UGT Servicios Públicos ha defendido en el XXXI Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), desarrollado en Santo Domingo (República Dominicana) entre los días 18 y 20 de noviembre, que la incorporación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías a las Administraciones públicas debe realizarse mediante el diálogo social y la participación de las personas trabajadoras y que la modernización debe mejorar los servicios a la ciudadanía sin reducir derechos laborales ni precarizar el empleo público.
El sindicato ha estado representado en este congreso, que desde hace más de tres décadas constituye el principal punto de encuentro de la administración pública iberoamericana, por los secretarios de los Sectores de Servicios a la Comunidad y Atención Social, Moisés Torres, y de Administración y Formación, Alfonso Rodríguez.
En su intervención, Moisés Torres ha señalado que el debate sobre la inteligencia artificial, la interoperabilidad y la transformación digital de las administraciones no es únicamente un debate tecnológico. “Es, sobre todo, un debate sobre democracia, igualdad, calidad de los servicios públicos y derechos laborales. No hay una transformación digital legítima sin la voz de quienes la van a ejecutar cada día”, ha señalado.
El secretario del Sector de Servicios a la Comunidad y Atención Social de UGT Servicios Públicos ha reconocido las posibilidades de la inteligencia artificial para mejorar la planificación, anticipar riesgos, optimizar recursos y reducir los tiempos de respuesta, especialmente en los servicios de emergencia. No obstante, ha advertido de que los algoritmos que intervienen en la planificación de turnos, la asignación de tareas, la evaluación del desempeño o la gestión de riesgos deben ser transparentes, auditables y estar sometidos a una supervisión humana efectiva.
“La tecnología debe reforzar el trabajo de quienes sostienen los servicios públicos, nunca invisibilizarlo. Puede ayudarnos a llegar antes, decidir mejor y proteger con mayor eficacia, pero ninguna decisión con impacto laboral puede quedar exclusivamente en manos de un sistema automatizado”, ha subrayado Torres.
Cinco principios para una digitalización justa
UGT Servicios Públicos plantea cinco principios irrenunciables que deben orientar la transformación digital del empleo público. Junto a la transparencia algorítmica, que contempla el derecho de las plantillas y de sus representantes a conocer el funcionamiento, los criterios y los datos utilizados por los sistemas automatizados, debe contemplarse la negociación colectiva, de modo que ningún sistema de inteligencia artificial con impacto laboral se implante unilateralmente.
Además, deben considerarse otros tres factores: la formación permanente como un derecho -debe garantizarse de manera homogénea y no depender de la capacidad presupuestaria de cada Administración- ; la igualdad territorial -ningún municipio, por pequeño o alejado que sea, debe quedar excluido de los beneficios de la innovación-, y el fortalecimiento del empleo público, dado que la digitalización no puede convertirse en una vía de externalización, precarización o sustitución de plantillas estables.
Servicios de emergencia y conocimiento profesional
Torres ha recordado que UGT Servicios Públicos presta especial atención a bomberos y bomberas, agentes forestales y medioambientales y policías locales, y que, en estos ámbitos, la inteligencia artificial, los sistemas predictivos y la geolocalización ya pueden contribuir a anticipar incendios, movilizar recursos y mejorar la seguridad. Estas herramientas deben complementar la experiencia profesional y nunca convertirse en instrumentos opacos de control laboral.
“Ningún algoritmo, por sofisticado que sea, sustituye el conocimiento acumulado de quienes conocen el territorio y afrontan las emergencias. La experiencia humana debe ser un principio de diseño de cualquier sistema de inteligencia artificial aplicado a estos servicios”, ha afirmado.
UGT Servicios Públicos alerta, además, de la brecha tecnológica entre Administraciones locales. Los municipios con menor capacidad presupuestaria encuentran mayores dificultades para disponer de especialistas en digitalización, ciberseguridad o gestión de datos. Por ello, la organización apuesta por infraestructuras digitales públicas, estándares abiertos, interoperabilidad y cooperación entre administraciones.
Cooperación iberoamericana
En el ámbito internacional, UGT Servicios Públicos propone impulsar espacios de cooperación iberoamericana sobre la gobernanza laboral de la inteligencia artificial en el sector público. El objetivo es intercambiar buenas prácticas, desarrollar mecanismos comunes de auditoría algorítmica y promover modelos de innovación diseñados junto con las administraciones y sus trabajadores y trabajadoras.
Según el secretario del Sector de Servicios a la Comunidad y Atención Social de UGT Servicios Públicos, “la innovación pública solo será un éxito si mejora al mismo tiempo la calidad del servicio y las condiciones de quienes lo prestan. Eficiencia tecnológica y derechos laborales son objetivos compatibles que se refuerzan mutuamente”.
Por su parte, el secretario de Administración y Formación de UGT Servicios Públicos ha destacado que la formación en igualdad constituye una herramienta imprescindible para mejorar la negociación colectiva y avanzar hacia unas Administraciones públicas más justas e inclusivas. Los avances legislativos, ha sostenido Alfonso Rodríguez, no bastan por sí solos: para aplicar las normas con eficacia es necesario que quienes negocian conozcan cómo identificar las desigualdades y plantear medidas concretas para corregirlas.
La formación debe permitir a las personas que participan en la negociación colectiva manejar conceptos como la discriminación directa e indirecta, la perspectiva de género, la igualdad retributiva, la valoración de puestos de trabajo, la corresponsabilidad, las acciones positivas, la interseccionalidad y la diversidad. Esta preparación, a juicio de Rodríguez, es especialmente importante para detectar mecanismos aparentemente neutrales que, en la práctica, pueden producir situaciones de desigualdad.
Construir entornos laborales verdaderamente inclusivos
El secretario de Administración y Formación de UGT Servicios Públicos UGT Servicios Públicos ha recordado que el sindicato ha desarrollado durante los últimos cinco años 102 actividades formativas específicas en igualdad, con 1.661 horas impartidas y 3.103 personas formadas. La estrategia combina una formación básica para que delegadas y delegados sepan identificar situaciones discriminatorias con una preparación avanzada para quienes participan directamente en la negociación de planes de igualdad.
Alfonso Rodríguez ha planteado además que la negociación colectiva debe servir para combatir no solo la desigualdad entre mujeres y hombres, sino también otras formas de discriminación relacionadas con la discapacidad, el origen o procedencia y las personas LGTBI. En este sentido, el ponente ha destacado el valor de la acción sindical para construir entornos laborales verdaderamente inclusivos.
«La negociación colectiva no debe entenderse únicamente como un mecanismo para mejorar salarios o condiciones laborales. También representa un espacio privilegiado para combatir las desigualdades estructurales y construir organizaciones más inclusivas», ha añadido.
Entre los principales retos pendientes se encuentran la brecha salarial, la segregación horizontal y vertical, la escasa presencia de mujeres en puestos de dirección, las dificultades de conciliación y corresponsabilidad y la incorporación de una perspectiva interseccional. A ellos se añaden nuevos desafíos vinculados a la digitalización, la inteligencia artificial aplicada a los recursos humanos y las nuevas formas de organización del trabajo, que exigen una formación sindical cada vez más especializada.
Alfonso Rodríguez ha concluido su intervención señalando que invertir en la capacitación de las personas que negocian supone mejorar la propia calidad de la negociación colectiva y avanzar hacia unas organizaciones y unas Administraciones públicas más inclusivas. Una idea que ha sintetizado en otra de las reflexiones centrales de la ponencia: «La igualdad no puede seguir considerándose una política complementaria. Debe entenderse como un principio estructural de la buena gobernanza».