El pasado 12 de marzo se celebró una nueva reunión del Grupo Técnico de Igualdad del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Durante el encuentro, la Administración detalló las medidas que ya se han adoptado en cumplimiento del IV Plan de Igualdad de la Administración General del Estado, incidiendo en acciones de sensibilización, formación y prevención.
Entre las medidas aplicadas destacan la celebración de reuniones cuatrimestrales de las Comisiones de Igualdad, la impartición de un curso básico de 20 horas desde 2025 y la inclusión de la perspectiva de género en los cursos de Prevención de Riesgos Laborales (PRL).
Desde UGT valoramos positivamente que la formación en materia de igualdad (de 15 horas o más) sea por fin baremada en todos los puestos convocados en los concursos. Es un paso que reconoce el esfuerzo de la plantilla y profesionaliza el servicio público con perspectiva de género.
No obstante, en el seguimiento de las herramientas de protección, la Administración informó de que, si bien el Ministerio cuenta con dos personas formadas para la Asesoría Confidencial y el ICAC con una, el Instituto Nacional de Estadística (INE) todavía no dispone de ninguna persona habilitada para esta función.
Ante esto, UGT considera necesario y urgente que el INE solvente este vacío de inmediato. Ya que se trata de una figura clave para la orientación y el apoyo frente a posibles situaciones de acoso.
Por otro lado, los organismos informaron de que no se ha registrado ninguna activación del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo desde la última reunión.
Ante este dato, UGT continuará trabajando para garantizar que esta ausencia de denuncias responda a una erradicación real de estas conductas y no a un déficit de información o confianza en los mecanismos de denuncia. Por ello, exigimos que las campañas de difusión del Protocolo y del Pacto de Estado lleguen de manera efectiva a todos los centros de trabajo.
Seguiremos vigilando de cerca la ejecución íntegra del IV Plan de Igualdad, exigiendo que las medidas sobre el papel se traduzcan en garantías reales para todas las empleadas y empleados públicos.
