Más de dos mil personas trabajadoras del ámbito de lo público se han concentrado hoy ante el Ministerio de Hacienda, en Madrid, para exigir que se complete la ejecución del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI y del plan de choque para reducir la temporalidad. Han demandado asimismo la subida salarial correspondiente a este año para las empleadas y empleados públicos.
Bajo el lema ‘Es la hora. #CumpleLoPactado’, UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CCOO han concentrado a más de un millar de empleadas y empleados públicos en la puerta del Ministerio de Hacienda, en Madrid, para exigir al Gobierno el cumplimiento íntegro de los acuerdos suscritos en la Función Pública. En esta movilización, han demandado también que se inicie ya la negociación de la subida salarial para las empleadas y empleados públicos correspondiente a este año 2025.
En el transcurso de la protesta, las personas concentradas han hecho sonar las alarmas de sus teléfonos móviles y han coreado consignas para hacerle saber al Ejecutivo que a las empleadas y empleados públicos de este país les están sonando todas las alarmas, y que es la hora de empezar a avanzar en salario y derechos, porque ni la compleja aritmética parlamentaria ni el hecho de que no haya Presupuestos Generales del Estado para 2026 justifican la parálisis del Gobierno, que está en deuda con las plantillas públicas y no solo en lo estrictamente económico, que también. Al finalizar la concentración, ambas organizaciones han entregado el manifiesto en el Ministerio.
Según ha recalcado la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, “ya no caben más excusas” para no cumplir ya lo que está comprometido tanto en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, cuya vigencia finalizó en diciembre de 2024, como en el plan de choque para reducir la temporalidad, una lacra que, en el ámbito público, prácticamente duplica la del sector privado y supera el 28%. “La jubilación parcial anticipada de los laborales está bloqueada; es perentoria una transitoriedad que la haga posible”, ha añadido.
Por su parte, el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, ha recordado que la semana pasada se aprobó el abono del 0,5% pendiente de la subida salarial de 2024, que se cobrará con efectos retroactivos desde enero de ese año, pero ha subrayado que ese abono llegó tarde. “Esta concentración de hoy marca el inicio de unas movilizaciones que se sostendrán en el tiempo si no se atienden nuestras reivindicaciones. No descartamos ningún escenario: lo que queremos es conseguir lo que tenemos pactado”, ha subrayado.
Ambos han recordado, además, que estamos en julio y aún no se ha empezado a negociar el incremento salarial correspondiente a este 2025, lo que, a efectos prácticos, supone la congelación del sueldo de más de tres millones y medio de trabajadoras y trabajadores del ámbito público en todas las administraciones.
En lo relativo al empleo, el Gobierno central debe exigir que se cumplan los procesos de estabilización en todas las administraciones, y, en caso de que no se produzcan, establecer sanciones ejemplares a las administraciones, instituciones o empresas públicas que no lo hagan. Estos procesos de estabilización junto al establecimiento de la jubilación parcial contribuirán, destacan ambos sindicatos, a un imprescindible rejuvenecimiento de las plantillas públicas.
Además, se ha de implantar plenamente la carrera profesional en todas las administraciones públicas, garantizar el acceso a la promoción interna y a la movilidad y desbloquear la jubilación parcial del personal laboral y facilitar la plena implantación para el personal funcionario y estatutario. Asimismo, hay que mejorar los haberes reguladores del personal acogido al régimen de clases pasivas y solucionar de forma definitiva las pensiones del personal funcionario de este régimen.
Del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI aún quedan otras materias que no se han cumplido, como la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado, los compromisos adquiridos con el personal del Servicio Exterior o la plena implantación del modelo de clasificación profesional conforme al actual Marco de Cualificaciones Profesionales.
La transformación digital y medioambiental, junto a la modernización de las administraciones públicas y las políticas de igualdad, son asignaturas pendientes de este país, y tienen un impacto directo en el empleo público, y, por ende, en la prestación de los servicios públicos, por lo que son materias que tienen que formar parte de un nuevo acuerdo.
Por ello, instamos al Gobierno a culminar los acuerdos alcanzados con UGT y CCOO y a iniciar la negociación de uno nuevo, plurianual, que garantice un empleo de calidad y unas dignas condiciones salariales y de trabajo para los más de tres millones y medio de empleadas y empleados públicos.
«Es la hora de que el Gobierno cumpla lo pactado; es acuciante desarrollar la clasificación profesional de los empleados públicos, ya no caben más excusas. La jubilación parcial anticipada de los laborales está bloqueada; es perentoria una transitoriedad que la haga posible. Hay que pactar la subida de 2025; los empleados públicos estamos con el salario congelado de facto. Y es apremiante un segundo Acuerdo para las Administraciones Públicas para hablar de digitalización, habilidades, renovación de plantillas, acceso, movilidad, carrera profesional. Todo esto son derechos, unos pactados y otros de máxima urgencia para la ciudadanía, la Administración y los trabajadores. El Gobierno tiene que cumplir. Es la hora», explica Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos.
