Desde la máxima preocupación por lo que está aconteciendo, UGT Justicia le recuerda a ese órgano de Gobierno que existe una prelación en los derechos fundamentales que ha venido siendo establecida tanto por los tribunales nacionales como internacionales, y que existe una unanimidad en que el primero de todos es el derecho a la vida.
La situación que vivimos requiere tener la lucidez necesaria para entender que la vida de las personas, ocupen el puesto que ocupen en nuestra sociedad, está por encima de cualquier consideración de índole judicial o administrativa, así como de los demás derechos fundamentales.
En este sentido, la suspensión de los plazos y de la práctica totalidad de las actuaciones es una medida que requiere el personal mínimo para atender a los servicios esenciales. Por eso, ni entendemos ni compartimos la actitud que está manteniendo esa institución en relación con la innecesaria presencia de funcionarios en los órganos judiciales y fiscales en los servicios procesales y administrativos.
Siendo la vida el primer derecho fundamental de las personas en un contexto de crisis y urgencia sanitaria como el que vivimos no se pueden exigir más medios humanos que los imprescindibles en las sedes judiciales. Para UGT Justicia estos medios son única y exclusivamente los de los servicios de guardia y del registro civil para diligencias urgentes e inaplazables o que afecten a los derechos fundamentales de las personas.
Se sabe sobradamente que cuantas menos personas salgan de sus casas en las próximas semanas, más posibilidades habrá de detener el COVID 19 con prontitud, evitando así muchas muertes; no ignoren esta premisa y den a los funcionarios de justicia la misma posibilidad de protección y garantías de salud que la que procuran para los jueces y magistrados.
