El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y la secretaria de Salud Laboral, Ana García de la Torre, presentan el informe del sindicato: “Salud mental y trabajo”, en la necesidad de atajar una problemática que se está convirtiendo en una lacra social en nuestro país
Un informe que, como ha señalado Ana García, muestra datos muy reveladores. “Se pierden 12.000 millones de días de trabajo a nivel mundial debido a la depresión y la ansiedad, lo que cuesta a la economía casi un billón de dólares. En la Unión Europea, los costes de la mala salud mental se estimaron en más del 4% del PIB».
“Es fundamental poner límites a los problemas de salud mental en el trabajo”, ha considerado. “Falta prevención en las empresas y sobra mucha precariedad laboral. La precariedad laboral enferma y mata. Según el Ministerio de Sanidad, el coste de la depresión en nuestro país supera los 6.000 millones de euros, y las pérdidas de productividad por bajas laborales y prematuras representan el 67% de esos 6.000 millones de euros. Esta enfermedad será el principal problema de salud en 2050 y en España cada día se suicidan 11 personas, siendo la primera causa de muerte no natural en nuestro país y la primera causa de muerte en la población entre 15 y 29 años”.
Además, ha recordado que la llegada de la pandemia COVID ha provocado “un aumento del 25% de la ansiedad y la depresión general en todo el mundo”, y hay colectivos muy vulnerables a esta problemática, “como las mujeres, los migrantes o las personas mayores. De los 363 casos notificados sobre patologías no traumáticas clasificadas como trastornos mentales y del comportamiento entre 2017 y 2020, el 58% correspondieron a mujeres y el 42% a hombres”.
Solucionar el problema, no penalizar al afectado/a
“Son datos extremadamente graves”, ha señalado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “En 2023 llevamos, hasta 1 de octubre, 451.646 bajas laborales por salud mental; el mes de mayo del 2023 fue el mes record en la historia con 56.600 incapacidades laborales temporales por salud mental (superando los meses de confinamiento del 2020 que eran 51.000 bajas); los días de baja por trastornos mentales son ya el 15% del total (17% en las mujeres, 12,4% en los hombres) y las bajas por trastornos de salud mental tienen una duración media de 108 días, solo superado por los tumores y los problemas circulatorios”.
“Nuestro país tiene un problema muy serio con la salud mental en el trabajo que hay que atajar de manera inmediata. Debemos debatir sobre la salud mental desde la perspectiva de solucionar el problema, no desde la necesidad de penalizar a las personas que están sufriendo estas enfermedades”.
En este sentido, ha reclamado la necesidad de “situar en el centro del debate los temas de salud mental derivados del trabajo. El estrés, el mobbing, el síndrome del trabajador quemado, la discriminación de las mujeres en el trabajo…son una parte importante de las causas de esta cuestión. Pero también los salarios bajos, las horas extraordinarias, la dificultad para conciliar la vida personal y profesional, el paro de larga duración y las malas condiciones de trabajo”.
“No se valoran las consecuencias de la digitalización en la salud mental de las personas. Los call centers, por ejemplo, trabajan 7 horas de jornada completa en lugar de 8, por todo el estrés que padecen. Las plataformas digitales es otro hervidero de problemas de salud mental. En los sectores de la salud, la educación, el financiero o el de la administración local también debemos mostrar especial atención en relación a esta problemática”, ha considerado.
Además, ha manifestado que “no se le da la importancia que requiere desde las mutuas, ni desde el tratamiento ni desde la prevención”.
Propuestas de UGT
Por todo ello, Pepe Álvarez ha señalado la necesidad de abordar una serie de medidas de manera inmediata, centradas en “elaborar, con la participación de los interlocutores sociales, una Directiva especifica de seguridad y salud en el trabajo comunitaria dirigida a regular la gestión de los riesgos psicosociales en las empresas; actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a las nuevas realidades del trabajo, introduciendo las evaluaciones y las medidas preventivas relacionadas con la salud mental y los riesgos específicos de la digitalización en la empresa; impulsar una normativa diferenciada sobre la gestión de los riesgos psicosociales de origen laboral; y dotar de perspectiva de género a la prevención de riesgos laborales”.
Además, ha reclamado “negociación, en el seno de las empresas, de protocolos contra el estrés laboral, la violencia en el trabajo y el acoso laboral; garantizar la reparación del daño a la salud mental, así como evitar que vuelva a suceder, actuando desde una perspectiva preventiva; actualizar el listado de enfermedades profesionales español, para que sean incluidas las patologías derivadas de la salud mental y las enfermedades mentales vinculadas al trabajo; formar y dotar de herramientas a las personas trabajadoras para que puedan identificar y saber actuar ante las distintas situaciones que pueden afectar a su salud mental y que tienen lugar en el entorno laboral; y articular un Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral de forma urgente, a través de la apertura de una Mesa de Dialogo Social, que contemple la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora”.
Para Pepe Álvarez, es igualmente importante la “creación de una figura a nivel estatal, similar a la del Delegado/a Territorial de Prevención de Riesgos Laborales, existente en algunas comunidades autónomas; incrementar las inversiones en salud mental, tanto las empresas como las administraciones; promover la gestión preventiva en el seno de la empresa, evitando la externalización masiva; abordar la falta de calidad de la gestión preventiva de los servicios de prevención ajenos, a través de una revisión y modificación de la Orden TIN/2504/2010 de 20 de septiembre; promover la aprobación de una nueva normativa de Mutuas que vele, realmente, por los intereses de la salud de todos los trabajadores y trabajadoras y la erradicación de las malas prácticas realizadas por algunas mutuas en la gestión de las contingencias profesionales; y reforzar los medios humanos y materiales de la Inspección de Trabajo, con el fin de que vigile el cumplimiento de la Ley, cumpliendo con la recomendación de la OIT de disponer de un Inspector/a por cada 10.000 personas trabajadoras”.
