Un año después de la aprobación de las Leyes 4/2024 y 5/2024, los Bomberos Forestales y Agentes Medioambientales siguen sin ver garantizados sus derechos básicos. UGT Servicios Públicos reclama a las Comunidades Autónomas la aplicación efectiva de la normativa y ha enviado cartas oficiales para abrir la negociación.
UGT Servicios Públicos ha denunciado hoy, en rueda de prensa, el incumplimiento generalizado de las Comunidades Autónomas respecto a las Leyes 4/2024 y 5/2024, que establecen las condiciones básicas de trabajo para los Bomberos Forestales y los Agentes Medioambientales. Ambas normas llevan un año en vigor, pero no han sido desarrolladas ni aplicadas pese a su carácter básico y a la obligación expresa de adaptación de la normativa autonómica.
La Secretaria de Administración Autonómica y Local de UGT Servicios Públicos, Victoria Corbacho Arana, afirmó que “el plazo legal ha vencido y las comunidades autónomas siguen sin adaptar su normativa a lo dispuesto en las leyes básicas”. Corbacho explicó que las leyes establecen obligaciones claras en materia de promoción profesional, clasificación, funciones, prevención de riesgos laborales, igualdad de género y formación. “No estamos hablando de recomendaciones, sino de obligaciones legales que garantizan condiciones profesionales mínimas en todo el país”, subrayó. ¿Cuántos muertos más hacen falta para que se cumplan las leyes? No vamos a permitir que las leyes se queden en un cajón mientras el país arde.
UGT ha remitido cartas formales a todas las Comunidades Autónomas para exigir la aplicación efectiva de la normativa, tal y como prevén ambas leyes. En las comunicaciones, el sindicato recuerda que el desarrollo debía realizarse en un plazo de un año desde su entrada en vigor y que las administraciones tienen la obligación de adaptar su normativa específica a lo dispuesto en la legislación básica.
Por su parte, el responsable federal del Sindicato de Bomberos Forestales de UGT Servicios Públicos, Javier García Rodríguez, señaló que “la falta de desarrollo normativo mantiene a los Bomberos Forestales en una situación de desigualdad territorial: mismas funciones, mismos riesgos y derechos distintos según la comunidad autónoma”. En su intervención, García explicó que esta desigualdad “no solo afecta a los trabajadores, sino también a la eficacia del servicio público y a la capacidad de respuesta frente a incendios forestales cada vez más complejos”. «Hay una gran inactividad por parte de las Adminsitraciones. Solo Andalucía, Baleares, Galicia, Navarra, La Rioja, Cantabria y La Comunidada Valenciana tienen avanzada la ley».
En la misma línea, el responsable del Sindicato Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de UGT Servicios Públicos, Juan José Ariza, subrayó que “un año después, se ha incumplido el mandato legal de adaptar la normativa y desarrollar las previsiones sociolaborales y profesionales que la ley establece”. «Cuando hay un incendio activo todo son promesas, pero cuando se apagan el trabajo que hay que hacer cesa». Ariza advirtió que esta situación está generando “inseguridad jurídica, bloqueo profesional y una brecha entre comunidades que la ley pretendía corregir”. Exigimos un plan de choque inmediato, apostilló.
Durante su intervención, Victoria Corbacho advirtió que UGT activará acciones sindicales y jurídicas si persiste la inactividad administrativa: “No aceptaremos más demoras. Las leyes básicas están para cumplirse y el colectivo merece un reconocimiento real, no solo formal. Si no se avanza, actuaremos por todas las vías posibles”.
UGT defiende la importancia de garantizar una aplicación homogénea de las dos leyes en todo el territorio estatal, con el objetivo de evitar diferencias entre comunidades y asegurar un marco común de derechos. “La ley nació precisamente para corregir una desigualdad histórica y establecer unas condiciones mínimas para quienes protegen nuestros bosques y nuestro patrimonio natural”, recordó Corbacho.
UGT ha solicitado la convocatoria urgente de mesas de negociación en cada comunidad autónoma para concretar el desarrollo normativo y la adaptación de la normativa específica en materia sociolaboral y profesional. El sindicato publicará un balance territorial una vez se reciban respuestas oficiales de las administraciones.
