La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha reclamado que el uso de test de COVID-19 se realice atendiendo a criterios estrictamente sanitarios y de salud colectiva. UGT ha fijado como regla a seguir realizar el test de COVID-19 a todas las personas que trabajen a menos dos metros de personas contagiadas; a los grupos de población más vulnerable, que podrían tener mayores complicaciones en el caso de contagio ,y a los trabajadores y trabajadoras de los sectores designados como servicios esenciales. En caso de no priorizar el uso entre estos colectivos frente a otros, no se alcanzarán los objetivos fundamentales de España frente al coronavirus: frenar la pandemia y proteger adecuadamente a los trabajadores y trabajadoras que están luchando contra la enfermedad en primera fila.
UGT está reclamando constantemente a las distintas administraciones que aumenten el número de tests realizados y que subsane la escasez de equipos de protección individual para las personas que trabajan en todos ámbitos sanitarios y sociosanitarios: hospitales, centros de salud, transporte sanitario, centros de mayores, atención a domicilio etc. La falta de equipos suficientes está obligando a que se reutilicen en exceso mascarillas y otros elementos de protección lo que disminuye su eficacia.
En este sentido, Gracia Álvarez, secretaria de Salud, Servicios Sociosanitario y Dependencia de UGT señala que los EPIs “están siendo reutilizados, que la eficacia de algunas mascarillas está siendo cuestionada y que los test deben realizarse a todas las personas que trabajan a menos de dos metros de personas con COVID-19. Este es el criterio prioritario para realzar las pruebas en la lucha contra esta pandemia”. La responsable acaba pidiendo fiabilidad en todos los equipos que se utilicen.
El sindicato insiste en que no tomar estas medidas conlleva un riesgo para los trabajadores y su entorno, además de un aumento en la transmisión de la enfermedad a toda la población. Desde los ámbitos científicos, sanitarios y del propio Gobierno se ha insistido en que todas las personas que trabajan en estos en estos sectores son susceptibles de diseminar la enfermedad al estar en contacto con personas que la padecen y después mezclarse con otras que no la sufre.
