El día de ayer UGT y el resto de los sindicatos representativos en justicia mantuvimos una reunión informativa con el Ministerio en relación con los fondos provenientes de la Unión Europea y con la Ley de Eficiencia organizativas de la Administración de Justicia.
Lo más relevante de la jornada de ayer fue lo relativo a la Ley de Eficiencia Organizativa de la Administración de Justicia, donde el Ministerio descubrió sus cartas sobre el impacto que esta Ley tendrá para el personal de Justicia y sobre la nueva organización funcional de las oficinas judiciales, con la aparición del Tribunal de Instancia y las Oficinas de Justicia Municipal, así como la implementación definitiva en todo el territorio de la Nueva Oficina Judicial, que incluye la transformación de las UPADs en Unidades Procesales de Tramitación y Servicios Comunes.
El Ministerio, sin prever ni contar con la preceptiva negociación colectiva de las condiciones laborales del personal, ha diseñado un cronograma para implementar los Tribunales de Instancia y las nuevas oficinas en tres fases que tendrá que concluir en julio de 2023, en todo caso, para poder aprovechar los fondos de la UE.
Desde UGT exigimos negociar ya, el texto normativo de la Ley de Eficiencia Organizativa y denunciamos que de ninguna manera se van a aceptar, ni prisas ni hechos consumados, toda vez que en el mismo texto hay varios preceptos que afectan fundamental y negativamente a las condiciones de trabajo y a la definición de los centros de destino actuales.
La norma según su redacción actual no garantiza a los funcionarios y funcionarias la elección de los centros de destinos tal y como los conocemos, ya que sólo recoge como tales las localidades, en general, sin especificar sectores o áreas (que serían los actuales juzgados por órdenes jurisdiccionales o las UPADs o servicios comunes de las oficinas judiciales), ni garantiza tampoco que se puedan seguir percibiendo las actuales retribuciones según el destino, al introducir el concepto de “única área” que conllevará “cierta movilidad” involuntaria.
Con respecto a la transformación de los Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia en los Municipios, se introduce para casi todos los casos el puesto deslocalizado, es decir que desde un puesto se atiende carga laboral de la oficina municipal y de algunos servicios comunes del Tribunal de Instancia del partido judicial donde radique la oficina, como puedan ser por ejemplo funciones de registro y reparto, lo que supondrá inevitablemente una mayor carga de trabajo.
Desde UGT no compartimos ni el fondo ni la forma de esta reestructuración, que recae sobre los hombros de las funcionarias y funcionarios de la Administración de Justicia, toda vez que según su pretensión existirán puestos que compartan RPTS en dos servicios diferentes. Para UGT esto tal y como está recvogido, esto es una irregularidad y exigimos que se concreten y aclaren las pretensiones del Ministerio en relación con este asunto.
En relación con los fondos provenientes de la Unión Europea, la pretensión del Ministerio es aplicarlos a la puesta en marcha de los proyectos que configuran su plan de Justicia 2030, distribuyéndolos entre las Comunidades Autónomas transferidas para implantar 13 subproyectos de las Justicia 2030, para financiar la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia, las oficinas de justicia municipal y las Nuevas Oficinas Judiciales. Y con respecto a la Eficiencia Digital, proveer de equipos informáticos y herramientas tecnológicas a todos los territorios para la realización telemática del mayor número de juicios y otros actos judiciales.
UGT alegó inmediatamente en la misma reunión su rechazo a las pretensiones del Ministerio tal y como se recogen en el anteproyecto, no aceptando las explicaciones verbales y las pretendidas bondades del mismo. Por eso exigimos:
1º.- La inmediata constitución de la mesa sectorial de negociación con los sindicatos para discutir y modificar aquellos artículos que son lesivos a los derechos de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia.
2º.- Instamos al equipo Ministerial que presente un calendario realista que incluya todos los aspectos relativos a definición de RPTs, acoplamientos, y demás proyectos legislativos.
3º.- Exigimos una nueva negociación de las funciones de cada cuerpo que se verán afectadas por el Proyecto Justicia 2030 y para su adaptación a las RPTs que se tienen que negociar.
4º.- UGT reclama que este anteproyecto no puede soslayar que su aplicación tiene que venir de mano de la instauración de la carrera profesional sin olvidar la necesaria especialización del personal de Justicia que el Ministerio quiere atomizar.
5º.- En relación con las nuevas necesidades de personal que conllevará la creación de las nuevas oficinas de Justicia Municipal, por parte de UGT hemos exigido al Ministerio que se convoque inmediatamente el proceso Extraordinario de promoción interna del Acuerdo de 2018, incluyendo esas plazas para el Cuerpo de Gestión Procesal.
6º.- También hemos reclamado que se recoja nuevamente en el artículo 521 de la LOPJ como centros de destino la MUGEJU y el Registro Civil, que han hecho desaparecer graciosamente; así como la inclusión de la Oficina Fiscal Europea, la Oficina de Justicia Municipal y la Unidad Covid del Ministerio de Justicia.
