El Ministro de Justicia Juan Carlos Campo se reunió ayer con los sindicatos representativos en Justicia en una videoconferencia en la que expuso una hoja de ruta para paliar a corto y medio plazo, el retraso que el Coronavirus ha provocado en la Administración de Justicia.
UGT apuesta por una reincorporación gradual y progresiva a los puestos de trabajo por parte de los funcionarios, pero ésta reincorporación debe estar de acuerdo en todo momento con las normas que marca sanidad.
Para esta situación que todos padecemos y conocemos, se propuso un plan de choque y una hoja de ruta a medio plazo. Del medio plazo sólo se informó que se había trasladado a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, que se habían recogido propuestas de las mismas, y que se contemplaba para las jurisdicciones de lo Contencioso, Social y Mercantil . En este sentido se anunció un proyecto de Ley previsto para la eficiencia organizativa procesal y telemática que facilite el teletrabajo, así como un impulso a los Tribunales de Instancia. El primer borrador de este proyecto, según anunció el Secretario de Estado, estaría en mayo.
En relación con el Plan de Choque: El Plan propuesto por el Ministro aunque pretendidamente se acoge a aquella premisa de garantizar la salud y seguridad de los trabajadores, no ofrece garantías para que esto suceda así. UGT denunció que a día de hoy en muchos lugares continúa la escasez de EPIS para los servicios esenciales, y la respuesta fue que el Ministerio hace un gran esfuerzo para paliarlo, pero sin dar otra garantía ni ofrecer alguna alternativa, como autorizar, por ejemplo, que el puesto no se ocupe hasta que no se disponga de material de protección suficiente como condición para la reincorporación. El Plan consiste, en palabras del Secretario de Estado, en un instrumento puntual promovido por la urgencia y la necesidad de gestionar el momento presente que comience a paliar el parón que ha sufrido la administración de Justicia, articulado en torno a tres medidas ya decididas en el momento de su comunicación y cuya duración prevista sería durante la vigencia del Estado de Alarma y los tres meses posteriores.
Las medidas que recoge son:
1ª Declaración del mes de agosto como hábil, aunque no en su totalidad, sólo durante algunas semanas.
2ª Establecimiento de turnos de mañana y tarde, que podrán ser voluntarios u obligatorios en el caso de que no hubiera acuerdo entre los funcionarios para su cobertura voluntaria. (no se ha entrado a aclarar cómo podría ser esa adscripción obligatoria ni quién podría decidirla, tan solo se ha hecho una referencia genérica a que serían los propios trabajadores los que se tendría que organizar, lo cual es una absoluta vaguedad y una indeterminación). El Ministro ha concedido, sin mediar petición de ningún sindicato, una reducción de jornada a seis horas al establecer que los turnos serían de ocho de la mañana a dos de la tarde y de dos de la tarde a ocho de la noche.
3ª Establecimiento de la movilidad del personal en función de las necesidades del servicio, respetando el orden jurisdiccional y la localidad de destino del funcionario afectado. Medida rechazada de plano por UGT en el mismo momento de su comunicación, toda vez que no garantiza que la misma se útil para paliar el retraso y porque no se aclara qué tipo de necesidades la puedan motivar ni concreta en qué casos se puede establecer, ni se ofrecieron datos de cuántos órganos se verían afectados.
Estas medidas se aplicarán tanto en ámbito Ministerio como en las Comunidades con competencias transferidas, y la pretensión manifestada por el Ministro y el Secretario de Estado es capear a corto plazo la situación de emergencia y regular el retorno a una situación menos conflictiva. Han manifestado que esta propuesta va unida a la aprobación de un plan de seguridad laboral, según las indicaciones de las autoridades sanitarias. Sin embargo su puesta en marcha es inminente pese, a como se le alegó por UGT, no ha y ninguna indicación de sanidad que nos haga pensar que estamos en un escenario distinto al de las semanas previas. Ante esta situación, con unas medidas que se pretenden aplicar sin garantizar la existencia de material de protección para el personal que se incorpore, con una aplicación inminente que no da oportunidad para presentar otras alternativas y sin haberse no ya negociado, sino simplemente discutido, UGT comunicó al Ministerio al término de la reunión, su no aceptación en esas condiciones.
UGT se ha mantenido en el criterio de que toda medida que afecte a las condiciones laborales y de salud de los trabajadores se tienen que negociar sobre la base de un documento, no sobre la profesión de fe en una palabra dada.
UGT ha dejado claro que en la situación actual, tambien hay una responsabilidad consecuencia del olvido secular del que ha sido víctima la Administración y el Ministerio de Justicia a la hora de realizar los Presupuestos Generales del Estado. Ha denunciado el fracaso de los proyectos de papel cero y expediente digital, que tan útiles hubieran sido en una situación como la actual, posibilitado incluso el teletrabajo y evitando la confluencia de personal en las sedes y oficinas judiciales. En relación con el teletrabajo la Responsable de Justicia de UGT manifestó en su intervención que hay que modular la capacidad que se tiene con las propuestas que se pretenden.
En cuanto a las manifestaciones realizadas en torno a la prevención de riesgos laborales, y el esquema de seguridad laboral, UGT recuerda que en Justicia jamás se ha cumplido con la prevención de riesgos laborales, y que o tiene sentido ampliar el número de funcionarios que tienen que acudir a trabajar sin que se asegure que se dispondrán de EPIS suficientes.
Opinar o aceptar las propuestas realizadas sobre la cobertura de los puestos de trabajo por turnos de mañana y tarde sin que haya un borrador previo de la propuesta no es posible para UGT. Y la movilidad del funcionario del órgano en el que está destinado en los términos manifestados es rechazada de plano por este sindicato, primero porque no se plantea ningún tipo de compensación y segundo porque ni siquiera se concretan qué supuestos pueden motivarla.
UGT valora la responsabilidad de los funcionarios de Justicia, y defiende una reintegración ordenada en sus puestos de trabajo siempre con garantías suficientes para su seguridad.
