Ante el inicio de un nuevo curso escolar, y conociéndose la evolución de la pandemia, desde la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, de la que UGT forma parte, hacemos constar nuestra honda preocupación por la relajación de las medidas para garantizar la seguridad y la salud del profesorado, del alumnado y de sus familias, e instamos al Ministerio y a las administraciones públicas a dar marcha atrás a los recortes en la salud de las personas que participamos en la educación.
A las organizaciones integrantes de esta plataforma nos sorprende de manera muy negativa que, tanto en la conferencia sectorial como en el resto de los foros donde se debaten las medidas de salud y seguridad del entorno educativo, no se cuente con los y las representantes de las familias, del alumnado y del profesorado.
La comunidad educativa, como ya lo hizo en el curso pasado, sigue exigiendo la presencialidad segura del alumnado en todas las etapas educativas, y, por ello, no entendemos que las administraciones educativas reviertan, en la mayoría de los casos, los cupos extra que se contrataron el curso pasado en vez de ampliarlos para garantizar esta exigible presencialidad segura. Tampoco se entiende que la distancia de seguridad del alumnado, como medida que se ha demostrado útil para prevenir los contagios, se vea, en muchos casos, reducida.
Es sabido que, como el resto de la sociedad, el alumnado, sus familias y también el profesorado estamos sufriendo situaciones límite durante la pandemia con el objetivo de avanzar en el proceso educativo con profesionalidad y diligencia. La COVID-19 ha puesto en evidencia realidades en la comunidad educativa tales como alumnado que requiere de refuerzos y apoyos académicos, psicosociales y emocionales; profesorado extenuado y familias agotadas. De ahí que no se entienda, ni podemos aceptar, que se recorte en el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Máxime cuando tanto la comunidad educativa como la sociedad han confirmado con claridad que los beneficios de aumentar significativamente el personal en los centros educativos van mucho más allá del aspecto sanitario, y que revierte en la calidad educativa, la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, el adecuado manejo de la convivencia en los centros educativos, una mejor atención a las familias del alumnado, el incremento en los indicadores de la atención a la diversidad y un largo etcétera.
Por todo ello, desde la Plataforma Estatal por la Escuela Pública exigimos el mantenimiento en los centros educativos de los cupos docentes y del resto de personal contratado en el curso pasado, así como su incremento para extender labajada de ratios por debajo de 20 estudiantes por aula, al menos, y la presencialidad en todas las etapas educativas no universitarias, y la continuidad del requisito de 1,5 metros de distancia de seguridad, contando con tal fin con los correspondientes fondos europeos.
Rechazamos de manera contundente que se rebajen los requisitos que permitían garantizar la seguridad, la salud y los refuerzos educativos y recordamos que los fondos que se asignan a las comunidades autónomas por parte del Gobierno deberían ir obligatoriamente asociados a mantener y mejorar las medidas del curso pasado.
Las organizaciones que formamos parte de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública promoveremos actuaciones y movilizaciones conjuntas de la comunidad educativa tanto a nivel estatal como autonómico.
Instamos al Ministerio y al resto de las administraciones educativas a poner en marcha los procedimientos necesarios para que los beneficios descritos no sean coyunturales, elevando a permanente y estable la reducción de la ratio, y estableciendo otras medidas que mejoren la calidad educativa, teniendo en este proceso como interlocutor prioritario a los y las representantes de la comunidad educativa.
Finalmente, exigimos la convocatoria urgente de los y las representantes de la escuela pública para dar carta de realidad a una educación presencial y segura para todos y todas las integrantes de la comunidad educativa.
