El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos participa en Copenhague (Dinamarca), junto a organizaciones sindicales de toda Europa, en la Conferencia sobre Inteligencia Artificial (IA) y Educación organizada por la Confederación Sindical Europea de Educación (ETUCE), con el objetivo de analizar el impacto de la IA en los sistemas educativos europeos y reforzar las estrategias sindicales ante su expansión.
Ante el creciente uso de la inteligencia artificial (IA) en los entornos educativos y la inminente adopción de normativas europeas y nacionales, UGT reclama una serie de medidas urgentes para asegurar que la IA se integre de forma ética, justa y respetuosa para el alumnado, el profesorado y las condiciones de trabajo en la educación.
En este sentido, UGT comparte las preocupaciones y recomendaciones de ETUCE, que advierte de los riesgos de una implementación de la inteligencia artificial sin regulación ni participación del profesorado, y defiende una transición digital democrática y centrada en las personas sin poner en riesgo la equidad educativa.
Nuestro sindicato reivindica el ineludible compromiso que deben afrontar las Administraciones educativas para una transformación digital al servicio del bien común, que promueva una educación inclusiva, humanista y democrática, y que respete el trabajo y la dignidad del profesorado. Además, subraya que la incorporación de la IA al ámbito educativo debe fortalecer y no sustituir el papel del profesorado, preservando su autonomía profesional, su capacidad de decisión pedagógica y su derecho a un entorno laboral justo y seguro.
Por otra parte, el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos denuncia que el despliegue de herramientas algorítmicas sin evaluación ni participación docente puede generar sesgos, vigilancia injustificada, pérdida de privacidad y una mayor brecha digital y social. También alerta del riesgo de comercialización de la educación si las plataformas privadas controlan los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Para garantizar una implementación de la IA que respete los derechos del profesorado, la calidad educativa y la equidad, UGT, exige lo siguiente:
1.- Una regulación europea y nacional que proteja los derechos laborales y educativos, reconociendo la educación como un ámbito de alto riesgo en la aplicación de la IA.
2.- Desarrollo de directrices éticas obligatorias que incluyan principios como transparencia, responsabilidad, no discriminación, equidad, seguridad, protección de datos y respeto al valor de la educación.
3.- Participación activa del profesorado y los sindicatos en la creación, diseño, evaluación y seguimiento de herramientas de IA en la educación y que existan mecanismos democráticos y transparentes en los centros educativos para decidir qué usos de IA se permiten, y cuáles no.
4.- Protección de la autonomía profesional y rol docente para que la IA nunca sea utilizada para sustituir al profesorado ni para convertir su rol en algo meramente instrumental y que se garantice la libertad académica y la capacidad del profesorado de escoger metodologías, incluyendo decidir cuándo y cómo utilizar tecnologías de IA.
5.- Formación inicial y continua en alfabetización digital, competencias en IA, evaluación crítica de herramientas algorítmicas, ética, privacidad de datos, etc.
6.- Dotación de recursos e infraestructuras adecuados y accesibles para todos los centros educativos, asegurando igualdad de condiciones para todo el alumnado y profesorado.
7.- Garantías de derechos laborales y bienestar, estableciendo medidas para evitar la sobrecarga de trabajo derivada de la adopción de nuevas tecnologías, reducir las tareas burocráticas y reconocer el derecho a la desconexión digital y los riesgos psicosociales derivados de la automatización, con el objetivo de proteger y cuidar la salud mental de los docentes.
8.- Protección de la privacidad y de los datos personales, tanto del alumnado como del personal docente y de administración.
9.- Evaluación permanente e independiente del impacto de la IA en la enseñanza, la igualdad, los derechos humanos y las condiciones de trabajo.
10.- Defensa del carácter público y del bien común de la educación, evitando que intereses comerciales o algoritmos no transparentes determinen los procesos educativos.
En conclusión, consideramos que la inteligencia artificial tiene un enorme potencial para enriquecer la educación: puede ayudar a personalizar el aprendizaje, liberar al profesorado de tareas repetitivas, mejorar la accesibilidad y ofrecer apoyo pedagógico innovador. Pero ese potencial solo puede materializarse si se protegen los derechos fundamentales, la equidad, la calidad educativa y la dignidad profesional.
