Un paso decisivo en las condiciones laborales de las trabajadoras de dependencia

El desarrollo de los servicios públicos que atienden a las personas en situación de dependencia es uno de los grandes retos de los sistemas de bienestar. En el caso español la atención a las personas en situación de dependencia experimenta un salto cualitativo en el momento en que entra en vigor la Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia), que establece un importantísimo derecho para la ciudadanía: el derecho de todas las personas a ser atendidas en condiciones de igualdad por el sistema público estatal de dependencia (SAAD), en los casos en que la Administración vea reconocida dicha situación de dependencia. 

La Ley de Dependencia supuso, además, un importante salto cualitativo desde la perspectiva de las Administraciones Públicas, al requerir la participación y coordinación de todas ellas, fundamentalmente de la Administración General del Estado y de las Administraciones autonómicas, para articular, desarrollar y homologar un sistema público de dependencia con pretensiones de igualdad y de calidad. Dicho sistema se halla en construcción permanente y ha atravesado por vicisitudes relevantes. 

La asunción de las prestaciones de dependencia –también llamadas cuidados de larga duración- por parte del Estado ha significado, por un lado, visibilizar el ámbito de los cuidados de la esfera privada, evidenciando que es en las familias donde descansa la mayor parte de la atención de estos cuidados y, dentro de ellas, son las mujeres las responsables de prestarlos.

Por otro lado, ha implicado asumir la responsabilidad de la prestación del cuidado por el Estado, articulando una importante cantidad de recursos humanos, mujeres, en su mayoría, que serán las que ejecuten las políticas públicas del cuidado. 

El Acuerdo al que se ha llegado en la Mesa del Diálogo Social es importante porque recoge las demandas, en relación con el empleo, que desde el 2016 hemos venido haciendo desde la FeSP-UGT. Hemos trasladado estas demandas tanto al Defensor del Pueblo en dos ocasiones, como al Gobierno anterior, como al actual Secretario de Estado y como a las autoridades responsables de la gestión del SAAD en las diferentes CCAA. Considerábamos que era necesario una profunda revisión del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, con el fin de garantizar la calidad de las prestaciones, lo cual requiere, entre otros factores:

– Un discurso sólido de SAD como servicio público y de calidad, en términos similares al de SALUD (y más en los casos en que sea un derecho subjetivo) que valore la importancia de la implicación de los servicios públicos en la profesionalización de los cuidados

 

Una planificación que garantice un sistema coordinado en todas las comunidades, con dotación presupuestaria suficiente que garantice la sostenibilidad del sistema y la cobertura de las necesidades, avalando que se respetan los derechos y condiciones laborales de las trabajadoras en todo el estado, sin diferencias entre comunidades.

 

Condiciones laborales dignas y salarios adecuados evitando el sesgo de género por el que los cuidados se consideran menos importantes y especializados que otros trabajos.

La coordinación entre los servicios sociales, de salud, con dotación económica suficiente, así como plantillas en la administración pública que puedan responder a las demandas de las personas dependientes, licitación de expedientes, seguimiento de los servicios, supervisión de condiciones de ejecución y coordinación.

 

Durante estos años, a través de la negociación colectiva, la acción sindical, la realización de estudios, presión en los medios, se ha realizado una constante labor de reivindicación para alcanzar las condiciones adecuadas para garantizar una adecuada atención en dependencia, así como para lograr condiciones dignas laborales para un sector mayoritariamente femenino. 

La firma del acuerdo en la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia para implementación del SAAD, supone un paso importante en este proceso porque recoge una parte importante de las reivindicaciones que planteamos y supone un cambio en el marco de negociación del empleo.

 

A continuación, subrayamos los puntos referidos a las materias laborales, así como al análisis desde la perspectiva de género en el SAAD.

 

1.-Hacer una revisión profunda del impacto de género en las actuales políticas de cuidados. El acuerdo recoge la importancia de evaluar las distintas variables de funcionamiento del SADD e incorpora el análisis desde la perspectiva de género. Es preciso señalar que la asunción de tales cuidados como una prestación pública constituye un notable avance al considerarse estos cuidados como un elemento valioso y merecedor de una protección relevante, máxime en los casos en los que parte de esta protección alcanza el carácter de derecho subjetivo de los ciudadanos (ej. prestaciones de dependencia en España). Se trata, pues, de un proceso en el que los cuidados antes informales –‘naturalmente’ invisibles- salen a la luz, y pasan a ser reconocidos como públicos y prestados en un entorno institucionalizado y formal. 

Sin embargo cuando los cuidados son institucionalizados, son las  mujeres, las que en abrumadora mayoría las que desempeñan estos trabajos, produciéndose la masculinización exclusivamente en los niveles más altos de los diferentes ámbitos de actividad. Así, por ejemplo, en el ámbito de los centros residenciales o de los cuidados a domicilio, más del 90% de las trabajadoras que prestan el servicio directo al usuario son mujeres, incrementándose de modo notable la masculinización en los cuadros de mando y, en menor medida, en los cuadros técnicos. Sin embargo, la formalización de este sector del cuidado únicamente ha servido para constatar la perpetuación de la minusvaloración social: (1) siguen siendo empleos de baja calidad, baja retribución y de escasas posibilidades de promoción profesional; (2) ocupan las últimas categorías profesionales de su respectivo escalafón o convenio; (3) la posibilidad de mejora sólo se encuentra fuera del sector, ya que la formación ocupacional –sumamente escasa- no contribuye a acceder a mejoras sustanciales. 

