La Administración General del Estado (AGE) se enfrenta a un desafío de enorme envergadura: el envejecimiento de sus plantillas y la oleada de jubilaciones que se avecina en la próxima década.
Según datos oficiales del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas (BEDSAP) de enero de 2025, el 57% de los efectivos tiene 50 años o más, mientras que solo un 20% es menor de 40. A pesar del ligero rejuvenecimiento observado en los últimos años —la edad media del personal ha bajado por primera vez en una década de los 50 años, situándose en 49,89—, la tendencia general sigue siendo preocupante. El grueso del empleo público en la AGE está envejecido, destacando especialmente el personal funcionario de carrera del grupo C2, donde el 78,7% tiene 50 años o más.
Además, estamos ante un panorama marcado por las jubilaciones masivas. El “Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas de la AGE 2025 y proyección futura a 2035”, elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, alerta de que en los próximos diez años casi la mitad de la plantilla actual (49,53%) se jubilará, lo que supondrá la pérdida de 89.690 efectivos. En el caso del personal funcionario de carrera, la cifra asciende a 67.448 jubilaciones (49,67%), con especial impacto en los subgrupos C2 (74,92% y 15.979 bajas). Para el personal laboral fijo, la situación es aún más grave: 22.242 bajas (57,68%), con colectivos muy envejecidos como el E1, que perderá casi el 80% de su plantilla actual.
A esta situación se suma la dificultad en la aplicación de la jubilación parcial, que obliga al personal que desearía acogerse a alargar su permanencia en activo a la vez que frena la incorporación de nuevas generaciones a través de contratos de relevo, perdiéndose así una oportunidad para el rejuvenecimiento de las plantillas y la transmisión eficaz del conocimiento.
Por tanto, si no se adoptan medidas urgentes, la AGE corre el riesgo de perder en pocos años una parte sustancial de su capital humano y de su experiencia acumulada, lo que puede afectar gravemente a la calidad de los servicios públicos que presta a la ciudadanía.
Este envejecimiento y la falta de relevo generacional en la AGE son fruto de políticas de personal inadecuadas y sostenidas en el tiempo:
- La crisis del 2008 ocasionó que durante años las de tasas de reposición de efectivos fueran muy restringidas, lo que impidió la convocatoria de oposiciones suficientes para remplazar las numerosas jubilaciones.
- La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) impide la eliminación de esta tasa de reposición de efectivos que se ha aplicado durante décadas, tal y como anunció el Gobierno que haría a partir de la OEP 2025, lo que mantiene limitada la capacidad de creación de empleo, frenando el necesario rejuvenecimiento de las plantillas.
- La lentitud a la hora de ejecutar las Ofertas de empleo público y la falta de medidas claras y contundentes para la agilización de los procesos selectivos hace que las necesidades de personal que había cuando se planificaron no sean las mismas que cuando se incorpora el personal, haciendo muy complicada la territorialización de las plazas.
- La falta de incentivos y condiciones competitivas para atraer jóvenes cualificados ha reducido la entrada de nuevas generaciones. Esto se ve agravado con una carrera profesional en la AGE endeble, en la que la carrera horizontal aún no se ha desarrollado, que no logra retener el talento.
Todo ello trae consecuencias para la ciudadanía, ya que esta falta de planificación amenaza con tener un fuerte impacto en los servicios públicos que dependen de la Administración del Estado, puesto que la sobrecarga de trabajo para quienes permanezcan en activo tendrá repercusiones directas en la calidad del servicio público y en la salud laboral.
Sin duda, la solución pasa por apostar decididamente por el empleo público. Desde UGT-Servicios Públicos llevamos años reclamando un plan estratégico plurianual de recursos humanos en la Administración General del Estado que garantice el relevo generacional, el equilibrio entre experiencia y juventud, y el fortalecimiento de los servicios públicos. Este plan debe incluir:
- La eliminación de la tasa de reposición, que actúa como un tapón al crecimiento del empleo público.
- Convocatorias adecuadas y planificadas de oposiciones adaptadas a las proyecciones de jubilaciones de cada tipo de personal, cuerpo y especialidad.
- Programas de atracción de talento joven con mejores condiciones laborales.
- El diseño de una carrera profesional sólida que incentive y permita el crecimiento al personal de la AGE, con el desarrollo de la carrera horizontal, que permita retener el talento.
- La transferencia de conocimiento intergeneracional, garantizando que la salida de miles de profesionales con experiencia no suponga una pérdida irreparable.
La Administración General del Estado es el pilar sobre el que se sostiene el funcionamiento de los servicios públicos. La falta de previsión y la inacción política pueden llevar a un vaciamiento progresivo de plantillas, debilitando la capacidad del Estado para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
La solución está clara: invertir en empleo público estable y de calidad. Sólo así se garantizará un relevo generacional, se preservará el conocimiento acumulado y se fortalecerán los servicios públicos que son la base de la cohesión social y la igualdad.
Desde UGT-Servicios Públicos lo decimos alto y claro: no podemos permitirnos perder casi a la mitad de la plantilla de la AGE en la próxima década sin un plan de renovación ambicioso y eficaz. El futuro de los servicios públicos está en juego.
