La equidad es uno de los pilares fundamentales a la hora de analizar el sistema educativo, no solo en lo que respecta a los resultados, sino también, y lo que es más importante, en cómo atiende y resuelve la diversidad y las diferencias tanto en capacidades como en el nivel socioeconómico entre otros factores. Por ello, UGT Servicios Públicos reclama en este informe que el millón de alumnos y alumnas que reciben una atención educativa diferente a la ordinaria dispongan de los recursos necesarios que contribuyan a mejorar la calidad de su atención y cuenten con docentes capacitados para poder realizar esta labor.
Las últimas estadísticas reflejan un aumento de más del 70 % en el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) respecto al curso 2019/2020, gracias en gran medida a la labor de detección temprana por parte de los programas de carácter inclusivo y a la labor de los departamentos de Orientación y Evaluación Temprana (EOEP).
Esta detección precoz ha supuesto reconocer cada vez mejor las necesidades y que, en el último año del que se tienen datos (el curso 2024/2025), el total del alumnado con necesidad de atención diferente a la ordinaria sea ya superior al millón de alumnos, cifra que supone un 15,6 % respecto del total escolarizado en nuestro país. Las estadísticas informan asimismo de que cuatro de cada cinco alumnos y alumnas que presentan necesidades se encuentra escolarizado en aulas y centros ordinarios, predominantemente en centros públicos.
Actualmente, el grueso de la financiación para la atención a la diversidad hay que buscarlo en programas y proyectos dependientes de la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, que a su vez depende de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. Estos programas cuentan con financiación propia y, la más importante, con fondos procedentes de Europa, especialmente tras la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, más conocidos como MRR. Para el ejercicio presupuestario de 2024 supusieron un total de más de 388 millones de euros a repartir entre las diferentes Administraciones autonómicas.
La experiencia obtenida por la puesta en marcha y evaluación de estos programas, junto a la labor de los EOEP y Departamentos de Orientación, ha recopilado una información que puede ser un instrumento muy eficaz de cara a elaborar el índice de vulnerabilidad previsto en la Disposición adicional única del anteproyecto de ley de modificación de la Ley 4/2019.
Este índice debe partir de un análisis riguroso, aprovechando y teniendo en cuenta todos los valores y aspectos que puede aportar dicha experiencia y que permitan medir el impacto del contexto socioeconómico, las propias capacidades y percepciones del alumnado (mentalidad, bienestar, capacidad de resiliencia entre otros) y el grado de equidad y compensación que poseen los centros donde se encuentran escolarizados para poder asignar los recursos adicionales que les sean necesarios.
Como consecuencia de esa labor, y gracias a la mejora en el proceso de detección temprana, el número de alumnado que presenta ACNEAE no ha dejado de crecer. Los centros donde se encuentran escolarizados necesitan contar con los recursos necesarios para que sean atendidos con la calidad y cuidado que requieren. También es necesario que el profesorado y el resto de profesionales encargados de dicha atención cuenten con la debida formación y del tiempo necesario para llevar a cabo su tarea, además del reconocimiento a su desempeño por medio de los complementos retributivos correspondientes.
Desde UGT, entendemos que, para mantener la enseñanza en las mejores condiciones de calidad y equidad, el esfuerzo ha de ser continuado, y por ello defendemos que las Administraciones educativas establezcan un suelo mínimo de inversión pública para garantizar los servicios esenciales y que se asegure una educación en equidad y calidad con iguales garantías en todas las comunidades autónomas que compensen las desigualdades existentes entre los territorios, independientemente de la asignación de fondos adicionales procedentes de la UE.
Respecto a la escolarización temprana, UGT defiende que, para crear un sistema educativo equitativo e inclusivo, no es suficiente con garantizar plazas en la etapa de educación infantil para todo el alumnado, sino que, al ampliar y extender la educación infantil, se debe procurar no aumentar la brecha entre el alumnado favorecido y el desfavorecido en el acceso a este nivel educativo y a la calidad de la educación recibida.
En este sentido, apoyamos que algunos de los programas que tendrían que tener una especial consideración fueran los centros y colectivos de difícil desempeño, los proyectos de innovación y mejora y las iniciativas encaminadas a la reducción del abandono temprano.
