UGT Servicios Públicos ha mantenido la primera reunión oficial con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, desde que tomara posesión el nuevo Gobierno. El sindicato ha presentado al Ejecutivo un programa que recoge los objetivos que la organización sindical considera fundamentales para seguir avanzando en la modernización de las Administraciones Públicas.
UGT Servicios Públicos ha subrayado que el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI ha generado en las Administraciones públicas y en el sector público institucional importantes beneficios para la ciudadanía y el conjunto de los empleados públicos. El pacto ha permitido recuperar los aspectos relativos a retribuciones, empleo público, posible negociación de la jornada y parte de los derechos recortados. No obstante, el sindicato ha recordado que quedan cuestiones incluidas en el texto que aún se deben desarrollar como son la jubilación parcial y anticipada de las personas funcionarias; el establecimiento del carácter de mínimos de los permisos y vacaciones; la plena aplicación de la clasificación profesional conforme al artículo 76 del EBEP durante el año 2023 o la potenciación de la promoción y la carrera profesional, entre otros.
En este sentido, los representantes de UGT Servicios Públicos que han asistido al encuentro han señalado que la negociación colectiva en esta nueva legislatura se tiene que basar en dos actuaciones concretas:
- Culminar las medidas incluidas en el I Acuerdo Marco.
- Negociar un nuevo Acuerdo de legislatura innovador que complemente el anterior.
Este nuevo acuerdo debe mantener el rumbo que marcó el primero y que permitió que los empleados públicos recuperasen salario, derechos y empleo.
En materia salarial, el objetivo para la organización sindical será garantizar incrementos salariales para el conjunto de los empleados públicos por encima del IPC real, que suponga mantener o ganar poder adquisitivo, en coherencia con la situación socioeconómica del país.
En cuanto al empleo público, UGT señala la necesidad de incrementar el actual volumen de empleo, generando empleo público neto de calidad, reduciendo la tasa de temporalidad e impidiendo que ésta se vuelva a generar. También se deberá analizar el impacto de la digitalización sobre el empleo público (volumen, organización, RPTS, etc.)
La propuesta presentada al Ministerio también recoge avanzar en nuevos derechos derivados de la realidad actual de las Administraciones Públicas y sus empleados y empleadas, así como el desarrollo de la jubilación parcial mediante contrato de relevo a los empleados públicos en términos idénticos al resto de trabajadores del Régimen General, entre otros.
