Avanzar en la equidad, mejorar la digitalización de los centros y reforzar la Formación Profesional han sido los ejes prioritarios del gasto público en Educación. Por eso, es muy importante destacar que 2024 es el último año de recepción de las partidas estructurales con financiación procedente de Europa, y que ya han sufrido un descenso de un 34,76% en relación al año 2022.
Desde UGT entendemos que, para mantener la enseñanza en las mejores condiciones de calidad y equidad, el esfuerzo ha de ser continuado. Por ello defendemos que se establezca un suelo mínimo de inversión pública para garantizar los servicios esenciales. También, que se aseguren iguales garantías en todas las comunidades autónomas para compensar las desigualdades existentes entre los territorios, donde se fijen prioridades y límites en caso de reducción de gastos a fin de garantizar los servicios educativos esenciales, más allá de aportaciones extraordinarias como las procedentes de los fondos europeos.
Desde el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos percibimos con preocupación que, casi un mes después del inicio del nuevo curso, aún no se han cubierto por parte de algunas comunidades todas sus necesidades de profesorado en los centros. En este sentido, la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia son las autonomías que más problemas y retrasos han tenido con los nombramientos de los profesores interinos. También se advierte que se está produciendo escasez de profesorado cualificado que cubra las necesidades de contratación en varias especialidades, necesitando con urgencia nuevas convocatorias extraordinarias para cubrir estos puestos. UGT viene defendiendo la necesidad de dotar de incentivos y valoración a la profesión docente que la hagan atractiva dentro del cada vez más diversificado mercado laboral.
La LOMLOE sitúa la equidad como uno de los ejes vertebradores del sistema educativo, por lo que las incidencias que se han producido en algunas comunidades con los beneficiarios y las partidas destinadas a las ayudas de libros y comedores escolares nos parecen muy preocupantes. UGT viene defendiendo que entre las políticas de compensación de desigualdades en educación se encuentra la política de becas y ayudas como medio para garantizar la igualdad de los ciudadanos en el derecho a la educación. Además, la subida de los precios a causa de la inflación, especialmente en el caso de los bienes primarios, exige evitar que haya alumnos que corran el riesgo de carecer de una alimentación adecuada.
También con ese propósito, y entre otras medidas indispensables, hay que subrayar la necesidad de que las Administraciones educativas presten una atención especial a la escuela rural, proporcionándole los medios y sistemas organizativos necesarios para atender a sus necesidades, y favoreciendo la permanencia en el sistema educativo de los jóvenes de las zonas rurales e insulares más allá de la educación básica.
Reforzar la escuela rural supone apostar también por reducir la brecha digital y avanzar en la digitalización, otro de los ejes fundamentales para el Ministerio de Educación y Formación Profesional. La nueva ley fija igualmente el enfoque en la innovación y la experimentación educativas como medio para lograr la mejora continua y la personalización en el aprendizaje. En este sentido, es clave el nuevo enfoque metodológico centrado en las situaciones de aprendizaje y la adquisición de las competencias clave.
La implantación plena de la LOMLOE, a la que hay que sumar la aplicación de la Ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), así como el Programa de bienestar emocional en el ámbito educativo, que incluye el impulso a la formación del profesorado y la importancia de la salud mental, supone un aumento en la responsabilidad y la carga laboral que venía realizando el profesorado. No hace falta recordar que la carga de trabajo de un docente no se compone únicamente de las horas dedicadas a impartir clase. Además, hay que contar con el tiempo dedicado a la preparación, evaluación, coordinación, formación, etc.
Desde UGT consideramos que es necesario diseñar nuevas estrategias que permitan que los recursos humanos de que disponen los centros se adapten a las circunstancias del alumnado y a las nuevas exigencias que demanda la educación actual. Esto ha de pasar por la reducción de horas lectivas y ratios, la incorporación de otros profesionales, la renovación curricular…, lo que permitirá nuevas didácticas, nuevas dinámicas y nuevas agrupaciones.
Por ello, venimos reclamando la reducción de la carga lectiva del profesorado a 18 horas para el profesorado de Infantil y Primaria y 15 horas en Secundaria y Bachillerato. Esto supondría contar con más tiempo para la preparación, evaluación, coordinación, formación e innovación, a la vez que se lograría evitar el desgaste del colectivo debido al excesivo número de horas de docencia directa y la cada vez mayor carga burocrática que llevan implícitas las nuevas exigencias y responsabilidades de la labor docente.
Todo ello redundará en beneficio de la calidad de la enseñanza, de la atención que recibe el alumnado, así como de la salud laboral de nuestros docentes y de la mejora cualitativa y cuantitativa del empleo. Aspectos que han cobrado mayor relevancia por el impacto de la pandemia en nuestras aulas y que han supuesto una redefinición de nuestro modelo educativo.
UGT es consciente de la situación por la que atraviesa nuestro país y de la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos públicos. Pero la inversión en educación debe quedar fuera de contextos de restricción presupuestaria, para así situarnos en el ámbito internacional educativo que nos corresponde. Por todo ello, nuestras propuestas de cara al curso escolar que se inicia se centran en reforzar los ejes considerados prioritarios en la elaboración de los presupuestos del Ministerio de Educación y Formación Profesional y que también están presentes en la LOMLOE: la equidad, la digitalización y la Formación Profesional.
