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UGT y CCOO se oponen frontalmente a la fragmentación de Correos en negocios independientes anunciada por el presidente de la empresa pública postal

 
  • La división de la compañía pública tiene como objetivo preparar la privatización de los negocios rentables de Correos y convertir el servicio postal público en residual y marginal 
  • CCOO y UGT avisan de las graves consecuencias sociales, empresariales y laborales (aumento de la conflictividad) de la división de la mayor empresa pública del país
  • Y exigen la rectificación del desmantelamiento postal al Gobierno y al presidente de Correos
 

El presidente de Correos Juan Manuel Serrano, en una reunión directiva con representantes de todo el estado, anunció su intención de dividir Correos en negocios independientes, para crear sociedades anónimas con personalidad jurídica propia, Para CCOO y UGT, trocear la compañía en unidades de negocio, solo puede suponer el fin del servicio público postal de calidad para pasar a ser residual y marginal, a la vez que se camina hacia la privatización de los negocios rentables de la compañía, que ni el anterior Gobierno se atrevió a hacer con mayoría absoluta incluida.

La división y ruptura que el presidente de la compañía quiere hacer con Correos, en el plazo de un año o año y medio, según sus propias palabras -coincidiendo con lo que resta de legislatura- es un paso más en la estrategia de desmantelamiento del servicio postal público (asequible y accesible para la ciudadanía) denunciado por CCOO y UGT, que confirma el afán liberalizador y “nada progresista” de Serrano, en su política de abandono y debilitamiento del correo público. 

Para CCOO y UGT las consecuencias sociales son, entre otras, el recorte de servicios públicos a la ciudadanía, que afectará especialmente en las zonas rurales de la España vaciada, en los archipiélagos de Baleares y Canarias, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde el refuerzo de los servicios públicos es fundamental, contradiciendo la estrategia del gobierno progresista de potenciar los servicios públicos y de no dejar a nadie atrás en la recuperación (las buenas palabras y la propaganda no sirven para nada sin financiación y compromiso); consecuencias empresariales: el sector postal lleva décadas liberalizado, con un altísimo grado de competencia, postal y de paquetería, con empresas muy consolidadas y otras de reciente aparición, y con las plataformas digitales de entrega de la última milla al acecho, que suponen un riesgo para la estabilidad y supervivencia empresarial; y laborales: por la pérdida de derechos y la segregación de la plantilla, que provocarán el aumento de la conflictividad ya existente en Correos.   

El presidente utilizó en la reunión el ejemplo a seguir de la división de RENFE en dos empresas totalmente diferentes: Renfe operadora y Adif, división que conllevó la segregación de las plantillas y la conflictividad laboral durante años, con el objetivo de imitar el modelo liberalizador del correo alemán, que tiene a DHL como bandera y no recibe financiación por el servicio postal universal, en detrimento de modelos postales de éxito (social y económico) con fuerte apoyo público como el del correo francés prestado por La Poste, defendido por CCOO y UGT para un correo público español de calidad, moderno y competitivo.  

En la situación actual de debilidad económica generada por la desastrosa gestión de la crisis sanitaria primero, y la estrategia comercial después, a la que se añade la manifiesta incapacidad de los directivos actuales para gestionar Correos, trocear la compañía en unidades de negocio solo puede suponer el fin del servicio público postal y la venta de Correos a precio de saldo.

CCOO y UGT se oponen frontalmente a la división y a la segregación de su personal, con un gobierno socialista una decisión de esta naturaleza no la puede tomar en contra del 74% de la representación sindical. Por ello CCOO y UGT continuarán con las movilizaciones exigiendo a la empresa y al Gobierno la rectificación del desguace postal y que apuesten por un modelo postal público, sostenible social y económicamente, que garantice la cohesión social y territorial, con financiación suficiente, para prestar un servicio postal de calidad a toda la ciudadanía. 

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