Las enmiendas están orientadas a la mejora de los servicios públicos y las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, así como a la restitución de derechos desaparecidos durante los años 2010-2016.
Para UGT Servicios Públicos es prioritario garantizar el poder adquisitivo de los empleados y empleadas públicas. La primera de las enmiendas que el sindicato ha planteado va en esta dirección; la inflación se ha disparado y el incremento salarial del 0,9% en 2021 y del 2% en 2022 ocasionará una nueva pérdida de poder adquisitivo que se sumaría a los ya padecidos en el periodo 2010-2017.
Además, los fondos destinados a la acción social se han visto reducidos de manera drástica, de tal manera que las ayudas por este concepto resultan meramente testimoniales. Pedimos que alcancen al menos el 1% de la masa salarial de cada departamento de las Administraciones Públicas.
La tercera enmienda está dirigida a la equiparación progresiva y gradual de la cuantía de las pagas extras a la mensualidad ordinaria. Derivado del RDL 8/2010 que recortó las retribuciones un 5%, el personal funcionario y estatutario percibe las pagas extraordinarias incompletas desde el punto de vista cuantitativo, inferior al salario y trienios percibidos en las mensualidades ordinarias. Al personal laboral se le descontó el 5% en el conjunto de sus retribuciones, por lo que, la homogeneidad cuantitativa de retribuciones perseguida para el personal funcionario y estatutario, debe tener su oportuna traslación a las retribuciones del personal laboral.
Otra cuestión importante que UGT lleva años reclamando es la supresión de la tasa de reposición. El incremento de la temporalidad y el aumento de las privatizaciones y externalizaciones han sido alguno de sus impactos negativos sobre el empleo público. Redimensionar las plantillas y elaborar planes de recursos humanos integrales es una demanda y una necesidad impostergable en organismos como la AGE.
Por otra parte, es necesario recuperar la redacción original del EBEP (Ley 7/2007), que permitía la jubilación parcial del personal funcionario y estatutario una vez se llevase a cabo el oportuno desarrollo reglamentario Son el único colectivo del Régimen General de la Seguridad Social que no pueden acogerse a dicha figura.
Otra cuestión importante es la eliminación en el Estatuto de los Trabajadores de la aplicación de los despidos colectivos del personal laboral en las Administraciones Públicas, por resultar contraproducente con los principios de objetividad, profesionalidad, neutralidad que deben regir el funcionamiento de los empleados públicos y que, de manera ineludible, deben estar vinculados al derecho a la estabilidad e inamovilidad en la condición de empleado público. Una medida que debe ser considerada coyuntural, y que no debe permanecer de manera estructural en nuestra legislación.
Incluir la modalidad de jubilación anticipada por discapacidad en el Régimen especial de Clases Pasivas, incrementar el cálculo de la pensión de viudedad para homologarlo al del Régimen General de Seguridad Social e incrementar el cálculo de la pensión de orfandad son otras de las reivindicaciones de UGT.
Desde UGT Servicios Públicos seguiremos aprovechando todos y cada uno de los espacios de negociación para avanzar en la consecución de las reivindicaciones contenidas en las 31 enmiendas que hemos presentado.
