UGT Servicios Públicos alerta de un retroceso en la protección de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) tras la sentencia del Tribunal Supremo (n.º 1198/2025, de 29 de septiembre), que anula la disposición final primera del RD 893/2024. El sindicato reclama normativa específica que garantice evaluaciones presenciales de riesgos en los domicilios y condiciones laborales seguras y dignas.
UGT Servicios Públicos defiende sin reservas la protección laboral de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). El sindicato subraya que la seguridad laboral de estas trabajadoras no es un aspecto negociable ni prescindible, sino una obligación ineludible que debe prevalecer sobre cualquier interés económico.
La seguridad y la salud de las trabajadoras del SAD no son negociables: deben prevalecer sobre cualquier interés económico. La anulación de esta disposición —promovida por AESTE, ASADE, FED y CEAPs— debilita un avance clave para un colectivo esencial, mayoritariamente femenino y que a menudo trabaja en soledad en el domicilio de la persona atendida. El RD 893/2024 introducía la obligación de realizar evaluaciones presenciales de riesgos en los domicilios, una medida largamente reivindicada por UGT para adaptar la prevención a un entorno no estandarizado con riesgos específicos (ergonomía deficiente, sobreesfuerzos, caídas, exposición a productos de limpieza o barreras arquitectónicas). Su anulación incrementa la indefensión y abre un vacío preventivo contrario al espíritu de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
UGT rechaza que los supuestos “costes desproporcionados” o la “falta de rigor técnico” se utilicen para recortar prevención. El impacto económico no puede primar sobre el derecho a la seguridad y la salud en el trabajo. Si se elimina la evaluación del puesto en el domicilio, se crean trabajadoras de “segunda”, a quienes ni siquiera se les valoran adecuadamente los riesgos de su puesto.
El sindicato subraya que el sector necesita más diálogo y negociación, no pasos atrás. En lugar de impugnar avances normativos, las organizaciones empresariales deberían trabajar conjuntamente con la representación sindical para reforzar la protección en el SAD.
Por todo ello, UGT ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Trabajo y Economía Social y exige una normativa específica —ya sea mediante nueva regulación u otras disposiciones— que blinde la prevención en el SAD, incluyendo la evaluación presencial en el domicilio, y que garantice condiciones laborales seguras y dignas para quienes cuidan a nuestras personas mayores y dependientes.
Un servicio esencial para nuestra sociedad que debemos cuidar y proteger al igual que las trabajadoras del SAD cuidan y protegen a nuestros mayores
