La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, firmó un acuerdo el 1 de junio de 2021 y los sindicatos exigen que los fondos destinados a estas organizaciones repercutan en las plantillas y que se reviertan las privatizaciones en el sector.
UGT y CCOO exigen a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, transparencia en el uso de los fondos públicos comprometidos en virtud del acuerdo firmado el 1 de junio de 2021 con el tercer sector de acción social.
El tercer sector de acción social está constituido por entidades (ONG, fundaciones…) que atienden a las personas en riesgo de exclusión social. Las organizaciones patronales del sector llevan cuatro años negociando con CCOO y UGT el segundo convenio colectivo marco de Acción e Intervención Social.
Durante este tiempo las trabajadoras y trabajadores del sector han estado en primera línea de atención a las personas más vulnerables, sin acogerse a ERTE, ni a confinamiento, poniendo en riesgo cada día sus vidas y las de sus familiares.
Actualmente, el 60% de las personas trabajadoras tienen contratos precarios y el 55% solo jornadas parciales. Estas condiciones laborales generan que muchos trabajadores y trabajadoras se sitúen por debajo del umbral de pobreza de este país, y forman parte de los llamados “trabajadores pobres”, según los índices que fija en su informe anual Caritas, una organización integrante de la plataforma del tercer sector.
Después de cuatro años negociando el II Convenio, nos encontramos frente a una situación de bloqueo, dado que las patronales, tras haber abandonado la mesa de negociación durante un año, ahora ofertan una revisión salarial para el año 2022 del 0,5% y nada para los siguientes, cuando el IPC supera ya el 5%.
Aunque UGT y CCOO mantienen su desacuerdo por la subida salarial del 2% impuesta por el Gobierno a los empleados públicos para 2022, ambas organizaciones consideran que es injustificable un incremento de sueldo para los trabajadores del tercer sector por debajo de esta cifra, pues se trata de servicios públicos externalizados.
Todo ello nos lleva a trasladar a las administraciones públicas, en especial al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lo siguiente:
- Que los fondos destinados a estas organizaciones tengan repercusión en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector.
- Que se reviertan progresivamente estos servicios privatizados por las distintas administraciones al ámbito público para su gestión.