 

2.-La realización de una evaluación del funcionamiento del SAAD durante el 2021, especialmente los centros residenciales que han sido muy golpeados por la pandemia de la Covid-19. En el marco de esta evaluación se realizará una revisión profunda del impacto de género en las actuales políticas de cuidados ( en torno al 90% son trabajadoras). 

 

3.-Nuestra reivindicación de que no puede haber calidad en la atención sin calidad en el empleo, consecuencia de esto es la inclusión de una serie de medidas que veníamos demandando como por ejemplo mejores ratios entre profesionales y usuarios, adecuar estas ratios mínimas al acuerdo del Consejo del IMSERSO de 2008 para la acreditación de residencias, transposición de las medidas a la legislación de las CCAA, esto mejorará tanto la calidad de la atención como las condiciones laborales de las trabajadoras, este compromiso se recoge en el acuerdo entre los objetivos prioritarios. El documento del acuerdo hace referencia en repetidas ocasiones y como objetivo prioritario a “asegurar las condiciones laborales y profesionales adecuadas de las personas que trabajan en el SAAD”.

 

 4.-  En cuanto al empleo se recoge el compromiso de analizar las aportaciones del sistema de cuidados y en concreto del SAAD, a magnitudes como el PIB del país, determinar los retornos directos, indirectos e inducidos del sistema al erario público y determinar la generación del empleo

 

5. Aumento de la financiación por parte de la AGE recuperando el nivel acordado, se cuantifican 600 millones para el 2021, con un compromiso de continuar el aumento en el 2022 y en el 2023. Una parte de esta cantidad deberá repercutir en las condiciones laborales de las trabajadoras. 

 

6. Mantenimiento de la prima del actual sistema a favor de la prestación de servicios sobre prestación económica. 

 

7. Atención a la formación. En “el proyecto de Presupuestos Generales para el 2021 se incluye un programa para la capacitación del personal en el modelo de atención centrado en la persona en los servicios residenciales y domiciliarios, y un plan de mejora de la formación orientada hacia el cambio de modelo de atención y la capacitación tecnológica”. La inversión es de 25 millones de euros y se desarrollará entre el 2021 y el 2023.

 

 8. Los convenios bilaterales entre la AGE y las CCAA incluirán referencias a: a. Ratios efectivos en cada CA, mínimos exigibles según el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación del SAAD de 2008. b. Inclusión en los pliegos de concierto de la garantía de cumplimiento del convenio colectivo sectorial. c. Incremento de precios vinculados a la mejora de los estándares de calidad en la atención y el empleo (estabilidad, porcentaje mínimo de jornada a tiempo parcial). d. Transposición a la normativa autonómica de los requisitos de empleo establecidos en el Acuerdo de Acreditación de centros y Servicios aprobados por el Consejo Territorial del SAAD de 19 de octubre de 2017 (profesionalización de las gerocultoras). 

 

9. Permitir que los Planes de Individuales puedan ser modificados en función de las circunstancias de las personas (ingresan con un nivel más bajo de dependencia y no se modifica, aunque el usuario o usuaria haya aumentado de forma notable el grado de dependencia, esto es importante para adecuar las ratios con los niveles de dependencia).

 

10. La Mesa del Dialogo Social acordará unas propuestas para la revisión del Acuerdo de Acreditación de centros y servicios del SAAD, se incluirán las mejoras necesarias para mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellos, para paliar la insuficiencia en el número de profesionales y la estimación de las previsiones de los profesionales necesarios en los próximos años. Entre la adopción de las medidas necesarias se incluye el refuerzo de las inspecciones, algo que desde la FeSP-UGT veníamos demandando. 10. Continua pendiente la regulación de la figura del asistente personal. 

 

11. En el 2021 la Mesa de Diálogo Social propondrá estrategias de coordinación socio-sanitaria en el marco del SAAD, también esto ha sido demandado por la FeSP-UGT durante la pandemia de la Covid-19 especialmente.

 

12. La propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluirá transferencia de recursos a las CCAA para hacer frente a la Covid-19 con la adquisición de EPIs, pruebas diagnósticas y gastos relacionados con la adaptación de la prestación de los servicios a los requisitos de seguridad para la protección de profesionales y personas atendida

 

Por último, subrayar la importancia del dialogo social, en el que UGT es un interlocutor que representa las voces de miles de trabajadoras y trabajadores con capacidad para trasladar la realidad de un sistema de protección fundamental para garantizar los derechos de cuidado de las personas que así lo requieren. 

 

 LUZ MARTÍNEZ TEN Sª de Mujer y Políticas Sociales FeSP UGT