Frederic Monell, secretario de Organización de UGT Servicios Públicos, ha intervenido en la Asamblea de delegados que ha tenido lugar este martes en la sede de Avenida de América del sindicato en Madrid. Monell ha respondido a una serie de preguntas sobre los hitos que han marcado la Negociación colectiva en el último periodo, resaltando las líneas en las que UGT seguirá incidiendo:
El Acuerdo denominado “para una Administración del siglo XXI” suscrito por UGT SERVICIOS PÚBLICOS en octubre de 2022. Incluye unos incrementos retributivos que puede alcanzar el 10 % en 3 años (2022-2024). Transcurrido un año ¿qué valoración se hace?
Positiva, por varias circunstancias:
- Por primera vez en la historia presupuestaria se modificó en el año 2022 la previsión inicial en materia retributiva, pasando del 2% al 3,5% con carácter retroactivo y acumulable.
- El grueso de los incrementos es retribuciones fijas. Pero, además, los incrementos variables están ligados a criterios económicos muy claros (IPC y PIB), que probablemente se cumplan (los de 2023, muy posiblemente).
- Cuando suscribimos el Acuerdo, la inflación se situaba, con muchas oscilaciones, en torno al 10%, mientras que en la actualidad se sitúa en el 1,9%. Esto provoca que un Acuerdo surgido con la intención de amortiguar y paliar en la medida de lo posible el alto coste de la vida, a fecha de hoy, si continuamos en la senda de actual crecimiento (4,2 PIB) y control de la inflación, podríamos llegar a hablar de un Acuerdo que va a suponer recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos.
- En cualquier caso, es preciso aludir la importancia de un Acuerdo retributivo que, de desarrollarse plenamente, va su poner un desembolso de 14.000 millones de euros en 3 años.
La temporalidad en el Sector Público se sitúa aún por encima del 30% ¿Cómo se están desarrollando los procesos de estabilización para su reducción y poder cumplir el objetivo del 8% fijado por el Gobierno en la Ley 20/2021?
Efectivamente, los datos de la EPA, SEPES, el Boletín Estadístico de Personal del Ministerio de Hacienda y Función Pública, reflejan datos preocupantes con respecto a la temporalidad del empleo público. Pero consideamos que esta situación está en vías de solución. Y para ello me remito a los datos que el propio Ministerio de Hacienda nos ha trasladado recientemente:
- Se han ofertado 542.957 plazas temporales; se han convocado 480.824 y se ha cubierto definitivamente 125.961 plazas. Son buenos datos sí, además, tenemos en cuenta que las Administraciones Públicas tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2024, (falta un año y medio) para el pleno desarrollo de estos procesos de estabilización.
- Destacando las 110.905 plazas ofertadas en la Administración Local; las 174.918 en Sanidad; las 132.813 en Enseñanza y las 16.061 en Justicia.
Además, conviene recordar que las últimas OPES aprobadas en virtud del Acuerdo, están generando la creación de empleo público neto en el conjunto del sector público, empleo público estable. Pues en virtud del Acuerdo se modificó la normativa, en vigor desde julio de 2022 (acotando y casualizando los supuestos en que debe concurrir la contratación temporal), que va a impedir la generación de nueva temporalidad irregular.
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y la Ley desindexación, están incidiendo negativamente en la negociación colectiva y las condiciones socioeconómicas y profesionales de los sectores que concurren a la contratación pública ¿Qué propuestas planteamos para corregir dicha situación?
Conviene no engañarse, salvo contadas excepciones, el precio continúa siendo el factor clave en la mayoría de las concesiones y contrataciones Públicas. Esto, ligado a los negativos efectos de la Ley 2/2015 de desindexación, está generando los niveles más bajos de calidad y seguridad jurídica en la contratación pública.
Sus efectos están dinamitando la posibilidad de la negociación colectiva y aumentado la conflictividad laboral, lo que ha favorecido el empobrecimiento de las condiciones laborales y económicas de las plantillas, y esto está generando una disminución en la calidad de los servicios concertados, dotándolos de menos medios humanos y materiales.
Ha incentivado la mala praxis empresarial como única forma de supervivencia, abriendo el mercado de la contratación pública a Empresas y Utes sin arraigo profesional ni interés social en los sectores de referencia y empeorando la calidad de los servicios.
La situación en España es grave, estamos sufriendo una concatenación de niveles muy altos de inflación que se han mantenido durante varios años, los precios de la energía, el combustible o las materias primas se han disparado, hemos superado una pandemia y estamos inmersos en una situación de guerra que genera incertidumbre y todo esto hemos de afrontarlo con una legislación que nos impide modificar los contratos y adaptarlos a las circunstancias del mercado, por lo que nuestros servicios se resienten más que en cualquier otro país, generan más conflictividad y los recursos aportados no crean empleos ni producen servicios de calidad.
Por ello, Urge modificar la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público para que no condicione negativamente a la negociación colectiva.
Su inclusión en el V AENC supone un paso importante, pues gran parte de nuestros sectores dependen de la contratación pública, cuyo marco normativo presenta carencias en materia social y laboral. Circunstancia que nos lleva a exigir su modificación, priorizando en:
- Blindar la negociación colectiva, garantizando que los precios de las concesiones respeten, en todo caso, los costes laborales derivados de la negociación colectiva, así como sus posibles variaciones sobrevenidas en el tiempo.
- Legitimar a los Sindicatos más representativos para formar parte de las Juntas consultivas de contratación y la posibilidad de plantear consultas a las mismas.
No obstante, hasta que esto se produzca, instó a que en los distintos territorios se impulsen iniciativas similares a los Acuerdos que, sobre esta materia, se han adoptado en la Comunitat Valenciana, en tanto que una buena práctica sindical.
