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UGT reprocha los ataques de ciertos operadores de justicia a los auténticos profesionales de la administración de justicia

 

UGT reprocha y contesta a ciertos operadores jurídicos que atacan a los cuerpos generales de la administración de justicia.

UGT dice a estos operadores jurídicos que no saben de que hablan y que les da igual nuestra exposición al covid-19 por sus intereses económicos.

Desde UGT denunciamos que el nuevo Real Decreto 467/2020 para la administrsción de justicia, sólo tiene una razón para este aumento de las plantillas mínimas de los órganos judiciales, que es contentar a colectivos profesionales (abogados y procuradores) para ponernos a trabajar para  ellos solamente, que no va a avanzar nada la administración de justicia, ya que no hay plazos ni resoluciones , por estar suspendidos los plazos judiciales, salvo las esenciales de la ciudadanía.

 Desde UGT  denunciamos que la administración de justicia ha seguido funcionando desde el principio y sin posibilidad de teletrabajo,ya que somos de laa admi istraciones públicas donde las TIC no se han desarrollado, y por ello en lo esencial para e.funcionarios, ahora en esta grave crisis sanitaria y de colapso es imposible implementarla. Por ello, se intenta por el CGPJ y Abogados y procuradores que nos incorporemos a los órganos judiciales, aún poniéndonos a todos en riesgo, y  sólo para registrar  escritos de abogados y procuradores ,obligándose a una gran parte de  funcionarios a ir presencialmente a los centros de trabajo poniendo en riesgo nuestra salud innecesariamente , la de nuestras familia y en general la de la sociedad.. Además se tiene la desfachatez de.seguir protegiendo a los jueces, que no asisten a los centros de trabajo y a Lajs, años que se les obliga a asistir a los centros, como mucho a uno de cada 5, cuando son estos dos cuerpos los únicos que tienen capacidad de dictar resoluciones y administrar justicia, con lo que la presencia de los cuerpos generales sólo se justifica en que colectivos privados puedan seguir con sus con cierta actividad profesional y cobrar a sus clientes a costa de nuestra salud y peligro al volver a juntarnos en centros de trabajo que, por el tamaño de las oficinas judiciales, no reune siquiera ni el espacio mínimo exigible para el no contagio, y porque el personal de los cuerpos generales y especiales no disponemos de medios de protección para ir a los puestos de trabajo y proteger nuestra vida y la de nuestros familiares.
 
El Ministerio ponen en marcha una resolución de dotación de plantillas mínimas que atenta contra la salud y prevención de riesgos laborales del personal de justicia.
Y además denunciamos que va contra las políticas de sanidad del gobierno contra el covid-19 y contra la sociedad de este país para intentar contener los contagios de la pandemia.

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