convenio, subida del SMI o cotizaciones sociales, etc.) limita y empeora las condiciones laborales de las trabajadoras y, por otra parte, el establecimiento de un precio de licitación que no garantiza ni la calidad del servicio a prestar, ni los costes laborales del convenio aplicable en el mismo.
Desde un contexto de mayor envejecimiento de la población, desde UGT Servicios Públicos, inciden en la necesidad de avanzar hacia un modelo que puede fomentar el cuidado a domicilio, pero siempre en manos de profesionales bien formados y cualificados.
