Existen deficiencias en materia de prevención ante el COVID 19 en varios departamentos y falta de información actualizada
El sindicato pide que se cumplan en toda AGE las medidas dictadas por la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública
La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha reclamado a Función Pública que extremen las medidas de pre- vención contra el COVID-19 en la Administración General del Estado (AGE). El sindicato exige que se cumplan de manera homogénea en todos los de- partamentos las resoluciones de la Secretaría de Estado de Política Terri- torial y Función Pública, algo que no ocurre actualmente.
UGT planteará estas demandas y presentará sus propuestas en la reunión virtual de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales ante el COVID-19 que se celebrará hoy a las 11.00 horas. El sindicato ha detectado irregularidades en la aplicación de las resoluciones que dictó Función Públi- ca y deficiencias en materia de prevención en distintos sectores. La falta de datos actualizados e información fluida es un problema que se repite en prácticamente todos los casos, lo que impide conocer la situación real de los empleados públicos que trabajan presencialmente. Para solventarlo, UGT ha propuesto mantener reuniones telemáticas periódicas y sistematizar la información que se recaba para el seguimiento y prevención del COVID-19 en todos los departamentos.
Además de la falta generalizada de información, UGT ha detectado otros problemas en diversos departamentos como faltas de EPIs en centros del Imserso y SEPE. En este último, también tienen problemas los empleados públicos que se encuentran teletrabajando. UGT denuncia que no se dispo- ne de los recursos necesarios (medios informáticos) adecuados para hacer frente a su trabajo habitual y adicionalmente, atender adecuadamente las demandas de los ciudadanos generadas a raíz la crisis del coronavirus.
UGT es el sindicato mayoritario en la Función Pública, junto a CCOO, al contar con cinco representantes cada uno, en la Mesa general de negociación de las Administraciones Públicas. En la mesa también participa CSIF, con tres representantes, además de CIG y ELA, con un representante cada uno.
En Instituciones Penitencias, uno de los colectivos de la Administración con más riesgo de infección, el Gobierno sigue sin aportar datos actualizados. Acaip-UGT, además de denunciar la falta de EPIs, ha planteado la imple- mentado una estrategia de detección de la enfermedad, como tomar la tem- peratura a los trabajadores que salen y entran de los turnos, instrucciones sobre el aislamiento sanitarios para que no empeore su entorno familiar y personal.
En el Ministerio de Interior, hasta el 30 de marzo, fecha de los últimos datos facilitados, seguían trabajando el 68% de su personal en sus centros de tra- bajo. UGT ha calificado de ilógica este volumen de trabajo presencial, pues se han suspendido exámenes y trámites de tráfico, la tramitación de DNI y pasaportes se ha reducido a urgencias y en el resto de departamentos no existen servicios de atención al público. Por este motivo ha reclamado datos desglosados que justifiquen esta medida.
