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CCOO y UGT denuncian que, tras tres años al frente de Correos, se ha demostrado el fracaso rotundo de la gestión de Serrano, que ha colocado a Correos en los mayores déficits de Correos en su historia, con casi 500 millones de pérdidas en ese periodo y colocado a la compañía pública con 7.000 empleos menos a consecuencia de la caída de actividad. Para CCOO y UGT, el presidente lidera un plan de desguace de Correos con cierre de centros y trasvase de actividad y empleo a favor de Correos Express y otras filiales, primando los intereses personales políticos y empresariales sobre los intereses generales de la ciudadanía. Ambas organizaciones piden al Gobierno que deje de avalar con su pasividad a quien está colocando a Correos en un punto crítico de difícil retorno, tome las riendas del diálogo social postal y aborde el debate de un modelo postal público con financiación suficiente y que garantice la cohesión social y territorial. UGT y CCOO creen que es en el marco de un consenso sobre el modelo postal público en el que se debe promover la negociación de un nuevo Acuerdo Plurianual, que mejore el actual Convenio Colectivo y acabe con la devaluación salarial, de empleo y derechos que el plan de desguace está provocando |
CCOO y UGT sindicatos mayoritarios de Correos, iniciamos en la primavera pasada un proceso de movilizaciones contra el desmantelamiento que el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, está llevando a cabo a través de un Plan de desguace que busca el desmantelamiento del servicio público postal de nuestro país y del operador público, Correos, que lo presta, apostando por una reconversión productiva y de gestión que, abandonando lo postal -su mayor fuente de financiación actual-, lo convierta en un operador logístico puro que pone los intereses de unos pocos (intereses privados, especulativos y de negocio, incluidos los del propio presidente de Correos para su proyección personal) por encima de los intereses generales de la ciudadanía.
Para CCOO y UGT, la aversión de Serrano hacia lo público, avalada por la pasividad del Gobierno de nuestro país, queda reflejada en el tijeretazo que ha sufrido la financiación del SPU en los dos últimos años en los PGE (los aprobados en 2021 y los que se van a aprobar en 2022), un total de 110 millones de euros, el 50% de los 220 que CCOO y UGT acordaron en 2018 con el entonces Ministerio de Fomento, la cuantía más baja de la reciente historia de Correos. Una cuantía claramente insuficiente y en dirección contraria a la vertebración social, política y económica y de reversión de la España vaciada que necesita nuestro país tras la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia y también de la agenda social y de recuperación aprobada recientemente por el Gobierno.
La operación de debilitamiento del servicio púbico postal también queda reflejada en el desmontaje del operador público, Correos, que se está llevando a cabo en fases sucesivas mediante el cierre de centros, el abandono de proyectos reales sustituidos por productos “estrella” meramente mediáticos, al servicio del autobombo personal y político del presidente, que se han traducido en pérdidas continuas para la compañía pública, el trasvase de actividad y de empleo desde la matriz a la filial Correos Express, para lo que se han creado modelos organizativos “ad hoc” idénticos entra la matriz y la filial que lo faciliten (modelo de oficinas, logístico y de reparto).
Para CCOO y UGT el modelo de desmantelamiento está implicando una precarización y devaluación sin precedentes de las relaciones laborales mediante recorte de plantilla -7.000 trabajadores/as-, contratos a tiempo parcial -23% de la plantilla-, perdida salarial, cambios ilegales de turnos, jornadas y horarios, restructuraciones no negociadas de centros, “exterminio” de jefaturas y directivos no afines al “régimen”, entre otras, cuya reversión exigen ambas organizaciones para ir a un modelo de calidad de empleo, que responda a la calidad de servicios que demanda la ciudadanía. Tras tres años al frente de la compañía, la realidad de Correos es muy diferente a la que vende Serrano en grandes campañas en los medios de comunicación, en las que ha invertido hasta 300 millones. Correos pierde actividad a ritmos acelerados, inmerso en proyectos de diversificación que solo han provocado pérdidas, en una internacionalización sin dirección alguna, cuyos resultados deficitarios se ocultan, con 7 mil empleos menos (de 55 mil en 2018 a 48 mil en 2021, camino de los previsibles 46 mil en 2022), y una cuenta de resultados que refleja pérdidas de casi 500 millones desde que Serrano está al frente de la compañía, con previsiones para 2022 de otros casi 100 millones de euros, aunque las estimaciones de CCOO y UGT son de hasta los 200 millones.
Para CCOO y UGT el “modelo Serrano” ha demostrado su inviabilidad, su insolvencia y su fracaso sin paliativos, lo que debe hacer reflexionar al Gobierno sobre la necesidad de no seguir avalando por pasiva porque ni trabajadores/as ni ciudadanos/as lo entenderán a escasamente un año y medio de las siguientes elecciones generales, autonómicas y municipales. Y no lo entenderán porque difícilmente podrán aceptar que se esté poniendo el interés particular de Serrano, de personas ocultas ajenas al interés general que representa Correos y de algunos otros intereses económicos y financieros que esperamos afloren, todos ellos por delante de los intereses generales del país, lo que contradice la voluntad expresada por el Gobierno en la reciente publicada agenda social para la recuperación de nuestro país tras la pandemia en la que los servicios públicos, incluido Correos ha jugado un papel esencial.
Por todo ello, CCOO y UGT han instado al Gobierno de Coalición a realizar una reflexión, sería y rigurosa, para no dejar al Correo Público fuera de la agenda política de la recuperación. Si el servicio público postal y sus empleados/as públicos postales fueron clave para la superación de la pandemia, lo deben ser también para la recuperación social y económica del país. En el marco de esa reflexión, CCOO y UGT también han instado al Gobierno a rectificar el rumbo errático actual y a tomar las riendas de la situación de emergencia que vive Correos para, ante la evidente ausencia de modelo postal, poder discutir a fondo el MODELO POSTAL PÚBLICO QUE MERECE NUESTRO PAÍS en términos de vertebración social, económica y política, de recuperación y transformación y resiliencia, y de salida justa de la crisis, con financiación suficiente y estable del servicio postal universal (220 M €, frente a los 110 de la LPGE-2021 y 2022), garantizando la cohesión social y la calidad del servicio postal universal que exige la ley en todo el territorio, atendiendo las necesidades de la España vaciada, impulsando un proyecto de empresa pública estratégica, moderna, eficiente y competitiva, con un verdadero plan estratégico a cinco años que incluya un potente plan de inversiones, y, en el marco de dicho modelo, impulsando la negociación de un ACUERDO PLURIANUAL que propicie la mejora empleo, el salario y derechos de calidad para una prestación de servicio público también de calidad, acabando con la fase de precarización y devaluación del desguace postal del presidente Serrano.
Para UGT y CCOO llevarse por delante un servicio público de más de 300 años, perjudicando a trabajadores/s, ciudadanía y a la propia sociedad, siempre encontrará en frente a CCOO y UGT y justifica sobradamente los casi 6 de meses de movilización sostenida y sostenible que iniciaron este mismo mes y finalizarán en marzo-abril y que combinará varias acciones (rodadas postales, concentraciones, desayunos, acción parlamentaria, sensibilización social, etc., …).
