¡Los Servicios Públicos, por encima de la incertidumbre, inestabilidad y jauría política!
A pesar de las negras tormentas que agitan los aires de la política nacional, desde UGT SERVICIOS PÚBLICOS consideramos prioritario que la ciudadanía pueda vivir mejor, siendo preciso garantizar el desarrollo y potenciación de unos Servicios Públicos que respondan a sus necesidades y demandas, y contribuyan al fortalecimiento de un Estado de Bienestar que fomente la igualdad y el derecho de todos a la salud, a la educación, a la protección en edades avanzadas y el infortunio, a la vivienda, a una protección social suficiente, etc.
En este sentido, exigimos que los poderes públicos representativos den adecuada respuesta a las necesidades de los ciudadanos y asuma las responsabilidades que les competen, en muchas ocasiones por expreso mandato constitucional, y asuman una función de redistribución, destinando recursos públicos suficientes que permitan concretar programas de desarrollo en los que prime la rentabilidad social sobre la económica.
Ahora que las miradas se vuelven al Estado para pedir que asuma un papel de salvador y regulador, debemos aprovechar la oportunidad de plantear una estrategia que pase por el apoyo a los Servicios, por la dignificación de lo público y por la recuperación de la imagen de las personas trabajadoras y las empleadas y empleados de los servicios públicos, así como de su implicación en las instituciones como entes al servicio de la sociedad que garantizan con su existencia y su actuación cotas crecientes de bienestar y solidaridad en una sociedad que compatibilice el crecimiento económico con la justicia social.
Protección de la inversión y gasto público para un escudo social estructural y solidario.
Las señales de una vuelta a las políticas de austeridad y ciertos intereses que buscan fundamentar la construcción europea y nacional en una carrera a la baja en lugar de una convergencia social ascendente e inversiones para el progreso social y las transiciones digital y ecológica justas son cada vez más latentes y preocupantes, por lo que es necesario contrarrestar esta tendencia en el debate y la acción diaria en los Servicios Públicos.
En este sentido, el Comité considera que la inexistencia de unos presupuestos generales para el 2024 no supone un obstáculo insalvable para continuar exigiendo una competitividad basada en una sólida inversión pública con fuertes condicionantes sociales que apuntalen la generación de empleo de calidad, más y mejores condiciones de trabajo y el progreso social. Porque tomarse en serio la competitividad significa tomarse en serio un fuerte compromiso con las infraestructuras públicas, unos servicios y unas administraciones públicas fuertes, la protección social, la enseñanza, la sanidad, la justicia. Son elementos cruciales para una economía competitiva.
El Comité estima imprescindible realizar esta afirmación, ante la fugacidad de las situaciones políticas, las fluctuaciones impropias de algunas instituciones democráticas y de las variantes de la voluntad del sufragio popular. Así, contra el auge y alzamiento de posturas austerísimas y populistas que buscan su recorte y liberalización más extrema, exigiremos que el estado de bienestar quede garantizado, al menos, en los términos previstos constitucionalmente.
Culminar correctamente la ejecución y desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para potenciar los Servicios públicos.
Desde la aprobación en julio de 2021 del Plan de Recuperación, los Presupuestos Generales del Estado han podido incorporar una media de cerca de 30.000 millones de euros anuales de recursos para inversión pública productiva, configurándose en un instrumento clave para lograr una recuperación rápida e intensa, e impulsar la modernización de nuestra economía, generando una dinámica de inversión y transformación cuyos resultados son ya tangibles con un impacto significativo en el plano económico y social.
Las administraciones están lanzando y resolviendo convocatorias de subvenciones y licitaciones a buen ritmo y, vamos a continuar exigiendo (hasta su finalización en 2026), la efectividad social de unos fondos que deben servir para paliar los continuos déficits en aspectos básicos del Estado Social (Modernización de las Administraciones Públicas; potenciación del Sistema nacional de Salud, la Dependencia y los Cuidados; mayor proyección y financiación de la Enseñanza pública; mejora del funcionamiento de la Justicia, etc.) en tanto que destinados al bien común.
Tramitar iniciativas legislativas que potencien los servicios públicos y las condiciones de trabajo.
Aun siendo conscientes de la compleja composición parlamentaria, planteamos la necesidad de que se tramiten: La Ley Función Pública de la Administración del Estado; el nuevo Estatuto Marco del personal estatutario; las Leyes Básicas para el Estatuto de los Bomberos y Agentes Forestales; Estatuto del Personal Docente, etc. También, la modificación de todo el marco normativo de la Administración Local, la Ley de Enseñanzas Artísticas (ya en el Senado) y continuar el desarrollo de la LOMLOE, incluida la constitución de la Mesa de estudio de los módulos de concierto.
UGT SP participa en la Cumbre Internacional sobre la Profesión Docente.
Foro en el que, además de exigir una mayor financiación de la Educación, hemos reivindicado la dignificación de la profesión docente a través del desarrollo de una carrera profesional atractiva que logre, entre otras, las siguientes cuestiones: Mejorar las condiciones laborales del profesorado y sus retribuciones salariales; garantizar una formación permanente (investigación+innovación+ intercambio); reducir las ratios, las horas lectivas y cargas burocráticas.
9 de junio, elecciones europeas: Más Servicios Públicos para una Europa más social y democrática.
De cara al 9-J, UGT SERVICIOS PÚBLICOS solicita la mayor participación posible y el voto para aquellas formaciones políticas que apuestan por unos Servicios Públicos y Administraciones Públicas cada vez más potentes y desarrollados, que no escatiman invertir en gasto social, que siguen ahondando en el desarrollo del Estado del Bienestar, que apuestan por que los poderes públicos juegen un importante papel en la prestación de los servicios públicos. En definitiva, por aquellos partidos que hacen primar conceptos como la solidaridad, la redistribución, la equidad, lo colectivo, la libertad y la paz, frente a los privilegios, los intereses privados, la beneficencia y la confrontación.
