Cientos de delegados sindicales de UGT Servicios Públicos han participado hoy en una concentración ante el Ministerio de Hacienda para denunciar el abandono que sufre el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) y la falta de avances en la negociación del V Convenio Único.
Con esta protesta, el personal laboral de la AGE exige más empleo público y salarios actualizados; la adaptación retributiva según el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP); una carrera horizontal, y la homologación de condiciones. También reclama sistemas más flexibles de promoción; el cumplimiento de las convocatorias abiertas en el IV Convenio, que estableció el concurso abierto y permanente como sistema de movilidad, y una formación orientada tanto al desempeño del puesto de trabajo como a facilitar la promoción profesional. UGT Servicios Públicos ha adelantado que las movilizaciones se reanudarán después del verano en caso de que el Ministerio no atienda a las reivindicaciones planteadas.
Durante la concentración, Alberto Pablos, coordinador general del Convenio Único de UGT Servicios Públicos ha leído un manifiesto en el que ha recordado que detrás de las cifras hay una realidad que se manifiesta en “plantillas desbordadas, sobrecarga de trabajo, servicios públicos debilitados y profesionales que cada día tienen que hacer más con menos recursos, mientras la Administración sigue sin dar respuesta a un problema que lleva años agravándose”.
Pablos ha añadido que no se trata solo de falta de convocatorias, sino también de un grave problema salarial: “Los salarios del personal laboral de la Administración del Estado han perdido capacidad de atracción y capacidad de retención. Mientras el coste de la vida sigue subiendo, nuestras retribuciones continúan quedándose atrás. En 2019 la diferencia entre el salario más bajo del convenio y el Salario Mínimo Interprofesional era de unos 170 euros. Hoy apenas supera los 40 euros”. Eso supone, ha agregado, que se está perdiendo capacidad para atraer a nuevos profesionales y talento.
En cuanto al empleo público, el sindicato considera que la falta de cobertura de plazas estructurales está generando una situación de alarma en numerosos servicios públicos y permite pensar que se está favoreciendo la externalización y la privatización de servicios. Esa situación preocupante se constata con el dato de que de las 42.330 plazas con que cuenta el IV Convenio Único solo 25.238 están ocupadas, a pesar de tratarse de una plantilla altamente especializada y presente en todos los ministerios y organismos del Estado que desempeña labores fundamentales al servicio de la ciudadanía en ámbitos muy distintos.
Dentro del IV Convenio Único hay, por tanto, más de 17.000 plazas vacantes, a lo que hay que añadir miles de plazas pendientes todavía de convocatoria correspondientes a las ofertas de empleo público de 2023, 2024, 2025 y 2026. Además, hay más de 7.000 plazas de turno libre comprometidas que siguen sin ser convocadas desde 2023, en tanto los centros de trabajo soportan falta de efectivos, sobrecarga laboral y deterioro de los servicios públicos.
Numerosos servicios públicos están sufriendo ya la falta de plazas de carácter estructural dentro de la AGE. Al no convocarse las plazas necesarias o retrasarse indefinidamente los procesos selectivos, los centros de trabajo experimentan una disminución de personal, que conlleva un aumento de la carga laboral y la pérdida de la capacidad propia de la Administración para seguir prestando determinados servicios.
La capacidad técnica, profesional y operativa de la AGE se debilita cuando no se cubren durante años miles de vacantes. Al desaparecer el personal propio y recurrir a fórmulas externas para sostener servicios esenciales, se dificulta la continuidad de los servicios, aumenta la dependencia de empresas externas y se reduce la capacidad de control directo por parte de la Administración, lo que termina afectando tanto a las condiciones laborales del personal como a la calidad del servicio público que recibe la ciudadanía.
Defender al personal laboral no es únicamente defender derechos laborales. Es defender unos servicios públicos fuertes, profesionales y de calidad para toda la ciudadanía. El V Convenio colectivo debe servir para reforzar el empleo público, reconocer la diversidad profesional existente y garantizar unas condiciones laborales acordes a la responsabilidad que desempeñan miles de trabajadoras y trabajadores públicos cada día.
La mesa negociadora del V Convenio se constituyó hace 18 meses, sin que se hayan producido avances. UGT Servicios Públicos no va a aceptar más retrasos ni que las cuestiones fundamentales se bloqueen indefinidamente.
