El profesorado español dedica más tiempo a impartir clases, en detrimento de otras actividades docentes, que sus homólogos de la OCDE o de la UE22. En Educación Infantil y Primaria el porcentaje de horas de enseñanza directa es de un 61,1%, mientras que sus colegas de la OCDE dedican un 50,9% y los de la Unión Europea un 48,4%.
En Secundaria inferior -los tres primeros cursos de la ESO- ese porcentaje de horas de enseñanza directa con respecto al tiempo total es de un 47%; en tanto que en Secundaria superior -4º de la ESO y los dos cursos de Bachillerato- es de un 49%. Ambos porcentajes vuelven a estar por encima de las medias de la OCDE y de la UE22, tanto en Secundaria inferior (OCDE 45,9%; UE22 42,1%) como en Secundaria superior (OCDE, 43,1% y UE22, 40,2%).
Así se desprende de un estudio del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, que denuncia que la sobrecarga de horas lectivas dificulta que el profesorado pueda dedicar más tiempo a otro tipo de actividades que tienen una gran repercusión en la enseñanza, como son la atención a las familias, la participación en proyectos de innovación educativa, tutorías, preparación de clases, correcciones, cursos de formación, reuniones o, por ejemplo, tutorización de profesores noveles.
UGT denuncia que el aumento de horas lectivas con que se ha sobrecargado al profesorado en los últimos años, unido al aumento de las ratios, afecta tanto a la calidad educativa como al proceso de aprendizaje del alumnado, además de implicar la reducción del número de docentes necesarios para garantizar dicha calidad.
Dado que la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, deja establecer a las Administraciones públicas la parte lectiva de la jornada docente, la recomendación de un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y de un máximo de 18 horas en los centros de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial no ha sido tenida en cuenta en todos los territorios, donde existen marcadas diferencias en cuanto a su aplicación.
Por ello, UGT sigue reclamando la reducción a 20 horas lectivas semanales para los docentes de Infantil y Primaria y un máximo de 18 horas semanales en Secundaria, con el fin de alcanzar un mayor equilibrio en el número de horas de atención directa al alumnado para poder disponer de más horas de preparación, evaluación, coordinación o formación. Esto ayudaría a prevenir el desgaste que supone el excesivo número de horas de docencia directa, lo que redundará tanto en la calidad de la enseñanza y de la atención que recibe el alumnado como en la salud laboral de nuestros docentes y en la mejora cualitativa y cuantitativa del empleo.
El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos reclama la jornada laboral máxima de 35 horas y que dentro de ese horario el profesorado pueda disponer de una mayor dedicación a otras funciones que son tan imprescindibles como las lectivas, y que han de redundar en beneficio de la calidad de la enseñanza y de la mejora cuantitativa y cualitativa del empleo.
UGT Servicios Públicos también considera inaplazable la recuperación del poder adquisitivo perdido por los docentes desde los recortes del 2010. Desde entonces, las diferencias entre los salarios de los docentes españoles y los de la OCDE y la UE22 no han hecho más que aumentar. Si a partir de 2014 se recuperaban los niveles anteriores a la crisis en la media de la OCDE y de 2015 en la UE22, en España aún no lo hemos logrado, a pesar del aumento producido a partir del año 2018, gracias a la firma del Acuerdo para la mejora del empleo público, fruto de la negociación del Gobierno con UGT y otras organizaciones sindicales.
Mayores de 55 años
En relación con la reducción de la jornada lectiva para el profesorado mayor de 55 años, dado que no tiene carácter básico en la LOE y su desarrollo depende de cada comunidad autónoma, existen diferencias muy significativas entre ellas. El acuerdo básico de 20 de octubre de 2005 entre el Ministerio de Educación y los sindicatos creó una serie de expectativas que, lamentablemente, no han llegado a cumplirse.
UGT defiende la reducción voluntaria de la jornada lectiva para los mayores de 55 años, sin reducción de haberes. Esta medida, que además de generar puestos de trabajo posibilitaría el acceso de jóvenes al mundo laboral, no debería estar supeditada a las necesidades del centro educativo, como sucede en la actualidad. Las Administraciones educativas deben dotar a los centros de personal docente suficiente para que ninguno pueda quedar excluido de este derecho.
Función tutorial
La función tutorial también cuenta con un gran número de variables tanto si comparamos unas comunidades autónomas con otras como si nos referimos al nivel de enseñanza. No solo el número de horas de dedicación del profesorado a la función tutorial varía, sino también la consideración de ser remuneradas o no y las cantidades económicas que perciben los profesores.
UGT, para la que es imprescindible que se refuerce y se potencie la función tutorial, recuerda que en el artículo 105 de la LOE se señala que las Administraciones educativas deben favorecer su reconocimiento mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos. Dada la importancia de esta labor, reclamamos a las distintas Administraciones educativas que adopten las medidas necesarias para lograr ese reconocimiento.
Los incentivos deben ser tanto de carácter económico como profesional, y pueden ir desde la disposición de horas lectivas para realizar adecuadamente esta función, hasta contemplar la tutoría como mérito en todos los procesos administrativos, pasando por el reconocimiento económico en todas las comunidades, con complementos por acción tutorial que retribuyan el esfuerzo y la dedicación a esta tarea.
Debido a la complejidad de los centros y de sus proyectos educativos, el profesorado viene desempeñando funciones y/o labores docentes que no están contempladas en ninguna norma y que necesitan una dedicación especial. Por ello, UGT exige el reconocimiento de dichas tareas con compensaciones tanto económicas como horarias para aquel profesorado implicado en las mismas.
