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UGT se opone a la propuesta del Ministerio de Justicia de adscribir a los equipos técnicos de menores a los Institutos de Medicina Legal

UGT se opone a la propuesta del Ministerio de Justicia de adscribir a los equipos técnicos de menores a los Institutos de Medicina Legal

Desde la instauración de los Equipos Técnicos de Menores, hace más de 30 años, en los Tribunales Tutelares de Menores, que luego pasaron a los Juzgados y Fiscalías de Menores, consideramos que hemos hecho una labor positiva, con una dedicación e implicación que excede con creces las pésimas retribuciones económicas que tenemos. Suponemos que, con nuestra propuesta de medidas judiciales en los miles y miles de expedientes y menores que hemos visto a lo largo de estas décadas, algo habremos contribuido a que hoy en día tengamos una sociedad más segura y justa que antaño.

Somos conscientes que en los IML hay una falta brutal de personal de Equipos Psicosociales desde hace años, y falta de coberturas de vacantes por distintos motivos y que provoca al personal de estos equipos y equipos de familia y violencia   una enorme presión y una carga de trabajo inaceptable. Pero intentar solucionar la enorme falta de personal de los IML, desviando parte de su trabajo a los Equipos Técnicos de Menores, es cargarse la trayectoria seguida hasta ahora con los menores infractores.

Aunque aparentemente pueda parecer racional, y en casos muy contados sabemos que lo es, lo que se genera al juntar a todos los profesionales en el IML, es pasar de la filosofía actual de los Juzgados de Menores en los que “estamos todos a una”, a la filosofía que nos quieren imponer de “Todos valen para todo”Lógicamente eso conllevará la filosofía individual de “¡Sálvese el que pueda!”, con lo que desde UGT entendemos que el fracaso de la propuesta está garantizado de antemano.

La falta de Equipos Psicosociales en la mayoría de los Juzgados de Familia de todo el territorio AGE, es una falta endémica desde hace muchos años por todos los gobiernos habidos en las últimas décadas, y demuestra una falta de preocupación y una dejación de funciones del Ministerio de Justicia y especialmente del Ministerio de Función Pública, que deniega sistematicamente la cobertura de vacantes y bajas,  hacia el Personal Laboral, que por este motivo hace que los contenciosos familiares tarden años en resolverse.

Que un matrimonio que se está separando, con las vivencias traumáticas que eso suele conllevar, tenga que esperar más de un año a que el Equipo Psicosocial de Familia le haga el informe técnico preceptivo, es inadmisible en un estado de derecho del siglo XXI. Desde hace años las centrales sindicales hemos denunciado estos datos y situaciones concretas que se dan en los Juzgados de Familia, sin que la Administración de Justicia lo haya afrontado. Querer paliar este desatino, rapiñando el trabajo de los Equipos Técnicos de Menores, es cometer un nuevo desatino que no soluciona el problema anterior y empeora la situación de las Fiscalías de Menores.

Desde UGT consideramos que cambiar el modelo que también ha funcionado durante años implica cambiar las reglas e irremediablemente cargarse la trayectoria y un servicio que hasta ahora ha funcionado, en general, de manera impecable.

UGT se opone frontalmente a este cambio y desde UGT utilizaremos todas las medidas posibles a nuestro alcance, incluyendo todo tipo de presiones y acciones sindicales legales si así lo consideramos necesario, para evitar que esta propuesta salga adelante, por considerarla inadecuada e irracional.

La propuesta de que los Equipos Técnicos de Menores “prioritariamente seguirán haciendo su misma labor”, pero en la práctica adscribirlos a los IML, significa cambiar las reglas de juego de manera impositiva, con unas cartas y fechas ya marcadas, sin haber negociado con los interesados ni con sus representantes sindicales, y que impide el más mínimo atisbo de aceptación por nuestra parte.

Tanto es así, que desde hace más de un año (abril de 2021) no se ha convocado una reunión de la SubCO-PA, a pesar de haber firmado un Reglamento de funcionamiento que en el punto 5 dice: «Se reunirá de forma ordinaria al menos una vez en cada trimestre”.

Después de incumplir tan flagrantemente ese compromiso, cualquier propuesta que haga el Ministerio de Justicia con respecto al Personal Laboral, carece de toda credibilidad por nuestra parte. Y exigimos una reunión presencial para discutir y debatir esta modificación de las condiciones de trabajo, y no simplemente un plazo para alegaciones vulnerando la negociación colectiva y el diálogo social. 

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